Si hay un hecho positivo en la posición de los "movimientos sociales" es que sus dirigentes acaban o empiezan por darse cuenta de la importancia que tiene la minería en el desarrollo de municipios y departamentos, a través de planes debidamente esbozados y rigurosamente cumplidos, una vez que se definan las tareas mineras en cualquier comunidad del país.
La referencia presente tiene que ver con una resolución de la cumbre social del MAS que se cumplió en diciembre en la ciudad de Cochabamba y donde los dirigentes "sociales" expresaron su planteamiento solicitando "garantías legales ante los avasallamientos de minas". La figura fue considerada como una forma de asumir defensa frente a la acción ilegal, violenta y negativa de sectores "originarios" que atentan contra los proyectos de la actividad minera.
La denominada "mesa de desarrollo económico" que consideró varias opciones de actividades en las comunidades dirigidas a establecer condiciones propicias para el desarrollo regional, en una de sus principales resoluciones reclamó "respeto a la seguridad jurídica, con garantías de aplicación objetiva de la ley para evitar avasallamientos de minas" como ha estado ocurriendo en la gestión pasada con perjuicios para varias comunidades donde se suspendieron las tareas mineras, por falta de garantías.
Los promotores de la medida son dirigentes originarios que han recogido el pensamiento de sus bases y coinciden en señalar que "lo mejor será buscar plena armonía entre las actividades agrarias y ganaderas con la de producción minera, exigiendo en todo caso el respeto a las leyes, en especial a la del medio ambiente para garantizar la salud de la población".
El interesante tema deberá ser considerado también en la agenda de las "cumbres departamentales", especialmente de distritos como Oruro, donde hay necesidad de encarar nuevos emprendimientos mineros para mejorar las condiciones del desarrollo regional".
Existe la esperanza de que este delicado asunto esté inserto en el contenido de la nueva Ley Minera cuya aprobación se espera en los círculos allegados a la producción minera, tanto estatal como privada y cooperativizada, pues a partir de la regulación de ciertos elementos jurídicos se podrán garantizar las futuras actividades mineras en el país, evitando definitivamente los avasallamientos que son delitos abiertos –pero encubiertos– contra la propiedad privada y pública.
Como "remache" a la decisión de los movimientos sociales en torno a la defensa de los proyectos mineros estos mismos protagonistas de las resoluciones de la Cumbre Social han planteado – a las autoridades del área de minería – revertir el bajo nivel de industrialización de minerales exigiendo que se desarrollen proyectos de refinación y fundición, para dotar de valor agregado a los concentrados mineros y mejorar las exportaciones mineras.
Lo aprobado en la cumbre política del MAS tiene un sentido altamente positivo para vislumbrar mejores condiciones de acuerdos entre los comunarios y los emprendedores mineros, garantizándose operaciones e inversiones, lo que permitirá exigir también beneficios directos para el desarrollo de comunidades.
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