La presentación del libro "Los dilemas de la minería" sirvió para conocer una serie de factores adversos al desarrollo de la minería nacional importante sistema productivo, después de los hidrocarburos, para generar divisas para el Erario Nacional y fondos vía regalías e impuestos para los municipios y los departamentos en que se producen emprendimientos mineros.
Sin embargo de tal importancia no existen las condiciones más apropiadas para facilitar lo que desde la década de los 80 se viene pregonando y todavía no se concreta en una real "reactivación de la minería boliviana", salvo algunos intentos circunstanciales que impulsaron interesantes emprendimientos de la minería privada, entre estos el más importante como San Cristóbal, o los otros conocidos como San Bartolomé, San Vicente, Manquiri y el comienzo del mega proyecto del litio, todo ese conjunto de operaciones en Potosí donde además queda con signo de interrogante, la situación del yacimiento de Mallku Khota, cuya fase final de exploración y su futura explotación están bajo iniciativa de la Comibol, donde se habla de muchos miles de dólares, pero no se los dispone de manera práctica para emprendimientos millonarios que tarde o temprano requerirán inversiones extranjeras.
Los otros proyectos, como el Mutún por ejemplo, no se han cumplido en su fase más amplia para alcanzar el objetivo de pasar de la explotación de hierro a su transformación industrial en acero. La siderúrgica no se concretó y parece que en la nueva visión estatal demorará algún tiempo más pues la dotación del gas industrial que se requiere para su funcionamiento no está definida en volumen y tampoco su sistema de transporte hasta el lugar de la gigante operación.
Pero si bien estos hechos están de algún modo configurados y se desarrollan con muchas trabas, lo cierto es que al hacer referencia a la actividad minera en general los problemas son mayúsculos, tanto así que expertos en la materia, dos ex ministros de minería, un sociólogo, un historiador que escribieron el libro sobre los "dilemas de la minería" y dos ingenieros de minas que lo comentaron a tiempo de presentarlo, coincidieron plenamente con otros profesionales de la materia sobre la existencia de "candados que en este momento restringen la actividad minera" y como si fuera poco, la existencia de una "camisa de fuerza" que inmoviliza la productividad minera.
El paralelismo en las opiniones es concluyente y lo que se necesita es abrir los candados y desatar la camisa de fuerza, en ambos casos la responsabilidad está en las autoridades de gobierno que deben actuar responsablemente para evitar un verdadero colapso de la minería boliviana y su futura industrialización.
La llave para abrir el candado y un entendido en desatar nudos están en el Gobierno, en el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM) y en la Comibol. Ordenando las cosas, lo primero es que el Gobierno determine claramente la necesidad de efectuar cambios en la Constitución Política del Estado, CPE, rescatando el espíritu de la norma que señala claramente que los recursos naturales son de todos los bolivianos y deben servir para su beneficio.
Por otra parte hay que minimizar los problemas creados por mala comprensión en lo que corresponde a tierra y territorio, suelo y subsuelo, la consulta previa y sus secuelas, modificando y reglamentando los conceptos para abrir la posibilidad de aplicar programas de exploración minera, responsabilidad en la que entran el MMM y la Comibol convirtiéndose efectivamente en entes técnico–financieros capaces de estructurar y desarrollar una nueva política minera, adecuada a las circunstancias especiales de competitividad con los países vecinos en materia tributaria, seguridad jurídica plena para inversiones, respeto a los convenios y un amplio programa de mejoramiento tecnológico que llegará de la mano de verdaderos emprendedores en minería.
Los profesionales bolivianos remarcan, enfatizan y plantean que desde el gobierno se definan políticas claras en rubros tan importantes como el uso y el tratamiento de nuestros recursos naturales, los hidrocarburos y los mineros, afectados ambos por una "definición" más política que técnica y pragmática que obstruye, altera e impide el desarrollo de proyectos de exploración en campos petrolíferos o gasíferos y pero aún en el caso de yacimientos mineros, esas circunstancias contradictorias y negativas deben ser modificadas, pues se trata simplemente de valorar la importancia de los recursos naturales como parte imprescindible del desarrollo nacional, "como palanca para enfrentar la pobreza que es el principal freno al progreso comunitario".
Hay expectativa nacional por la aprobación de la Ley de Minería instrumento que deberá establecer las condiciones más propicias para hacer del país un factor competitivo ante los vecinos, disponiendo normativas que hagan posible otorgar seguridades para atraer inversiones, para mejorar la tecnología y el uso de equipos y maquinarias de última generación, como sucede con la minería moderna que se ha instalado en Chile, el Perú y Argentina y que está a la espera de motivaciones efectivas, con leyes muy claras para entrar al rico mercado minero boliviano. Los expertos afirman que es necesario que el Gobierno entienda que la minería es un negocio, sino no funcionaría, pero al mismo tiempo que sus problemas deben ser conjurados responsablemente y eso sólo puede lograrse con abriendo los candados y la camisa de fuerza que la limitan.
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