Desde mediados del año presente se avanza mes tras mes, esperando que se ponga en consideración de la Asamblea Legislativa el anteproyecto de la nueva Ley Minera que contendrá la normativa para regular, lo que de momento podría considerarse como la principal alternativa productiva del país: La minería.
Hay muchas especulaciones sobre una serie de artículos que estarían siendo considerados a nivel de las comisiones encargadas de analizar la ley minera, en una tarea que se cumple en el Ministerio de Trabajo y en la que estarían trabajando representantes de varios sectores afines a la actividad minera, tanto del ámbito privado, como del estatal y de las cooperativas, pero todavía sin llegar a coincidencias favorables que permitan aprobar el instrumento legal.
Los factores de mayor controversia se relacionan con las cargas impositivas, el tema de las regalías, su adecuada y equitativa distribución, está pendiente el asunto relativo a los sistemas de contratos que regirán en adelante, pero por supuesto arreglando lo que corresponde a lo que se llamó la "migración de los contratos".
Algo que exige tratamiento abierto y que facilitaría impulsar muchos proyectos privados, especialmente para la minería chica y la mediana, es la creación de un Banco de Fomento Minero, no sólo de un "fondo de emergencia" como el que se dispuso para las cooperativas mineras y que sirvió para salvar la coyuntura de la caída de precios, se requiere de un ente financiero que apoye las iniciativas mineras para concretar proyectos desde la fase de exploración hasta la etapa de exportación.
Una serie de datos oficiales, algunos del INE, otros que corresponden a organismos especializados en materia de evaluación económica, señalan los positivos logros que alcanzó en el último tiempo la minería llegando inclusive a superar los ingresos generados por el rubro de hidrocarburos, con destino al Erario Nacional. Eso significa que se trata de un sector sumamente importante que no puede ni debe descuidarse en la dotación de normativas precisas para su crecimiento y mayor rendimiento, eliminando factores adversos o barreras de orden burocrático que hacen difícil la opción de invertir, sin garantías en nuevos emprendimientos mineros.
Hay algo que debe tomarse en cuenta como motivo especial de consideración por la importancia que tiene en el caso de la proximidad y los peligros que entraña la competencia de países vecinos, cuyos sistemas impositivos, incluyendo al Perú con algunos cambios, se hacen atractivos para atraer grandes capitales y tecnología moderna, lo que hace posible cambiar el esquema de rentabilidad y hacer de la minería, realmente el sector de mayor rendimiento económico en materia de beneficios generales, para el Estado y para los involucrados en el proceso productivo minero.
Pero hay cosas que deben ser tomadas en cuenta por quienes tienen la responsabilidad de analizar, debatir y consensuar las diferentes posiciones de los delegados sectoriales que tienen en consideración el texto de la nueva Ley de Minería, que según se explica podría estar lista hacia fines de año.
Por un lado, los empresarios mineros privados especialmente de Potosí y Oruro, frente a la caída de precios en el mercado internacional, sugieren que no se apliquen nuevos tributos para el sector minero, pues se corre el riesgo de un cierre de operaciones, si en el balance financiero, pesan más las cargas que la recuperación de las inversiones. Se observa que en el proyecto minero se estaría por aplicar una alícuota adicional del 10 % al impuesto a las utilidades, del 37 % que ya pagan las empresas mineras, además de un incremento en las regalías mineras que fluctuaría entre el 25 al 35 %, aplicable en el caso de algunos minerales, como el estaño y la plata y otros en menor escala.
La recomendación es justa, entendiendo que no es posible "cargar más impuestos" sin facilitar los medios para el crecimiento productivo, es decir cobrar más regalías e impuestos adicionales, con una producción restringida por los vaivenes de precios externos y por la carencia de incentivos internos.
La consecuencia lógica podría traducirse en la disminución de actividades y hasta en el cierre de operaciones, si son más las dificultades que los logros obtenidos para sostener centenares de empleos y favorecer con las regalías a municipios, gobernaciones y al Estado.
Sobre este delicado asunto, las coincidencias son muy claras en las posiciones que asumen los ejecutivos del empresariado privado de Potosí y Oruro, Jaime Uzquiano y Luis Ramiro García, respectivamente, pero además en el mismo sentido la posición de la Cámara Nacional de Minería y hasta del sector de las cooperativas mineras, que en conjunto representan el mayor porcentaje de la importante producción minera del país, a la que se suma la minería estatal.
La alternativa de riesgo es simple en el momento actual, asegurar un proyecto de largo alcance con inversiones garantizadas para generar crecimiento minero con nuevos yacimientos y miles de empleos o simplemente pensar en la posibilidad de lograr más ingresos en una coyuntura de precios que es pasajera y transitoria, justamente lo que ocurre actualmente, poniendo en riesgo la posibilidad de atracción de capitales con reglas claras de juego, lo que impedirá que nuestros minerales se queden bajo tierra, por inapropiadas medidas de una estrategia que debe ser analizada responsable y serenamente.
No hay que dejar de lado el tratamiento legal de lo que significan los nuevos contratos con las empresas mineras. De momento se dice que la nueva Ley Minera no tocará los contratos de arrendamiento de firmas privadas, empero un reciente análisis de Milenio refiere que el nuevo Código Minero eliminará el sistema de concesiones y lo reemplazará por la forma de contratos y/o las licencias, eliminando de ese modo la posibilidad de alentar cambios dinámicos en la minería boliviana a cargo de empresas privadas y mantener la tradicional minería estatal, basando su avance en las posibilidades económicas del propio Gobierno. Un cambio radical en el tema reitera que "la propiedad de los recursos naturales del suelo y subsuelo son de dominio directo indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y su administración corresponde al estado en función del interés colectivo", lo que elimina el centenario sistema de las concesiones y lo reemplaza con los contratos y las licencias.
En el otro frente, el estatal, se anticipa que se producirá una "refundación" de la Comibol, para que esa empresa alcance el objetivo de su creación, que debe ser impulsar el desarrollo productivo diversificado, la transformación de la matriz `productiva, el desarrollo industrial y la generación de excedentes económicos en la minería, metalurgia y la siderurgia del país. El propósito es bueno, pero hay quienes observan un anuncio sobre la creación de empresas paralelas que desvirtuarían la misión que debe cumplir la Comibol.
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