Sabiendo que el Código Minero está vigente, pues no ha sido derogado, lo que sucederá una vez que se promulgue la nueva Ley Minera está en desuso, y tal situación se complica con algunas disposiciones "transitorias" que ha dictado el propio Gobierno, queriendo neutralizar algunos de los problemas existentes en el sector que sin embargo son más frecuentes, precisamente por la carencia de una normativa que enderece el proceso de la actividad minera en general.
Ahora hay voces en el interior del sistema político vigente que reclama la pronta aprobación de la ley minera, observando que los conflictos existentes son parte de esa ausencia de regulaciones precisas para dar forma legal, técnica, administrativa y financiera al desarrollo de la producción minera.
Lo que sucede es que cada vez es más claro el perjuicio que se ocasiona al país, a ciertas comunidades y varios departamentos en los cuales no es posible encarar proyectos mineros sencillamente por falta de reglas claras que aseguren el desarrollo de emprendimientos que necesitan garantías para las inversiones y reglas precisas para encarar el equipamiento y la transferencia de nueva tecnología en actividades mineras en curso de ejecución, pero de manera especial en los emprendimientos que sean definidos a través de los procesos de exploración y prospección que determinen el potencial de más yacimientos mineros en explotación.
En la actualidad - según se hace referencia – ni siquiera la Comibol está en condiciones de encarar nuevos proyectos mineros, menos el sector minero privado que está pendiente de la nueva Ley Minera para saber cuáles serán las cartas que se pondrán sobre la mesa para la próxima partida en la que estarán en juego intereses especiales como seguridad jurídica, garantías, impuestos, pero principalmente modificación o reglamentación de la normativa que actualmente frena la actividad minera, bajo la figura de una irregular propiedad de territorio a favor de comunarios, cuando la realidad es otra y lo señala la misma CPE cuando reconoce que los recursos naturales en todas sus condiciones son de todos los bolivianos.
Un documento de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia señala que la nueva ley tiene un avance del 90 % en su tratamiento pero que aún falta considerar temas como las reservas fiscales, regalías, cuadrículas de la Comibol y de las cooperativas, un conjunto que siendo la última parte porcentual de la consideración de la Ley, parece lo más importante y por lo tanto seguramente demandará otro buen tiempo.
De todos modos se hace necesaria una exhortación, en el nivel ejecutivo se diría una recomendación, para aprobar de una buena vez la Ley Minera que definirá la estructura, atribuciones y procedimientos de la jurisdicción minera.
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