La Paz registra el mayor número de ocupaciones ilegales mineras

El departamento de La Paz registra el mayor número de casos de ocupación ilegal de minas, también denominados avasallamientos, con 44 casos en el período 2004-2013.
De acuerdo con los datos de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin), entidad que aglutina a los pequeños emprendedores mineros del país, otras regiones mineras, como Oruro, sólo reportaron 18 casos.
En el caso de Potosí, en esta región se reportaron 16 casos; dos en su región central, 12 en Tupiza y dos en Uyuni.
Aunque desde 2004 se reportaron unos 78 casos de avasallamientos mineros en la minería pequeña, el presidente de Canalmin, Saturnino Ramos, informó que las denuncias de ocupación ilegal disminuyeron en los últimos años, tanto que entre enero y lo que va de julio de este año no se registraron ocupaciones ilegales en lo que respecta a las pequeñas empresas mineras.
Del total de casos de avasallamiento denunciados desde 2004, alrededor del 30% llegó a un acuerdo entre partes, mientras que el restante 70% de las concesiones continúa en poder de los avasalladores, algunos terminaron la explotación y en otros siguen en plena operación, sostuvo Ramos.
El Gobierno promulgó en mayo de 2013 la Ley 367 Contra el Avasallamiento de Minas, que incorpora la ocupación ilegal de minas dentro del Código Penal como delito sancionable con cuatro a ocho años de privación de libertad y de tres a seis años por la venta o compra irregular de minerales.
Ramos indicó que aún falta la consolidación de la ley, por el hecho de que aún se ven avasallamientos en sectores de las cooperativas mineras.
Agregó que, desde la vigencia de la Ley 367, no se registró ni un caso sancionatorio a los responsables del delito, hecho que corresponde ejecutar “al Ministerio Público y no al Órgano Ejecutivo”.
“Falta el principio de autoridad, nadie puede tocar a nadie, ni nadie puede ofender a nadie”, remarcó.
Agregó que la disminución en los casos de avasallamiento podría deberse a que las comunidades rurales comienzan a comprender los alcances de la ley, por lo que la norma debería ser socializada en profundidad.
Para el presidente de Canalmin, una de las causas de las ocupaciones ilegales está relacionada con las organizaciones no gubernamentales (ONG), que bajo el argumento del daño al medioambiente “promueven” en algunas comunidades el avasallamiento de emprendimientos mineros.