Las circunstancias especiales en las que todavía se desarrollan las actividades mineras en nuestro país son consecuencia lógica de una carencia de normas que definan las líneas maestras de una política minera de aplicación general para todos los sectores productivos del sistema, es decir la minería privada mediana y chica, el sector estatal y las cooperativas, en cada caso con sus propias características, pero en función de contribuciones tributarias y los aportes a la economía nacional con responsabilidades similares, pues tratándose del uso o explotación de nuestros recursos naturales los deberes deben ser igualmente compartidos.
Los problemas recientes, que aparentemente han sido solucionados, no han dejado de producir tensiones en el curso de la semana, inclusive bajo la instancia de un implícito "estado de sitio" que se dispuso en el sector de la mina Colquiri, mientras persistan los enfrentamientos y pueda ser restablecida la tranquilidad plena para el desarrollo de labores en el distrito que ahora tendrá que definir la incorporación de casi un millar de cooperativistas.
De acuerdo a los últimos datos, surgidos en esferas de la Comibol, se sabe que hasta antes de la renacionalización de Colquiri, Sinchi Wayra operaba en ese centro con menos de 450 trabajadores, con la medida se duplicó el número y aún hay una exigencia para que otra cifra parecida sea absorbida en la planilla de Colquiri, todo puede llegar a 1.500 trabajadores, sin embargo de acuerdo a la apreciación del nuevo presidente de Comibol, Colquiri sólo puede admitir un máximo de 1.200 trabajadores, pasar ese tope sería poner en riesgo cualquier operación minera, pues el rendimiento económico estaría fuera de control.
Al margen del caso Colquiri y con referencia a la participación numérica de los cooperativistas en actividades productivas de la minería, las cifras que manejan las autoridades del ministerio del ramo, además de expertos en la materia, muestran una diferencia abismal entre lo que representa el contingente de los cooperativistas que alcanzan a un 83 por ciento del total de empleados en la producción extractiva, en tanto que el 17 por ciento restante se divide entre el sector estatal, la minería mediana y la minería chica. La gran diferencia numérica no responde sin embargo a las expectativas de la producción de concentrados, en este caso se produce una inversión de valores pues la minería mediana es la más rendidora, luego la estatal, la minería chica y luego el sistema cooperativo de acuerdo a los datos que manejan los expertos.
Esta situación es la que produce una serie de alteraciones en la proyección de la actividad minera en conjunto pues cualquier plan sobre este importante rubro de explotación de nuestros recursos no renovables tiene que tomar en cuenta factores determinantes, tales como las inversiones, la tecnología disponible, las condiciones sociales y jurídicas que acompañen los emprendimientos y valorar luego la capacidad productiva de cada sector en función a calidad productiva, es decir eficiencia y seguridad antes que cantidad sin efectividad.
Para establecer las mejores condiciones en ésta materia se necesita políticas definidas, seriamente establecidas como parte de un conjunto de normas cuya aplicación involucre a la minería en su conjunto y establezca además con la mayor claridad las responsabilidades de cada sub sector, de modo que todos sean eficientes contribuyentes al estado y a las regiones, pero que igualmente tengan las seguridades de que todas las inversiones sean respetadas y formen parte de la estrategia nacional de hacer de la minería el "motor del desarrollo nacional".
Lo importante es que de las dificultades se rescaten experiencias prácticas cuya utilidad se convierta en un factor preponderante para establecer las líneas maestras de una nueva política, en este caso minera, para anular la debilidad y las incoherencias que hasta el momento han ocasionado muchos problemas, enfrentamientos, víctimas fatales y una cantidad de afectados que resultan parte de esa carencia de medidas legales, técnicas y financieras debidamente establecidas y plenamente garantizadas en función de intereses nacionales.
El Gobierno actualmente se encuentra "entre la cruz y la espada", mientras una comisión oficial no atina a estructurar de una buena vez el proyecto de la nueva ley minera cuyo tratamiento está demorando más tiempo del necesario, considerando que se trata de un instrumento vital para apoyar la actividad minera como parte fundamental de la gran economía nacional.
Hay otro efecto negativo en la secuela de perjuicios para el país y es la incertidumbre reinante para los inversionistas, tanto por las constantes violaciones contra los derechos propietarios, (avasallamientos), cuanto por las medidas gubernamentales de insistir en una "recuperación de los bienes del Estado" (recursos naturales) que ya fueron estatizados y que seguirán siendo propiedad de todos los bolivianos, faltando tan sólo definir las mejores condiciones de su uso para que sirvan a toda la comunidad, de acuerdo a reglas de equidad, respeto, justicia y seguridad.
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