Según el ex ministro de minería Dionisio Garzón, en el país “existe una camisa de fuerza que no deja que haya mayores inversiones en minería” debido a la informalidad en las políticas estatales, las normas constitucionales, un código de minería cuya aprobación sigue pendiente y la inseguridad jurídica.
Por eso es que a diferencia de lo que ocurre en los países vecinos y el resto del mundo, en Bolivia no se atraen capitales al sector.
Su investigación, incluida en el libro Los dilemas de la minería, revela que el portafolio de proyectos de exploración y explotación minera de Perú incluye un presupuesto de casi 50.000 millones de dólares, de los cuales en 2011 ejecutó 7.000 (ver la gráfica).
El libro, que fue presentado ayer por la Fundación Vicente Pazos Kanki, sostiene que en 2011 las inversiones en proyectos de exploración minera en el mundo ascendieron a 18.000 millones de dólares, un 27% de ellas destinadas a Latinoamérica.
Los autores, además de Garzón, son Henry Oporto, Jorge Espinoza y Pedro Portugal.
Empero, Bolivia prevé una inversión de sólo la décima parte de la que espera Perú, 5.000 millones, de los cuales la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) ejecutó 100 millones y el Servicio Geológico Técnico de Minas (Sergeotecmin), seis.
Ese dinero incorpora los proyectos del Mutún, el salar de Uyuni, Karachipampa y Corocoro.
Por otro lado, Argentina prevé contar con 11.000 millones, de los que este año llegará a 2.600.
“A lo largo de su historia, la minería ha estado en una especie de péndulo”, a raíz de que las políticas estatales variaron cada vez que hubo cambio de gobiernos, sostuvo Garzón. Pero, además, normas como el régimen tributario, la consulta previa, el tipo de contratos y sus condiciones no atraen el interés de las empresas privadas.
Explicó que el régimen tributario actual, “pese a ser duro, es factible de sobrellevar en este momento; lo que no debe hacerse es crear más cargas impositivas con la nueva ley minera, no se tienen que subir las regalías”.
El sociólogo Henry Oporto enfatiza que a las desmotivaciones se suma la inseguridad jurídica a raíz de los avasallamientos de yacimientos. Según su investigación, en el periodo 2002 a 2005 hubo un promedio de tres tomas ilegales por año; mientras que entre 2006 y 2011, la media fue de 11 avasallamientos.
Jorge Espinoza alega que estos avasallamientos no serán frenadas con una nueva Ley Minera. “En el país tenemos buenas leyes; pero, ¿se cumplirán? Tendría que penalizarse la toma de minas, pero ¿será que los sectores estarán dispuestos?”, cuestionó.
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