Como una necesidad básica de asegurar la economía del futuro departamento autonómico orureño, hay que pensar en la minería como el principal sustento financiero que permitirá encarar la ejecución de importantes proyectos que una vez consolidados se convertirán también en fuentes alternativas generadoras de mayor riqueza para sostener el crecimiento departamental.
Lo que está claro es que la identificación internacional de Bolivia es reconocida como la de un país minero por excelencia y se considera como una variante productiva interesante la que corresponde a los hidrocarburos y el gas, como elementos potenciales para costear las obligaciones del Estado boliviano.
Más de una vez se ha hecho referencia a la falta de políticas mineras, que no es lo mismo que un código sectorial, ni siquiera una Ley que se implementa para su próximo tratamiento y posiblemente su aprobación hacia fin de año, lo que se necesita son líneas maestras, programas especiales de prospección, ideas renovadoras para la introducción de tecnologías modernas y la vigencia plena de garantías para inversionistas. Todo puede estar englobado en el documento maestro que es la Ley, pero lo que se quiere son programas, políticas concretas para movilizar todo el aparato minero nacional.
Hay cosas que deben ser tratadas específicamente, no por nada se reconoce la ausencia de inversiones, salvo aquellas que están dirigidas exclusivamente a la explotación del litio. Pero en el país y en el caso de Oruro se han detectado yacimientos mineralizados a “flor de tierra”, en gran parte del sur orureño, lo que obliga a tomar iniciativas prácticas para encarar la evaluación de esos reservorios de minerales y con los resultados acometer proyectos que por su magnitud pueden tentar inversiones internacionales.
Estamos señalando la ausencia de una verdadera política minera, sabiendo que el gobierno está en pleno conocimiento de la vigencia de interesantes precios en las pizarras internacionales (Londres y Nueva York), justo un tiempo preciso para impulsar la minería con todos los recursos que se pueda, tanto financieros como tecnológicos, pero además rodeando a las operaciones mineras de las condiciones necesarias de seguridad jurídica con las plenas garantías para su desarrollo y crecimiento.
No se puede perder el tiempo en una serie de prolegómenos de orden interno que afectan sensiblemente los proyectos mineros. El caso potosino por ejemplo es una muestra de la demora en atender demandas cívicas, que luego se convierten en factores conflictivos con serias derivaciones. Hay que recordar que ya en el año 2008 los trabajadores mineros cooperativistas de Potosí realizaron un paro y bloqueo de caminos durante 10 días rechazando la aplicación de un nuevo sistema tributario minero más alto que no fue admitido. Los mineros quemaron entonces las oficinas de Impuestos Internos y se produjeron otras acciones violentas.
En la actualidad los precios internacionales están en auge y la política minera está ausente, aclarando que no se trata del nuevo Código Minero o la Ley de Minería, que seguramente delineará la macro política minera, pero de todos modos debe insistirse en una “agenda” de trabajo que priorice los proyectos más próximos a su desarrollo, los que sean viables financieramente y aquellos que con un soporte financiero inmediato pueden convertirse en nuevas alternativas para impulsar la minería en todos los subsectores de área.
La propuesta de impulsar la minería es resultado de muchas reuniones, talleres y seminarios, más de una mesa redonda y cualquier cantidad de conferencias, varios de los eventos patrocinados por el sector minero privado y otros muchos organizados por el sector oficial. La coincidencia es que, en todos los casos se plantea definir un conjunto de medidas dirigidas a impulsar financieramente a la minería en su conjunto, empezando por facilitar recursos a proyectos ya definidos, como el litio en los salares de Uyuni y Coipasa, pero al mismo tiempo crear un organismo financiero que apoye iniciativas de la minería chica en el sector privado, tal como lo hace el gobierno con las cooperativas. El resultado de apoyar al sector globalmente permitirá un verdadero “boom” de la minería con los resultados de recuperación de inversiones y percepción de utilidades que llegarán a toda la nación a través de las divisas que rescata el TGN y por vía de las regalías los gobiernos departamentales.
Los hechos más recientes se produjeron en Potosí, el distrito más importante por la producción minera y por la obtención de regalías, ni duda cabe, empero pese a ese hecho comprobado un pueblo insatisfecho que no alcanzó los objetivos de su desarrollo pleno y lo que es peor complicando una situación de límites que tiene que ver con los recursos naturales, claramente el litio, como si no fuese posible establecer con precisión las áreas de propiedad jurisdiccional y juntos obtener los beneficios que la naturaleza nos brinda en cada región.
Se exige una política minera para que, debidamente reglamentada, facilite el uso racional de recursos mineralógicos disponiendo lo necesario para encarar tareas de exploración, por ejemplo en nuestro territorio, sector sur, donde existirían valiosos yacimientos de cobre y hasta de uranio que deben ser investigados, cuantificados y explotados para beneficio nuestro, no como sucedió hace años justamente en la zona fronteriza entre Potosí y Chile donde seis empresas de aquel país hasta lograron concesiones para explotar nuestros minerales. En caso como ese es justa la reacción nacional, empero si se trata de hermanos (Oruro y Potosí) lo más correcto, lo ideal y lo justo es que juntos definamos mínimos problemas y encaremos de igual modo el tratamiento de nuestros recursos, para profundizar luego el crecimiento de toda la región occidental hasta ahora la más atrasada en el contexto de la nacionalidad.
(Agencia Uru)
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