El 80% de las empresas y cooperativas mineras asentadas en el municipio de Tacobamba, Potosí, no cuenta con licencia ambiental, y pone en peligro de contaminación el río Pilcomayo. La comisión mixta de Chuquisaca que visitó el lugar exigió que todas las empresas y cooperativas se adecúen a la nueva ley minera y que la empresa Santiago Apóstol resarza los daños ocasionados por el sifonamiento de su dique de colas.
En Potosí no tienen un censo; sin embargo, se estima que actualmente hay unas 180 empresas y cooperativas mineras, de las cuales unas 20 están instaladas en el municipio de Tacobamba, cuyos afluentes desembocan al río Pilcomayo.
“De esas 20 empresas o ingenios mineros que habría en el municipio de Tacobamba, solamente el 20% cuenta con licencia ambiental”, informó el secretario de Medio Ambiente y Madre Tierra de la Gobernación de Chuquisaca, Eddy Carvajal.
La empresa minera Santiago Apóstol, cuyo dique colapsó el pasado 4 de julio, estaba en el grupo de ilegales, por lo que sus labores fueron suspendidas hasta que regularice su situación, mientras tanto deberá reparar el daño causado retirando la lama que recorrió al menos unos cinco kilómetros y someterse a un proceso judicial instaurado de oficio por el Ministerio Público de Potosí, al que se sumó Chuquisaca como víctima.
Según el gobernador del departamento de Potosí, Félix Gonzales, que declaró a la red Erbol, más de 30.000 metros cúbicos de desechos mineros fueron vertidos en las aguas de la cuenca del río Pilcomayo debido al sifonamiento del dique de colas de la empresa Santiago Apóstol afectando a nueve comunidades; sin embargo, según la versión de los técnicos de la empresa, los residuos contaminantes vertidos a la quebrada no habrían superado los dos mil metros cúbicos.
La comisión mixta conformada por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Brigada Parlamentaria, la Asamblea Departamental, la Coordinadora de Defensa del Río Pilcomayo y la Secretaría de Medio Ambiente y Madre Tierra de la Gobernación de Chuquisaca que visitó ayer el lugar, constató que el sedimento recorrió unos cinco kilómetros, desde la comunidad de Canutillo hasta Colavi, y que el agua llegó hasta el río Pilcomayo, distante a unos 24 kilómetros del lugar.
“Hemos confirmado que la empresa estaba operando sin licencia ambiental, aunque el encargado dijo que está en trámite. Su dique de colas es precario, no cumple con los requisitos exigidos, conforme a normas ambientales”, explicó Carvajal.
LAS DETERMINACIONES
Tras la inspección, la comisión mixta suscribió un acta para exigir a las empresas que cumplan con las normas de funcionamiento y que las autoridades de Potosí tomen acciones para hacerlas cumplir, ya que hasta ahora se habría impuesto la desidia.
“Se ha determinado de manera enfática que todas las empresas o ingenios mineros tienen que adecuarse a la nueva ley minera como también deben cumplir estrictamente los requisitos de las normativas ambientales, es decir que para funcionar necesariamente deben contar con su licencia ambiental”, manifestó Carvajal.
Por su parte, la Coordinadora de Defensa del Río Pilcomayo (Coderip) exigió a la empresa Santiago Apóstol el resarcimiento del daño ocasionado, con el retiro inmediato del sedimento y la compensación a los pobladores afectados.
También se acordó que la primera semana de agosto se realizará una nueva reunión en la que participarán representantes de Chuquisaca, Potosí y Tarija en la que está prevista una inspección a todas las empresas para verificar si cuentan o no con licencias de funcionamiento.
CRÍTICAS A RESPONSABLES
La asambleísta departamental de Chuquisaca Shirley Espada, que también participó de la inspección, señaló que ninguna de las instancias competentes tanto a nivel nacional como departamental cumple con su rol de control y fiscalización.
“Lamentamos la irresponsabilidad con la que obran tanto los técnicos de la Gobernación de Potosí como Chuquisaca al no hacer un adecuado seguimiento a la actividad minera, la mayoría de las empresas no cuenta con la autorización para su adecuado funcionamiento”, criticó.
En la inspección también participaron representantes de la Dirección Jurídica y la Secretaría de Medio Ambiente y Madre Tierra de la Gobernación de Potosí.
“Nos sorprende el accionar de los ejecutivos de Potosí que nos indicaron que para hacer pruebas de sedimentos y líquidos había que cumplir con determinado reglamento de protocolo, y lo que más sorprende es que los representantes de la Gobernación de Chuquisaca recién estén sacando pruebas cuando el incidente ocurrió el 4 de julio”, reprochó la asambleísta.
Por su parte, el presidente de la Federación de Profesionales de Chuquisaca, Sandro Mariane, lamentó la desidia de las autoridades nacionales y locales que permitieron que se produzca la contaminación afectando tanto a los pobladores asentados en las riberas del río Pilcomayo como a la población de los departamentos de Potosí y Sucre que consumen sus productos.
“Lamentamos la inacción del nivel central de Gobierno, las Gobernaciones de Chuquisaca y Potosí, al igual que los municipios involucrados, porque el tema de medio ambiente es una competencia compartida que tiene que llevar un proceso de seguimiento y fiscalización a todo este proceso de explotación y producción de los ingenios”, señaló Mariane.
También reprochó la actitud pasiva de los representantes de Participación y Control Social de la población que en su criterio, deberían realizar una fiscalización constante.
“Los representantes de Participación y Control Social, como están 'mordidos' de la estructura de gobierno, participan de las acciones buenas o malas del Gobierno y en este caso de la total ausencia de fiscalización, de control y seguimiento a lo que hacen las empresas cooperativas mineras”, manifestó Mariane, al señalar que estas últimas también son parte del Gobierno, ya que participan directamente en las decisiones del Estado en materia minera.
En su criterio, hay responsables directos e indirectos del daño medioambiental, los cuales también deben ser sancionados.
Fuera del país
Tras el derrame de desechos tóxicos, la Cancillería de Paraguay y un diputado argentino pidieron informes sobre la situación ambiental del río Pilcomayo.
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