La industria mundial requiere cada vez más minerales y en el país cada vez disminuimos más esa producción

En el último tiempo se han multiplicado las apreciaciones de profesionales en las diferentes ramas de la minería, como los geólogos, los ingenieros de minas, los metalurgistas, los técnicos especialistas, los expertos y los analistas en la materia coincidiendo todos en la necesidad de unir esfuerzos para salvar la minería de un colapso inminente, si no se define un tratamiento urgente antes que ingrese en coma y terapia intensiva.

Los que saben están seguros de los padecimientos de la minería, que teniendo una bonancible salud hasta hace poco tiempo atrás, en la actualidad se debate en la incertidumbre, por falta de atención directa y con la medicina apropiada para sanar sus males pero en una terapia inmediata y sin mayor demora de lo contrario puede lamentarse graves consecuencias con los perjuicios que son de suponer cuando los males afligen y se complican.

Pero de la analogía en la "salud minera", pasando a su realidad administrativa, técnica y financiera, las coincidencias de los entendidos también son patéticas, pues la falta de un instrumento legal como la nueva Ley Minera, que se hace esperar mucho, impide la estructuración de una verdadera estrategia para dinamizar la producción minera de manera general, con medidas concretas para los subsectores, garantías y seguridades para inversionistas, incentivos en el orden tributario y facilidades para encarar una nueva minería que esté fuera de todo peligro de avasallamientos o reacciones sectoriales que alteren las condiciones especialmente de tranquilidad y armonía que son necesarias para encarar los emprendimientos mineros.

No hay políticas concretas que definan el rumbo de la minería considerando su importancia como el segundo rubro más importante generador de divisas y regalías, de fuentes de empleo permanente y su multiplicación en beneficios directos, caso de las familias mineras o indirectamente para miles de personas que ganan prestando una variedad de servicios conexos a la actividad de los mineros, en los campamentos y fuera de ellos es decir un proceso en espiral que involucra mucha gente y mucho dinero.

Lamentablemente y por las modificaciones que se introdujeron en la CPE, con relación al delicado asunto de tierra y territorio se vulneran contradictoriamente preceptos de la misma Carta Magna al asegurar que todos los bolivianos son dueños de los recursos naturales del país, de sus riquezas, de su territorio y por supuesto de las utilidades que su uso o explotación, que debe producirse racionalmente, generen bienestar colectivo.

La gravedad de los hechos

Lo que realmente preocupa es que siendo Bolivia un país reconocido por sus recursos naturales esté dependiendo actualmente de la explotación y exportación del rubro hidrocarburífero, consignando al gas como elemento base para la economía nacional, postergando a un sitio inmediato al rubro de la minería, que podría con seguridad equiparar y sobrepasar esos ingresos que de momento son seguros para el país, pero no suficientes.

El fenómeno que vivimos los bolivianos es el de ese Rey rico, sentado en un trono de oro y rodeado del metal dorado pero con pueblo que se moría de hambre porque ignoraba el valor de su materia prima para explotarla, venderla y enriquecer la comunidad. Alguien señala la analogía y si bien explica que no estamos en tales extremos del "rey rico", por lo menos pasamos por esa contingencia de tener – comprobadamente – ricos yacimientos mineros yacientes en el territorio de los bolivianos, sin poder utilizarlos porque necesitamos permiso de un mínimo sector de hermanos originarios para poder encarar la extracción de nuestra riqueza natural.

Lo grave del asunto es que además esa "norma de territorialidad" ha sido expuesta en ámbitos comunitarios donde también hay necesidad de hacer nuevas exploraciones de campos petrolíferos, situación postergada por falta del permiso sectorial. En el caso de la minería el asunto es más graves, pues para los comunarios disconformes con tareas mineras resulta muy fácil ocupar las propiedades, echar a los trabajadores y los administradores, incautar minerales y apropiarse de equipos, herramientas y maquinaria con la figura sencilla de los avasallamientos en clara afrenta a las Leyes y derechos ciudadanos.

Hay riquezas, eso está descontado, pero no hay una clara política minera que fije el rumbo de esa actividad, garantizando los trabajos de exploración, los de prospección y el proceso de explotación, varios eslabones de una cadena que necesita seguridades para tentar inversiones y encarar el desarrollo abierto de la explotación minera a lo largo y ancho de nuestro territorio.

No se trata tan solo de encarar los megaproyectos mineros, caso del hierro y el litio, es fundamental que la minería boliviana desarrolle todas sus opciones, se mejoren los actuales proyectos de la minería mediana, la estatal y la chica, como el caso de las cooperativas, disponiendo reglas claras para que cada sector alcance sus objetivos y mejoren sus índices productivos avanzando en la tecnología para llegar al proceso de industrialización de nuestras materias primas, elevar su valor (agregado) y sacar mayores réditos en la exportación hacia los grandes mercados internacionales.

Hay algo que es evidente, la industria mundial requiere cada día más minerales que los tenemos nosotros en nuestro territorio, pero no hay políticas definidas que impulsen su explotación con normas competitivas y de plena seguridad.