La minería no está mal, acabó la gestión pasada con registros importantes en materia de exportación principalmente, aunque con cierta disminución en los volúmenes de producción debido particularmente a la confianza en los precios que permitió buenas recuperaciones aún con menos productividad.
Lo que sí se mantiene es la incertidumbre en el sector minero en general ante la aprobación de la ley que regirá propiamente el destino de la minería nacional a partir de la normativa que aún está en proceso de análisis y cuyo tratamiento en la Asamblea Legislativa definirá el futuro esquema de un programa de arranque global de la minería o de un retardo improductivo que puede demorar bastante en reactivarse.
Lo evidente es que muchas promesas se han hecho al finalizar el año, algunas que han complicado las relaciones entre sectores de productores mineros, por ejemplo los asalariados y los privados por un lado y los cooperativistas por el otro, unos obligados a cumplir con disposiciones tributarias ineludibles, mientras los otros liberados de tal situación e inclusive recibiendo apoyo financiero directo para estimular su producción.
No se sabe cuál será el criterio oficial contenido en el código en preparación para neutralizar esas diferencias que alteran los sistemas productivos y que además por sus condiciones ponen en descubierto algunas posiciones de orden político, que en el caso minero deberían estar exentas pues se trata de una actividad predominantemente técnica y generadora de divisas a favor del Tesoro General del Estado y los tesoros departamentales de los municipios, por tanto merece un tratamiento estratégico, sin presión política alguna.
Las causas que priman para las variantes negativas en la minería están originadas en las transacciones industriales y comerciales de las grandes potencias que pueden manejar a su libre albedrío el registro de los precios internacionales de los cuales dependemos necesariamente y todavía tardará algún tiempo en que podamos liberarnos de las pizarras de cotizaciones.
En los niveles gubernamentales se habla de impulsar la actividad productiva en general, lo que satisface plenamente pues de esa manera se puede lograr objetivos más concretos para impulsar el desarrollo nacional. Sin embargo, los aspectos relacionados al cambio climático afectan a ciertos sectores del país como la agro-ganadería que pierde su capital cuando se presentan sequías en unos sitios o inundaciones en otros, como sucede en los dos extremos del país, tanto en el oriente como en el occidente; mientras que la minería también en las mismas regiones "capea" el temporal y se mantiene vigente, aunque sufra algunas dificultades superables y no depredadoras como en los otros casos.
La minería bien organizada, adecuadamente planificada desde su exploración, prospección, extracción, tratamiento de elevación de la ley metálica y la futura intención de añadir valor agregado a nuestros concentrados a través de los procesos de industrialización metalúrgica y siderúrgica demandará todavía un largo periodo, de ahí que es necesario que se estructuren programas de rápida aplicación para hacer más dinámica la explotación minera acudiendo a la tecnología que pueden proporcionarnos importantes inversionistas que están listos para sumarse a emprendimientos nacionales… siempre y cuando las condiciones de seguridad jurídica, las garantías y las facilidades sean factores objetivos a la hora de asumir corresponsabilidad en la actividad minera para asegurar miles de empleos directos e indirectos y millonarios ingresos para el país y las regiones por la vía tributaria y de las regalías.
LOS PROYECTOS
En opinión del ministro de Minería, José Pimentel, la minería estará enfocada el año 2012 al desarrollo de los proyectos más grandes, como el de la explotación de las salmueras en el salar de Uyuni para lo cual se ha definido una inversión del orden de 800 millones de dólares que serán desembolsados por el Banco Central de Bolivia en la medida de los requerimientos de la planta piloto instalada en el salar y donde se espera producir, a partir de esta nueva gestión, en un sistema semi industrial por lo menos unas 40 toneladas mensuales de carbonato de litio y hasta mil toneladas de cloruro de potasio.
El ambicioso proyecto tiene sin embargo varias fases que se cumplirán de manera paulatina habiéndose garantizado un crédito de 180 millones de dólares por parte del ente emisor, que dispondría una ampliación hasta de 400 millones para llegar a la fase de industrialización del litio, fase en la que también se requerirá la asociación estratégica con algunos de los inversionistas extranjeros eligiendo entre las propuestas de las industrias asiáticas que ya mostraron deseos de invertir en el litio.
El 2012 servirá también para poner en marcha –de una vez– el complejo siderúrgico de Karachipampa en Potosí, pero además impulsar el crecimiento de la fundición de estaño en Vinto – Oruro. Otro proyecto servirá a los dos distritos mineros para disponer de plantas hidrometalúrgicas de zinc, para lo cual sólo falta definir su ubicación, en base a un informe técnico – económico.
Aunque de manera especial no se dijo nada sobre el hierro del Mutún se entiende que ese constituirá otro de los proyectos que serán apoyados desde la Comibol, para mejorar la producción en el 50 % del cerro del Mutún, donde la otra parte está siendo explotada –con muchas interferencias– por la firma hindú Jindal Steel & Power.
Sin embargo, fuera de los proyectos del sector estatal hay que pensar en la gran minería y los proyectos que pudieran ser financiados por los empresarios mineros privados, muy interesados en varias alternativas, pero al mismo tiempo esperando las regulaciones que se aprueben en la Ley Minera.
Agencia Uru
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