Lo cierto es que en las gestiones del actual gobierno, no se han tomado decisiones concretas para asumir el reto de “reactivar la minería”, se trata de un planteamiento que se arrastra desde gobiernos pasados y eso significa que con el actual fácilmente podemos hablar de más de una década en que se reclama reactivación minera.
La caída del sistema en la década de los 80 con la relocalización de miles de mineros marco el desastre del sector, sin embargo desde entonces y con algunos periodos de duro sacrificio se logró repuntar la actividad, pero no se alcanzó la tan mentada reactivación, pues ahora, seguimos hablando de los macro proyectos mineros y en la práctica apenas estamos dando los primeros pasos de experimentación como sucede con el hierro del Mutún y lo más grave con el litio de los salares, pero sin una política minera definida.
Expertos nacionales, destacados industriales de la gran minería internacional ven a Bolivia como un centro de futuras y amplias perspectivas en materia de la producción minera, tanto así que se nos observa como un país próximo a convertirse en una verdadera potencia energética… pero hay que trabajar con mucha responsabilidad para alcanzar ese objetivo y mientras se continúe tan sólo en la fase de los discursos y los anuncios teóricos, será muy difícil llegar a la parte operativa que nos permita sustentarnos con nuestro potencial minero.
Hay ejemplos muy claros del tiempo actual que naturalmente preocupan a los entendidos, profesionales y expertos en minería de nuestro país, cuando se “dan largas” a la implementación de una política minera, que no es lo mismo que el Código Minero que se quiere implementar y cuyas reglas de juego tal parece que en lugar de atraer inversiones las ahuyentaran.
Lo que se reclama es un “programa general del desarrollo de la actividad minera en Bolivia”, tomando en cuenta las potencialidades que tiene cada región y las posibilidades de los protagonistas de la explotación de tales recursos con planes concretos y pragmáticos, técnicos y suficientemente respaldados con inversiones y tecnología.
Faltan las “reglas de juego” que si bien deben ser parte del Código Minero, también deben constituirse en normas para garantizar las inversiones, desde el plano jurídico, societario en su caso, garantías permanentes y lo que es más, una suerte de incentivos por ejemplo en el sistema tributario que signifiquen “reales tentaciones” para potenciales inversionistas, aspecto éste último que definirá la suerte de los próximos emprendimientos en la minería nacional en su conjunto, la chica, la mediana, la estatal y la cooperativizada.
El Estado debería alentar la actividad minera para que justifiquemos ese anhelo de convertir a Bolivia en una potencia de producción minera
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