La situación se presenta con una serie de confusiones en materia de activar la minería boliviana propiamente atravesando por un "periodo estático", frente a las dudas que surgen con algunos anuncios provenientes del más alto nivel del Gobierno nacional.
La Ley de Minería y Metalurgia 535, a más de un mes de su promulgación aún no ha entrado, ni siquiera, en una fase de prueba para establecer condiciones favorables que movilicen tan importante sector productivo, cierto que es un tiempo relativamente corto, pero hay detalles capitales que faltan implementarse para que el instrumento normativo como tal sea considerado un factor de impulso pragmático al crecimiento del rubro minero, pero de manera general y no sólo parcial como parece que está ocurriendo.
Entre esos detalles que preocupan y que aparentemente no son determinantes en la proyección minera, dejan algunas dudas que necesariamente llegan a los círculos de inversionistas, nacionales y más aún a los extranjeros con ribetes de alarma, cuando por ejemplo el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, precisamente de visita a un país amigo como España declara a través de los medios de ese país que "en Bolivia se invitará a que se hagan inversiones en sectores no estratégicos de la economía boliviana". El dignatario de Estado habló de la manufactura, el turismo, la industria, la producción agropecuaria y otros servicios que no tienen una regulación estricta como el manejo de los recursos estratégicos, para aclarar el asunto, hidrocarburos, minería y energía.
Sin lugar a dudas que se trata de políticas de Estado, sin embargo el anuncio llega con otras connotaciones a los posibles inversionistas, precisamente interesados en lograr asociaciones (con el Estado) para la prospección y exploración de recursos estratégicos, sean estos hidrocarburos y minerales, los dos rubros más importantes para el sostenimiento de la economía nacional y que necesitan de fuertes inversiones para cumplir objetivos, especialmente de los calificados como megaproyectos.
La invitación es interesante porque se conoce el interés de muchas empresas con deseos de aportar capitales en áreas no estratégicas, lo que producirá en su momento un dinámico movimiento con beneficios para rubros especialmente de servicios que también necesitan inyección financiera.
Pero volviendo al tema de la minería hay otros signos preocupantes según lo observan entendidos en la materia, al conocer el criterio presidencial durante una concentración de trabajadores mineros en el principal centro del sector estatal, la mina de Huanuni. El Presidente dijo: "El día en que las empresas mineras estatales generen ingresos para el Estado, al Gobierno no le temblará la mano en nacionalizar otras minas para recuperar los recursos naturales".
La declaración del Presidente fue parte de un discurso tras la firma del Decreto Supremo que autoriza la transferencia de 350 millones de bolivianos a favor de la Empresa Minera Huanuni, a través de un fideicomiso avalado por el Banco Central y que servirán para la compra de equipos y obtención de tecnología que permita mejorar la producción en el principal centro minero del Estado.
Los trabajadores de Huanuni, casi cinco mil, comprometieron su esfuerzo para mejorar la producción y lograr utilidades que no sólo sirvan a la empresa sino al pueblo boliviano. Dirigentes de Huanuni aseguraron que con la inversión se concluirán proyectos importantes que permitirán diversificar la producción de Huanuni ahora sólo de estaño y que en el futuro podrá diversificarse para lograr zinc, plomo y plata.
En Huanuni hubo fiesta, pero en el análisis posterior y con clara referencia a la minería en general que necesita de inversiones no precisamente del Estado porque el volumen de inversión es realmente elevado, queda la incertidumbre de inversiones privadas, con la arenga oficial de futuras nacionalizaciones, si la rentabilidad en el sector estatal se afirma en el futuro inmediato.
DOS HECHOS
ESPECIALES
El asunto de la producción minera que debe mejorar en Huanuni, la inyección de 350 millones de bolivianos y el compromiso de los trabajadores de mejorar el volumen de producción, conlleva dos hechos especiales, por una parte el pedido de los trabajadores del importante centro minero para que el Gobierno disponga por lo menos de 10 volquetas para esa mina, recordándole al Presidente que dispuso 100 volquetas modernas para las cooperativas mineras.
El otro hecho que tiene estricta connotación política corresponde a la proclamación del binomio Evo Morales y Álvaro García Linera como candidatos oficiales del sector minero, además de declarar a Huanuni como el "cuartel general del MAS", al partido de gobierno.
Con esas alternativas los anuncios presidenciales, las acciones que se cumplen y las alternativas sobre la actividad minera en general hacen vislumbrar un paréntesis casi obligado en lo que correspondería a una aplicación práctica de la nueva Ley Minera. Se trata de un año electoral y la normativa promulgada a fines de mayo pasado necesita para su aplicación regular dos complementaciones importantes, un reglamento y la aprobación del sistema tributario que regirá para el sector, llámense impuestos y regalías, cuya escala es vital conocer para saber en qué parámetros se desarrollarán las futuras actividades mineras.
Mientras tanto las actividades mineras en el país siguen un curso casi rutinario, con las alternativas de mejor producción en el sector estatal, aunque bajo esa misma dependencia, Comibol no se reajusta; Karachipampa y Vinto, todavía no encienden sus "gigantes" hornos; el hierro del Mutún y las salmueras de Uyuni y Coipasa, siguen en fase de pruebas; Mallku Khota en prospección y todavía sin lineamientos formales para encarar ese proyecto, como tampoco hay otros para la exploración de nuevos yacimientos. La minería privada sigue en marcha, aunque tiene algunas limitaciones, el caso de la pequeña minería que demanda apoyo financiero para ampliar sus operaciones. Las cooperativas mineras bien gracias, creciendo especialmente en el departamento paceño, tras el brillo del metal precioso.
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