En septiembre de 2011, una tubería en una de las lagunas de lixiviación de Kori Kollo colapsó y derramó líquido contaminado en los alrededores de la plataforma. Los comunarios de los sitios afectados, en conversación con La Razón, piden que, si el yacimiento genera contaminación en su espacio vital, también se prevenga, mitigue y restaure, además de cumplir con las regulaciones ambientales.
Varias denuncias evidenciaron impactos negativos ambientales, presuntamente asociados a las actividades de la Empresa Minera Inti Raymi SA (EMIRSA).
El Viceministerio de Medio Ambiente y Agua recibió más de 800 reclamos (incluidos los de muertes y deformaciones en fetos de los animales) de parte de pobladores de las comunidades asentadas en la cuenca Desaguadero-Uru Uru-Poopó, en las provincias Saucarí, Cercado, Dalence y Poopó de Oruro. Se determinó la realización de una auditoría ambiental.
A fines de 2009 empezó la etapa de planificación. En la primera licitación fue elegido el consorcio boliviano-canadiense Dillon Ecología, pero su primer informe fue observado por la falta de trabajo científico. Luego se invitó a la Universidad Técnica de Oruro (UTO) a participar, pero no contaba con la boleta de garantía. En la segunda licitación se eligió a PCA Ingenieros Consultores SA, explica el presidente de la Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero y lagos Uru Uru y Poopó (Coridup), Félix Layme.
MUESTREO. “Ya se cumplió la segunda etapa de trabajo, que consistió en la toma de muestras de agua, suelos, vegetación, fauna y la sangre de animales domésticos de las áreas afectadas, con el objetivo de realizar su análisis en laboratorio. Así se determinará si existe o no el grado de contaminación en la zona”, dice el dirigente.
También afirma que se cumplió con la última fase, la recolección de información con base en encuestas. “Con ese trabajo se podrá saber el estado de salud de las personas de las comunidades afectadas”.
Debido al retraso en la presentación del último informe de PCA, que ahora se prevé que concluirá en abril de 2012, la Coridup, la UTO, el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) y otras organizaciones comunales firmaron un convenio para realizar una auditoría paralela. “Estamos susceptibles de que la información se parcialice en favor de Inti Raymi porque siempre hay donaciones de por medio”, advierte el técnico de Coridup y representante de la Federación de Juntas Vecinales de Oruro (Fedjuve), Yony Terrazas.
Al respecto, EMIRSA aclara que esas donaciones son de conocimiento público y se hacen de forma transparente y por intermedio de las autoridades y dirigentes de cada comunidad. “La pérdida de sembradíos siempre se resuelve después de elaborar un informe técnico, con transacciones de compra-venta de tierras individuales y comunitarias, y si corresponde se hace un pago o trabajos de compensación. La pérdida accidental de ganado se restituye o se compensa económicamente a los afectados, previo informe y comprobación del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).
“Los resultados de la universidad orureña se tendrán hasta marzo de 2012 y los compararemos con los de la consultora”, adelanta Terrazas.
En ambos estudios trabajan expertos en minería, metalurgia, geógrafos, hidrólogos, agrónomos, veterinarios, economistas, sociólogos y arqueólogos, para verificar el estado ambiental en la región.
INCIDENTES. Durante la explotación llevada a cabo por EMIRSA se reportaron cinco incidentes. El primero, según describe el libro Remediación ambiental minera Oruro-Potosí-La Paz, ocurrió en los primeros años de operación, en Chuquiña. Los resultados del análisis de laboratorio realizados dentro del monitoreo de la empresa indicaron: “se evidencia que algunos valores eventualmente registrados fueron esporádicos, con contenidos muy bajos en cianuro, estando levemente por encima de los permisibles”. Esto demuestra que hubo infiltración y fuga de cianuro.
En el pozo PFSA-5, del mismo lugar, se detectó la presencia del mineral en tres diferentes fechas: “en enero y julio de 1994 se observó una concentración de 2,58 mg/l y 4,88 mg/l, respectivamente, y en enero de 1995 subió hasta 18,58 mg/l. El 7 de febrero de 1998 se observó una concentración de 0,07 mg/l. En el cementerio de Chuquiña el cianuro presentaba un valor de 0,06 mg/l. Los reportes continuaron hasta noviembre de ese año, describe el documento.
El segundo incidente fue en 2002. “Una inspección realizada por la Dirección Departamental de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la entonces Prefectura, ahora Gobernación de Oruro, detectó el rebose de las aguas de las lagunas de evaporización e infiltración en el sector sud, situación que fue informada a la Autoridad Ambiental Nacional, por ello se solicitó una auditoría ambiental al proyecto Kori Kollo”.
El tercer percance ocurrió el 2 de agosto de 2007. La entonces Secretaría Departamental de Recursos Naturales y Medio Ambiente entregó una amonestación escrita a la empresa Inti Raymi, debido a que se había producido la filtración de aguas de las lagunas de evaporación e infiltración en Kori Chaca. “No se pudo conocer la cantidad ni la calidad del agua y qué acciones ejecutó la empresa para controlar la infiltración”. Un informe que EMIRSA elaboró en 2005 para la empresa minera Newmont señala que Kori Kollo informó de 82 emanaciones o incidentes de nivel 1 y 2. La mayoría se relacionaba con derrames de petróleo y soluciones de cianuro. La empresa lo reportó a las autoridades ambientales, pero no recibió ninguna sanción.
El último incidente fue el 5 de septiembre de 2011. Según un reporte de Inti Raymi: “se habría producido una ruptura de una de las tuberías que están en las plataformas de lixiviación, que contienen agua diluida con concentración de cianuro”. Indica que esta concentración no habría llegado a la laguna de los patos (reserva de agua dulce) y que al momento no se conoce la cantidad de concentrado que habría llegado al río Desaguadero ni las causas que originaron el suceso.
Según EMIRSA, las investigaciones realizadas para la formulación del Estudio de evaluación de impactos ambientales se sustentaron en los análisis de consultoras especializadas y con reconocimiento internacional, que desarrollaron modelos de simulación a largo plazo con base en estándares ambientales.
“El impacto introducido en la región será aceptable y enmarcado en lo que es una industria minera moderna y no afectará el futuro ambiental de la comunidad”, describe el documento.
Metales pesados en Santo Tomás
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comunidad Europea publicaron en 1999 los límites máximos permisibles en cuerpos receptores, para estimar la calidad de agua de bebida. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente elaboró en 1996 el Reglamento a la Ley de Medio Ambiente con los límites permisibles para cuatro tipos de agua (A, B, C y D), clasificados según su uso.
Antonio Salas, en un estudio realizado en 2009 en la comunidad orureña de Santo Tomás, determinó la alarmante presencia de metales pesados en las aguas de las acequias del sector. La zona es irrigada con aguas del Desaguadero, contaminada por las minas, entre ellas las de Inti Raymi.
LÍMITES PERMISIBLES EN LOS CUERPOS DE AGUA Reglamento boliviano Parámetros A B C D Norma Norma Muestra OMS (2) (3) Oruro AlemanaArsénico mg/L 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,01 45,06Cadmio mg/L 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 7,102Zinc mg/L 0,2 0,2 5 5 5 5 175,98Plomo mg/L 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,04 45,96Cobre mg/L 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,04 112,84pH 6-8,5 6-9 6-9 6-9 6,5-8,5 6,5-9,5 3,04
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