Hubo alboroto en el mes de abril al conocerse la denuncia sobre la existencia de "contratos irregulares" que fueron procesados y firmados por exejecutivos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), entre el periodo de 1995 al 2005 y se ampliará a la administración del 2006 y siguientes, lo que significa que en "la bolsa" estarán funcionarios jerárquicos de una pasada gestión política, pero también serán "auditados" presidentes y gerentes de la estatal minera en lo que significa el comienzo del nuevo proceso y su continuidad.
El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, poco después de su posesión en el cargo (08 abril) dispuso el precintado de algunas dependencias de la Comibol con el objeto de salvaguardar documentos que permitan establecer las supuestas anomalías en suscripción de contratos lesivos al interés del Estado.
Hay que recordar que en el tema de los contratos irregulares están inmersas varias cooperativas mineras que estarían operando con empresas privadas, se dice, algunas transnacionales, una muy importante en Potosí.
El mismo mes de abril pasado, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado planteando la investigación de siete contratos entre cooperativas y empresas privadas en los que se detectaron irregularidades. Del total cuatro están consignados en Potosí y los otros tres en Oruro. Se hace mención a las cooperativas implicadas y las empresas que suscribieron los contratos, el plazo de duración y desde la fecha de su habilitación. El más antiguo sería de 1999, luego hay otros en el 2002, en el 2005 y los más recientes son del año 2006.
Algo importante es la declaración del titular de minería, ya en el mes de junio pasado, afirmó que existe una querella contra las exautoridades de Comibol, aunque no señala contra cuáles, pero indica que "no se protegerá a nadie por los contratos mineros".
Seguramente la querella está ya removiendo algunos hechos relacionados con aquellos contratos, incluyendo los del 2006, los mismos que empero habrían sido suscritos bajo las alternativas del Código Minero aprobado en 1997 y que estuvo vigente hasta el pasado 28 de mayo cuando se promulgó la nueva Ley de Minería y Metalurgia. Abogados que opinan sobre el asunto, refieren asimismo que los contratos mineros de años atrás se enmarcaron en lo que disponía la CPE vigente hasta el 2009, que disponía la protección de los recursos naturales, pero admitía un régimen de naturaleza social de cooperativa que habría sido infringida, dando lugar a la irregularidad que se denunció y que ahora está en investigación.
Uno de los aspectos que sobresale en función de reclamo, tiene relación con el poco porcentaje de utilidad que percibía la Comibol, sólo un 2,5 % de un total de utilidades y que además se utilizaba en sostener un planta burocrática en la que fue poderosa empresa durante buenos años, sosteniendo las actividades de los gobiernos de turno, sin fortalecer el presupuesto de la propia Comibol.
En cuestión de tiempo y espacio, con otras características pero igualmente perjudiciales, se ha mantenido a la Comibol en una situación de inercia, de poca actividad, sólo como administradora de cierta cantidad de recursos y como custodia de equipos y maquinaria que no se utilizó en la minería estatal y se transfirió a las cooperativas mineras y algunas privadas. De esa operación actualmente la estatal minera tiene una millonaria deuda que debe recuperar, aunque las cooperativas ya han planteado sólo el pago de capital y nada de intereses, lo que significaría una fuerte pérdida para Comibol.
Pero en función a que "no se protegerá a nadie" en el caso de los contratos irregulares, es necesario que se revise el paso de otros ejecutivos, tanto en los altos cargos del Ministerio de Mineas, cuanto en la misma Comibol, donde no se adoptaron políticas de previsión, en los mejores tiempos de bonanza en los precios internacionales de minerales, los que han empezado a declinar y se observa que no hay un soporte financiero de la empresa para enfrentar la situación de crisis que afecta a la Comibol.
Hay ciclos muy particularizados en la Comibol y en cada proceso, algunos más largos que otros, se advirtió un despilfarro de recursos, gastos inusuales que merecen ser auditados para establecer responsabilidades sobre mala administración de recursos, imprevisiones, contratos irregulares y la falta de coherencia para aplicar medidas técnicas que activen una minería productiva a partir de la renovación de yacimientos y la renovación tecnológica en las minas estatales que siguen entregando riquezas, el caso de Colquiri y Huanuni.
Finalmente en ese proceso de "no proteger a nadie", debe ampliarse el criterio de investigación por parte de la autoridad superior y además con debido orden profesional para establecer las razones que justifiquen la actual situación de la estatal minera a la que se pensó cambiarle la razón social, como si se tratara de un elemento técnico y administrativo para borrar las incongruencias del pasado y el presente.
Los especialistas, expertos y analistas de la minería, coinciden en señalar que lo urgente es definir estrategias en base a un proyecto reactivador de la minería boliviana, pero tomando en cuenta las condiciones profesionales y no las de orden político que pudieran exponerse para impulsar el segundo rubro en la proyección de generar alto desarrollo, fuentes de empleo y buenos ingresos para el país, para distritos y municipios que definan sus propias políticas para el uso de sus recursos naturales, en este caso los mineros.
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