El 31 de octubre de 1952, la naciente Revolución firmaba el decreto de nacionalización de las minas en Bolivia. El gobierno de Víctor Paz Estenssoro marcaba el camino para la recuperación de los recursos naturales que hoy son repartidos en tres sectores reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE) vigente a través de la economía plural.
Ayer se recordaron los 60 años desde que en los campos de María Barzola en Catavi se firmó el Decreto de Nacionalización de las minas en el territorio boliviano. Las propiedades de los denominados barones del estaño, Patiño, Hoschild y Aramayo fueron revertidas al Estado ante la algarabía de la población en una naciente Revolución Nacional. El hecho marcó un hito en la región y aunque su impacto sobrepasó a los postulados del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), las consecuencias luego fueron negativas por los pagos millonarios por indemnización que se realizaron a los empresarios.
El decreto citaba: “Se encomienda a la Corporación Minera de Bolivia la administración y operación de las minas nacionalizadas. El Estado reconoce la antigüedad y todos los derechos sociales a los obreros y empleados. Forma de pago de las empresas, se ejercitará el control obrero mediante la participación de delegados de los trabajadores en cada una de las minas”.
Hoy, a seis décadas, los recursos mineros del Estado boliviano están en manos de tres sectores reconocidos por la Carta Magna vigente, con la economía plural que se divide en el aparato estatal, privado y cooperativo.
Estas divisiones, empero, han generado conflictos entre el sector minero como es el caso de Colquiri, donde durante seis meses se vivió en zozobra por las concesiones dadas al sector cooperativista en “desmedro” de los trabajadores asalariados. Los conflictos y la muerte llegaron al sector en un hecho que al parecer no ha terminado, por los recientes reportes que podrían reavivar la tensión en la zona minera.
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