Si bien la esperanza de industriales mineros medianos, de los productores chicos, de la importante minería estatal y de los mineros cooperativistas está cifrada en la nueva ley minera, que no acaba de conciliarse en los medios más próximos a la actividad minera, existe la posibilidad de que una vez aprobada y promulgada resuelva las grandes diferencias que están en vigor, por una forma de imposición de sectores y no por efecto de una realidad técnica y económica que priorice la aplicación de medidas.
Hay que partir del hecho que configura a la minería como el segundo rubro más importante en la generación de divisas para el país, regalías e impuestos para las regiones y un sustentable índice de ocupación laboral multiplicado entre familiares de mineros y en gente dedicada a servicio conexos a la minería. No se descarta que poniendo en marcha los macroproyectos mineros del litio en los salares de Uyuni y Coipasa, además del hierro y la siderúrgica en el Mutún, además de la puesta en marcha del complejo de Karachipampa, este sector productivo alcance en su rendimiento al de hidrocarburos y gas y hasta rebase esos ingresos por la importancia de los recursos mineralógicos que todavía yacen en el subsuelo de muchos potenciales yacimientos.
Desde que se iniciaron los avasallamientos mineros, la mayoría sin soluciones prácticas, pues muchos empresarios perdieron propiedades, herramientas, equipos, minerales en reserva y en el caso de los trabajadores de esas minas ocupadas inclusive sus enseres y hasta las viviendas, un problema muy serio que se complicó con la participación de comunarios alentados por las ganancias de los mineros y de algunos cooperativistas que buscaban retornar a sus ocupaciones o asegurarse nuevas áreas de trabajo, aprovechando los precios altos y coyunturalmente algunas ventajas oficiales para el sector de los cooperativistas.
En tal circunstancia, los cooperativistas mineros cuyo número es considerable en función de medir cuantitativamente el apoyo en materia política, los dirigentes (de la Fencomin) aprovecharon la situación y plantearon al Gobierno (fines de septiembre) la entrega de mil cuadrículas de las 33.500 que son de la Comibol, el pedido de los cooperativistas significa tener en sus manos 25 mil hectáreas.
Hay que recordar que el Gobierno mediante el D.S. 29117 promulgado el 2007 declaró a todo el territorio nacional como "Reserva Fiscal Minera" colocándose el Estado de manera legal como propietario de los recursos mineralógicos, metálicos, no metálicos, evaporíticos, piedras preciosas, semipreciosas y las salmueras con lo que todos los recursos mineros no renovables constituyen parte de la propiedad nacional, cuya pertenencia global es de los bolivianos.
De todos modos, desde el MMM confirmaron haber consolidado a favor de la Comibol 26 áreas mineras o sea las 33.500 cuadrículas que permitirá a la estatal minera diseñar y desarrollar un proyecto de largo plazo para fortalecer la minería estatal, lo que también significa un parcial "levantamiento" de la reserva fiscal minera que permitirá atender las solicitudes de diferentes sectores de producción minera que deseen suscribir nuevos contratos de arrendamiento para exploración, prospección y explotación de recursos mineros.
La situación así planteada se convirtió en un asunto controvertido, pues dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) mostraron contrariedad ante el levantamiento de la reserva fiscal por no haber sido consultada tal opción con los mineros asalariados y al contrario haber favorecido a otro sector (cooperativistas).
DEUDA DE COOPERATIVAS
El tema minero que se presenta muy complejo en la actualidad, dadas las condiciones legales, las presiones sectoriales, llámense de los asalariados o de los cooperativistas y aparte una pasiva, pero notoria molestia de los industriales mineros privados da margen a otra situación que si bien no era desconocida para las autoridades de la minería nacional no alcanzó relieve público porque el hecho se mantuvo en "bajo relieve" para no complicar al cooperativismo minero y es que desde que se desató la pugna por el caso Colquiri, fuera de todas las presiones que ejercieron los dos bandos en pugna, hay también una guerra que se libra mediáticamente y en las mesas oficiales de trabajo.
Una muestra de este hecho es que se ha hecho conocer un detalle de las deudas que tienen con la Comibol 121 cooperativas de Potosí, La Paz, Oruro y Cochabamba por un monto mayor a 12,12 millones de dólares por la compra a crédito de maquinarias y equipos en unos casos y por arrendamiento en otros.
El ejecutivo de la Fencomin reconoció la deuda, pero justificó el hecho con una salida interesante al señalar que se trata de una deuda "que se arrastra desde el periodo de la capitalización 1997 y son una herencia de las campañas electorales que realizaron los gobiernos neoliberales". Se recordó que en la primera gestión de Sánchez de Lozada se aprobó la ley 1786 por la que se disponía la enajenación de equipos, maquinarias, repuestos, insumos y otros a favor de cooperativistas mineros, mineros chicos o artesanos y arrendatarios, con lo que se produjo la distribución de ese material, que por supuesto no fue pagado en su tiempo y en su totalidad y que benefició en gran parte al sector de las cooperativas, no así a los mineros chicos. Este es el problema que después de 15 años persiste y se marca como deuda de 121 cooperativas mineras a la Comibol. Nadie sabe cómo se arreglará este caso.
Mientras tanto hay una crucial situación en los altos niveles de la minería para definir una verdadera estrategia productiva, pero con reglas muy claras que favorezcan a todos los subsectores mineros, sin favoritismos, ni tampoco exclusiones atrabiliarias, al contrario equilibrando todo un sistema que impulse decididamente a toda la minería boliviana.
Medios- Agencia Uru – PM
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