Los trabajadores de la mina San Cristóbal, la más grande de Bolivia y filial de la firma japonesa Sumitomo, cumplieron ayer diez días en huelga y se mantiene para exigir mejoras en el sistema de salud de la empresa.
Una fuente de San Cristóbal confirmó a Efe que no hubo avances hacia una solución del problema y que "las medidas de presión se mantienen y la producción está paralizada".
La empresa aún no tiene una cifra oficial de pérdidas por la paralización de la mina, pero el Ejecutivo boliviano calcula que los daños por día ascienden a 400.000 dólares, con lo cual el perjuicio total sobrepasaría los cuatro millones.
Los trabajadores exigen el despido del personal sanitario de la empresa para dialogar, mientras que la firma pide que cesen las protestas y se reanuden las operaciones.
Los obreros iniciaron la huelga tras la muerte de un trabajador enfermo que debió ser trasladado a La Paz para recibir atención en centros médicos especializados.
Ahora exigen mejoras en los servicios de salud y educación que paga la filial de Sumitomo, además del mantenimiento de carreteras aledañas.
La empresa asegura que su sistema de salud es gratuito y beneficia a unas 8.000 personas, incluidos sus 1.380 obreros y sus familias, más 2.500 campesinos de la zona y 1.000 contratistas.
La filial de Sumitomo, que asegura haber invertido cerca de 1.400 millones de dólares en San Cristóbal, explota el mayor proyecto minero que está en operación en Bolivia, en el sureste del país, cerca de la frontera con Chile, donde extrae a cielo abierto plata, plomo y zinc.
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