No lo decimos nosotros al comenzar la presente nota, simplemente recogemos una opinión valedera de orden legal, que señala exactamente eso de “cumplir primero para exigir después”, y tal parece que eso fue lo que sucedió con el caso de la empresa hindú Jindal Steel & Power para explotar parte del rico cerro de hierro en el oriente boliviano.
Se plantearon exigencias inclusive de manera radical en función de la sociedad vigente entre la firma india y el Estado boliviano, se argumentó incumplimiento en un cronograma de desembolsos que deberían servir para impulsar la explotación del hierro del Mutún, pero lo que no se cumplió en realidad fue la entrega total de los predios ofrecidos a la inversionista hindú para que realice sus operaciones de extracción de hierro y más adelante trabaje en ampliar sus operaciones hasta llegar a la siderurgia produciendo acero para exportación.
Una determinación gubernamental de la semana pasada justifica los reclamos de los hindúes, pues recién se dispuso el envío a la asamblea legislativa de un proyecto de ley para modificar y aprobar la cesión de tierras a favor de la Jindal, empresa que espera el cumplimiento de tal medida para iniciar por su parte el desembolso de las inversiones programadas y no realizadas con la celeridad que reclamó la parte societaria boliviana.
En realidad ya existe una demora obligada por parte de nuestras autoridades, toda vez que la aprobación del proyecto antes de su envió a la instancia parlamentaria debió aprobarse en la sesión de gabinete de la semana pasada lo que no se dio debido a que se establecieron algunas observaciones que una vez enmendadas, permitirían recomendar su pronta aprobación para evitar perjuicios en los cronogramas establecidos para operar en el Mutún.
En tanto sean enmendados algunos errores por parte de técnicos del Ministerio de Minería, los ejecutivos de la Jindal Steel, hicieron saber su predisposición de concretar de acuerdo a un cronograma reformulado los desembolsos de la inversión fijada en 2 mil 100 millones de dólares, para un lapso de explotación de 40 años, según reza el contrato original.
Hay una paralización en las faenas que se cumplían en el Mutún debido a la espera del cumplimiento de los trámites saneados sobre la entrega de 870 hectáreas de tierras debidamente saneadas en la parte del 50 por ciento del cerro ya dispuesto a favor de la Jindal. Se trata de una promesa que surgió en la amigable entrevista entre el Primer Mandatario Evo Morales y el Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas.
A propósito del tema, el principal ejecutivo de la Jindal en Bolivia, Jaime Santa Cruz, exteriorizó su complacencia por el avance responsable de las gestiones para regularizar la cesión de tierras, saneadas y sin gravámenes.
Dadas las condiciones actuales por supuesto que surgen muchas interrogantes que tienen que ver con las actitudes del Ministro de Minería, con la posición de autoridades de la Comibol y de la contraparte nacional en la sociedad con la Jindal, especialmente en lo que corresponde a establecer culpabilidades, en el incumplimiento de contratos. Está claro que existe una falla, de ahí que no se justifican las posiciones altisonantes y prepotentes cuando se sabe claramente que no se están cumpliendo las condiciones propicias, para reclamar una justa reciprocidad en servicios y en desembolsos.
¿Dónde estuvo la falla? El asunto proviene de la primera etapa en que se puso en marcha el proyecto? Posiblemente como lo dijo en algún momento el primer ejecutivo de la Empresa Boliviana del Mutún, Guillermo Dalence, “las cosas no estaban claramente definidas”, refiriéndose justamente a la concesión de tierras. Lo importante es salvar el proyecto y la inversión.
En el análisis jurídico, la entrega de tierras a la firma india Jindal no fue legal porque se basó en un área de concesión modificada y fuera de contrato situación que en la actualidad se trata de resolver con la incorporación de una adenda que justifique y legalice la dotación de los predios comprometidos en el contrato original. Lo que corresponderá posteriormente y para dar el visto bueno definitivo es que, por decirlo de ese modo, el convenio revisado con los añadidos correspondientes tendría que llegar sí o sí a la instancia de la Asamblea Legislativa, donde se imprimirá el sello de legalidad final.
Hay un componente social que se suma a los netamente empresariales y es el que corresponde al movimiento cívico de Puerto Suárez, que determinó otorgar un plazo no mayor de la quincena de mes para que el Ejecutivo haga llegar el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa y en esa instancia se apruebe (con dispensación de trámites) la regularización de cesión de tierras a la Jindal, para no seguir perdiendo más tiempo en una operación que se inició el año 2007 y que está entrabada, por cuestiones legales.
(Agencia -Uru)
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