Un nuevo cruce de amenazas entre el Gobierno boliviano y el grupo indio Jindal Steel and Power reavivó ayer dudas sobre si Bolivia podrá cumplir su anhelo de poner en funcionamiento en el 2014 su primera planta siderúrgica.
La nueva disputa afloró luego de que Jindal exigió la firma de un contrato con la petrolera estatal YPFB para la provisión de gas natural, independientemente de una larga disputa entre ambas partes sobre el estado de la inversión, que por parte de la firma asiática debería llegar a 2.100 millones de dólares.
"Tenemos un compromiso con el Gobierno de Bolivia de industrializar hierro a partir del 2014, lo único que pedimos a cambio es que se suscriba el contrato de suministro de gas", dijo a Reuters el gerente de asuntos legales de Jindal en Bolivia, Jorge Gallardo.
Si Jindal quiere irse. "La Jindal tiene que pensar seriamente en su continuidad en nuestro país", dijo Virreira en su primera declaración sobre el proyecto de explotación de hierro y fabricación de acero en el gigantesco yacimiento del Mutún, firmado a mediados del 2007 entre Bolivia y Jindal.
El plan, anunciado como uno de los mayores emprendimientos industriales del Gobierno del presidente Evo Morales, ha resultado enmarañado en diversas disputas entre las partes incluso desde antes de la firma del contrato.
"Si la Jindal no está en condiciones de invertir, tiene que dejar su contrato sin afectar los intereses nacionales, y si la Jindal puede hacerlo tiene que asegurarnos que sí lo va a hacer", añadió el ministro.
El principal problema es que la actual producción de gas (46 millones de metros cúbicos diarios) apenas alcanza para abastecer el consumo interno actual y los dos mercados de exportación. Para cumplir con el requerimiento de Jindal se requería un aumento de la oferta gasífera en 20%.
Terra
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