Los expertos en minería, no simples analistas, tampoco meros observadores y nada que ver con aproximaciones políticas, coinciden plenamente en el hecho de señalar que la minería regional y de Oruro en particular necesita un tratamiento muy delicado para reubicarse en el contexto productivo nacional con toda la fuerza que se necesita para hacer viables varios proyectos que deberían ya estar en fase de implementación.
Un conjunto de profesionales de nuestra universidad técnica local han estado analizando las perspectivas del sector para establecer las condiciones actuales en que se desenvuelve la región, mientras que muy cerca, propiamente a lado nuestro, el hermano departamento de Potosí tiene en su jurisdicción a las mayores empresas inversionistas que están demostrando la importancia de desarrollar una minería moderna, cumpliendo programas muy definidos en absoluto respeto a las normas vigentes, especialmente en concordancia con la Ley del Medio Ambiente y las regulaciones aún vigentes de tierra y territorio.
La generación de recursos para el Erario Nacional es un hecho contundente como son también las regalías que se paga a los tesoros regionales y los porcentajes asignados propiamente a los municipios, lo que se complementa con programas "sociales" que satisfacen demandas de las comunidades para mejorar sus propias condiciones de vida.
Lo que ha estado sucediendo en el último tiempo es una demostración de lo que la minería produce en Potosí, un millonario ingreso regalitario y otro por el concepto impositivo que permite a su gobernación alentar planes para el desarrollo sostenible de esa región, definiendo además por la vía autonómica las prioridades que se deben atender sin perderse en minucias sectarias.
Siendo la minería un sector de alto rendimiento en la dimensión en que puedan alentarse más proyectos, por ejemplo en el caso de Oruro, hay que exigir que la situación administrativa en su contexto general, como lo establece la nueva Constitución, sea ejercida desde la visión autonómica, alternativa que nos permitirá dirigir nuestros esfuerzos y recursos a impulsar el desarrollo de un plan minero central, debidamente estructurado en el resultado de la fase preliminar de exploración y definición del potencial de nuevos yacimientos mineros, que hay varios esperando definiciones, pero por supuesto con las seguridades necesarias para su desarrollo sostenible.
No se puede esperar que sea la Comibol, la estatal minera, que impulse algunos de los proyectos mineros, sabiendo y viendo que la capacidad de esa empresa aún no tiene la solvencia y garantía suficiente como para garantizar efectividad de inversiones y aplicación técnica de nuevos proyectos.
Hay que recurrir necesariamente a la inversión privada para movilizar la prospección minera que determine nuestras potencialidades y las necesidades que se requieran para efectivizarlas en la perspectiva del crecimiento regional. El Estatuto Autonómico debe afirmar la economía departamental en la minería, de manera que esos recursos y su transformación industrial se conviertan en el sustento financiero del resto de nuestros anhelos.
La alternativa del proceso social nos abre la puerta de tomar decisiones en el orden que nos permite nuestra autonomía, sin tener que estar sujetos a lo que pueda decidirse desde el poder centralista que, como se observa, sigue siendo absorbente y perjudicial al cumplimiento de ciertas metas de crecimiento.
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