Un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, en los meses de junio y julio de este año, identificó la presencia de 145 niños y adolescentes que trabajan en el Cerro Rico, aunque estima que este número es superior debido a que en algunos casos los menores aumentan su edad. De esta cifra, el 91% son adolescentes de entre 15 y 17 años que trabajan en interior mina; un 6% está entre 8 y 12 años y un 3% entre 13 y 14 años que realizan trabajos en la parte externa.
En informe oficial de la Defensoría del Pueblo es denominado “Estado de situación de niños, niñas y adolescentes que viven en el Cerro Rico y trabajan en la actividad minera”.
Reveló que los adolescentes de entre 16 y 17 años, son atraídos por una “buena paga” en la actividad minera en el Cerro Rico, donde perciben entre 1.200 y 3.400 bolivianos mensuales por cuatro horas diarias de trabajo, “a cambio ponen en riesgo su vida, abandonan la escuela y se les vulneran sus derechos laborales y de salud, principalmente”, dijo Rolando Villena, defensor del Pueblo.
El estudio se realizó con el apoyo de la organización Tierra de Hombres-Holanda y cuatro sectores del Cerro Rico: Robertito, La Plata, Caracoles y Pailaviri, donde se entrevistó a adolescentes, niñas y niños, además de familiares, profesores y autoridades, muestra además, que otros 280 niños, niñas y adolescentes viven junto a sus madres que trabajan 24 horas al día en las bocaminas como “guardas” o “serenas” dependientes de las cooperativas mineras, en viviendas precarias, sin servicios básicos ni condiciones de seguridad y apoyan en la labor que ellas realizan sin recibir ningún pago.
“La remuneración que reciben por su esfuerzo, ha llevado a que abandonen la escuela, a trabajar sin un contrato laboral, a no exigir seguro de salud y, fundamentalmente, a poner en riesgo su vida ya que ingresan a interior mina sin el equipo de seguridad necesario”, afirmó Villena.
Asimismo dijo que existe desatención por parte de las instituciones del Estado, que en lugar de proteger, resguardar y garantizar su bienestar en las actividades mineras, muestra permisividad y falta de control sobre las cooperativas que entre sus prioridades no está el garantizarles seguridad, protección y cuidado.
“Los resultados de esta investigación serán enviados a las autoridades respectivas con las recomendaciones y las exigencias para que se cumpla lo que manda la ley y la Constitución”, indicó.
La Representante Defensoría de Potosí, Jackelin Alarcón, a tiempo de presentar los resultados, indicó que el 95.2% de los adolescentes no tiene contrato escrito de trabajo.
Casi la totalidad de ellos desconoce sus derechos laborales y las instancias adonde pueden acudir en caso de incumplimiento de deberes de la parte empleadora.
En lo que se refiere al acceso a la salud, el 83% de los 145 niños y adolescentes entrevistados, no cuenta con seguro de salud. Cuando se enferman el 62.6% acude a un centro de salud pagando por el servicio, el 21.6% acude a una farmacia y el 15.7% se cura en casa con remedios caseros.
El 94% de los adolescentes entrevistados indicó que trabaja en interior mina sin haber recibido ningún tipo de capacitación sobre seguridad industrial, lo que junto a su inexperiencia, los expone a sufrir accidentes.
DATOS
- El 84.8% de los adolescentes que trabajan en interior mina, percibe semanalmente entre Bs 300 a 900, un promedio de Bs 2.400 por cuatro horas.
- El 64.1% trabaja en la mina de manera eventual y el 35,9 % de manera permanente.
- Solamente el 19.3% fue contratado por un socio cooperativista, lo que dificulta la exigencia de sus derechos laborales.
- El 74.5% dice que le gustaría trabajar en otros rubros.
- El 82.6% de adolescentes no reciben ropa de trabajo de sus empleadores, solo el 16% cuenta con ropa de trabajo cuyo costo es descontado de su salario.
- El 100% de las familias no cuentan con servicios higiénicos. La disposición de excretas y basura a campo abierto agudiza el efecto de contaminación presente por la actividad minera.
- El Estado a través de sus instituciones no tiene presencia en el Cerro por lo que las organizaciones privadas que realizan trabajos en estos sectores, de alguna manera, reemplazan la labor del estatal, sin embargo no es suficiente.
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