La bendición más grande que tiene la Nación desde antes de su fundación y luego como República es contar en su territorio con una variada gama de recursos naturales como para mantener de por vida a una población siempre creciente, pero poco afecta a escudriñar el valor de su gran potencial.
Entre esa vasta cantidad de riqueza hay dos rubros importantes que son nuestros recursos naturales no renovables, pero que al mismo tiempo constituyen la base del sostenimiento de nuestro país, por un lado la riqueza petrolera, hidrocarburos y principalmente gas, por el otro específicamente la riqueza minera con una increíble variedad de minerales distribuidos a lo largo y ancho del país.
En los dos casos hay necesidad de políticas especiales para utilizar esas fuentes de recursos no renovables, pero poniéndolos en beneficio de toda la comunidad en tanto nos permitan las condiciones naturales de su explotación.
En el último tiempo y después de la "guerra del gas" se ha avanzado con pasos agigantados hacia la exportación de nuestro gas, cubriendo la demanda de países vecinos como Brasil y Argentina y por supuesto el requerimiento interno, aunque se tropieza con algunas limitaciones propias del cumplimiento de ciertas normas contenidas en la nueva Carta Magna y no comprendidas en su justa dimensión impidiendo nuevas exploraciones necesarias e importantes para habilitar más pozos de producción.
Así de simple la explicación en ese rubro (petrolero) pero con igual o mayor afectación a la actividad minera debido a que sin entenderse plenamente los alcances del cuidado de tierra y territorio y lo que es el subsuelo, comunarios de áreas próximas a emprendimientos mineros alteran los proyectos que se diseñan en materia de exploración minera, aduciendo incumplimiento a esa definición de "consulta previa" con la comunidad.
Aquí se plantea el hecho de que "el problema no es tener recursos naturales sino qué hacer con ellos", en función a las trabas creadas al interior del propio esquema de Gobierno, cuando justamente se necesita impulsar el sistema productivo nacional con la exploración y explotación de nuestros recursos naturales.
El desafío es simple y ojalá lo entiendan de ese modo quienes interfieren la proyección por ejemplo de la minería nacional. Hay que reglamentar esos condicionamientos que interfieren los proyectos, afirmando las condiciones para desarrollar además un sistema de alta tecnología que nos permita explotar nuestros recursos, industrializarlos y exportarlos con alto valor agregado. Todo es posible eliminando antes la controversia socio política que altera el derecho de todos los bolivianos a utilizar sus grandes recursos naturales.
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