Bajo la regulación de la nueva Ley de Minería, los contratos de la empresa minera Sinchi Wayra y de otras firmas deberán migrar a contratos de operación en el transcurso de 2012, de modo que el Estado tenga mayor participación en las ganancias.
Así lo reveló el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, quien explicó a este medio de comunicación que en el caso de los acuerdos con Sinchi Wayra habrá modificaciones “porque tenía un contrato en riesgo compartido (por la mina Bolívar) y dos contratos de arrendamiento (Porco y Colquiri); ahora no seguirá vigente esta situación, se está cambiando la estructura de los contratos para que el Estado pueda recibir una utilidad mucho mayor de la que recibe”.
El conglomerado de minas administradas por la filial de la suiza Glencore en Bolivia extrajo de enero a junio 89.757 toneladas métricas (TM) de zinc, 6.724 TM de plomo y 2.190 TM de estaño, según un informe de la Calificadora de Riesgo Pacific Credit Ratings (PCR).
Córdova manifestó que durante todo este año el Gobierno, a través del Ministerio de Minería y Metalurgia y la Comibol, tuvo una serie de reuniones con los ejecutivos de Sinchi Wayra para tratar la migración de contratos con miras a una estructura acorde a la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
El artículo 370 de la nueva Carta Magna establece la alianza de los inversores privados con el Estado a través de la entrega de derechos de explotación en la cadena productiva minera con la firma de contratos. Con ese panorama, todas las concesiones debían trasladarse en el plazo de un año a la modalidad de contratos de operaciones.
Córdova aseguró que Sinchi Wayra se mostró abierta a llegar a un buen término en su relación con el Estado.
No hubo el mismo acercamiento con empresas como Panamerican Silver y San Cristóbal, pero se comenzarán reuniones el próximo año.
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