Las cooperativas mineras de cuatro departamentos del país adeudan desde 1997 a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) $us 12,12 millones por concepto de la compra de equipos y maquinaria a plazos, y por el arrendamiento de éstos.
Datos oficiales a los que accedió La Razón, referidos a los estados de cuenta de las cooperativas mineras al 31 de diciembre de 2011, dan cuenta del monto de esas obligaciones que corresponde a 121 organizaciones de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba.
El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Albino García, reconoció que sus afiliados tienen esa deuda, la cual se arrastra desde el periodo de la capitalización (1997). “Son deudas que lamentablemente se han heredado por las campañas electorales que realizaron los gobiernos neoliberales sin hacernos conocer cuáles serían las consecuencias”.
Dádivas. En esa línea, precisó que la deuda por concepto de compra de maquinaria y equipos surgió cuando los partidos políticos llegaban a los centros mineros con las herramientas de trabajo como si fuesen regalos que salían de los recursos de los candidatos que postulaban a un cargo.
Meses después de las campañas electorales, las cuentas recaían en los cooperativistas, porque llegaban notificaciones de la Comibol mencionando: “Este equipo de maquinaria cuesta tanto y tanto”, dijo García. Entre los equipos entregados había volquetas, carros metaleros, máquinas perforadoras y otros que eran distribuidos entre las cooperativas donde se hacía campaña electoral.
En el caso de las cuentas a pagar por el arrendamiento de la maquinaria, recordó que “los equipos eran ofrecidos como préstamo”, también durante campañas electorales. Las cuentas por arrendamiento surgieron a su vez cuando la Comibol entregó áreas de trabajo a los cooperativistas, en cuyos yacimientos la empresa estatal también dejó compresoras, líneas caudiles para los carros metaleros, además de instalaciones eléctricas y cañerías, añadió. “Como la cooperativa empezó a trabajar e hizo uso de esos instrumentos, inmediatamente eso pasó a ser como deuda, pero en condiciones de alquiler”, señaló el dirigente.
Explicó que muchos de los insumos de trabajo que dejó la Comibol en los yacimientos se destrozaron por el deterioro que sufrieron en las minas. Algunos de éstos se han corroído y se convirtieron en fierro chatarra. “Hay una deuda por el hecho de que hemos empezado a utilizar el yacimiento que ya era de nuestra responsabilidad”, argumentó García. El 19 de marzo de 1997, durante la primera gestión de gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se emitió la Ley 1786 que autorizó a la Comibol la enajenación (disolución de patrimonio) de sus activos.
Ley permitió enajenación de equipos
La Ley 1786 autorizó a la Comibol la enajenación de maquinaria, equipo, herramientas, repuestos, accesorios, insumos y otros bienes, existentes en los almacenes o fuera de ellos, y demás dependencias, así como de los otorgados en contratos de arrendamiento, que no sean necesarios para sus operaciones.
Destino de los bienes enajenados
Los bienes de la Comibol debían ir en favor de cooperativas mineras, mineros chicos, artesanos, e incluso agricultores, pequeños industriales y arrendatarios. Dicha enajenación se efectuó a precios de mercado, mediante arrendamiento financiero o venta directa, al contado o plazo de acuerdo a la Ley 1786.
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