La información minera que se conoce a través de medios periodísticos y agencias especializadas refleja los avances que se producen en materia de inversiones millonarias en los tres países que tienen fronteras con el nuestro, el caso de Chile, Perú y la Argentina. En el caso de este último con claras muestras de incentivo directo a un nuevo rubro como la explotación de recursos naturales no renovables, diversificando su economía del sistema tradicional de la ganadería.
La competencia minera es sumamente dinámica y en los casos señalados se han adecuado normas legales para activar grandes proyectos con participación de inversionistas extranjeros, especialistas en los diferentes rubros de la actividad minera, lo que ha permitido inusitado movimiento económico con beneficios directos a la economía de los vecinos, generando un alto índice de empleo directo e indirecto, recuperación de utilidades legales, incentivos de beneficio colectivo, en un marco de seguridades en torno al cuidado del medio ambiente.
En los países mineros se ha confrontado problemas medioambientales y como en el Perú con algunas situaciones conflictivas pero que han sido controladas en base a diálogo y aplicación de normas que garantizan los reclamos comunitarios, sin que empero tales movimientos liquiden los emprendimientos mineros, que con absoluta claridad generan más opciones de desarrollo que las tradicionales actividades agro ganaderas.
No se puede ignorar las condiciones en que operan grandes inversionistas en países mineros, naturalmente bajo condiciones y regulaciones muy claras de respeto a las leyes internas en cada caso, pero al mismo tiempo bajo garantías y seguridades que permiten un armonioso, respetuoso y equitativo proceso en el marco de leyes vigentes, con ciertas restricciones o limitaciones, pero al mismo tiempo con incentivos que facilitan acuerdos para realizar millonarios prospectos mineros.
Nuestra realidad
De acuerdo al criterio de expertos en minería, pese a que la Ley Minera ya fue promulgada, todavía no es el instrumento idóneo para encarar la reactivación minera de manera pragmática.
La debilidad de la normativa es que carece de reglamentación, por lo mismo persisten las dudas sobre varios aspectos que tienen que ver con seguridades para
invertir.
Otro aspecto que va por la misma línea es la falta de un cuadro de orden tributario que determine las obligaciones impositivas que deberán cumplir los actores de la minería en Bolivia, desde el sistema estatal, el caso de la minería privada, grande, mediana y chica y el caso de las cooperativas, estás que ya mostraron su posición al rechazar el todavía vigente sistema de impuesto y proponer uno sólo para ese sector, situación que por supuesto se considera ilegal, irreal, injusto e inequitativo.
Tratándose de impuestos los analistas económicos consideran que el sistema debe aplicarse de manera "universal", es decir que sea obligatorio para todos los bolivianos y en todos los sectores de actividad productiva, con mayor razón si se trata de explotación de los recursos naturales del país. Aún en este caso, se estima que la única diferencia de orden legal, pueda tener efecto entre los inversionistas nacionales y los extranjeros, pero de ningún modo entre los sectores nacionales que hacen minería y que por lo mismo no pueden eximirse del pago tributario establecido de manera general.
El otro riesgo tiene que ver con los constantes anuncios de las más altas autoridades gubernamentales que mencionan "nacionalizaciones" o cuando se invita a invertir en Bolivia, pero no en las líneas "estratégicas", justamente hidrocarburos y minerales. Prevalecen las condiciones de inequidad con sectores de producción minera, como la privada y la propia minería estatal que deben cumplir muchos requisitos, que no se aplica al sector cooperativo.
La otra posición que también genera dudas es la manifestada por el segundo Mandatario cuando señaló enfáticamente a tiempo de promulgar la Ley Minera que "el Estado va a seleccionar las mejores áreas mineras de Bolivia y ahí le vamos a meter millones de dólares para producir mineral, para generar ganancias y regalías", todo parece muy bien, pero la conminatoria inmediata a los empresarios privados que quieran trabajar en el país señala "pagar buenos y elevados impuestos" que sólo así el Estado garantizará su inversión, advirtiendo finalmente que "no se permitirá a los privados hacer política en el país". Sin embargo está claro que el Estado como tal, hace política de manera directa con el movimiento de la minería nacional, no otra cosa significa los acuerdos partidarios con cooperativistas y algunos sindicatos de asalariados.
Bajo estas condiciones vigentes actualmente, los directos interesados en la actividad minera nacional, estiman que deben definirse estrategias para encaminar la reactivación minera y la manera que puede resultar positiva es completando la Ley Minera, garantizando inversiones, lo que además permitirá obtener tecnología de punta que es otra de las grandes necesidades de la minería boliviana que no puede quedar rezaga frente a la vigorosa competencia de los vecinos.
Chile y la Argentina están avanzando sin pausa en la industrialización del litio, el Perú se considera entre los principales productores de oro y plata, en estos casos prevalecen activas políticas para desarrollar la minería, con claras reglas de juego y suficientes seguridades a las necesarias inversiones para encarar proyectos de largo alcance, como sucede en la gran minería y metalurgia.
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