Basado incluso en las previsiones más conservadores, las reservas de litio de Bolivia son las más grandes del mundo. El Salar de Uyuni, una extensa y brillosa planicie de 10.000 kilómetros cuadrados cubierta de minerales incrustados en sal, y localizado en el sudoeste del departamento de Potosí, es el punto cero para los sueños de litio bolivianos.
Las empresas y gobiernos extranjeros por igual se han puesto en fila para cortejar al gobierno de Bolivia, que trata de lograr el mejor acuerdo posible para el beneficio de su gente. Entre los principales interesados están dos gigantes japoneses, Mitsubishi y Sumitomo, la última, ya tiene una participación en la controversial Mina San Cristóbal, conocida por contaminar la misma región. También está cortejando al gobierno el productor francés de vehículos eléctricos, Bolloré, así como los gobiernos de Corea del Sur, Brasil e Irán.
El gobierno boliviano ha esbozado un plan general para las diversas fases de su ambicioso proyecto del litio, pero muchos de los detalles de cómo se llevará a cabo todo esto aún queda por definir. Para entrar en el mundo técnico y económico del preciado metal ya ha invertido $us 5,7 millones en la construcción de una Planta piloto al borde del Salar de Uyuni. Se trata de que la Planta sirva para probar todos los pasos necesarios de la extracción de litio de una costra subterránea ubicada en el Salar y separarla en partes específicas y comercializables. Con base en la información obtenida de la experiencia adquirida en dicha Planta, el gobierno tiene pensado construir una planta a una escala industrial mucho mayor, capaz de producir anualmente entre 30.000 y 40.000 toneladas métricas de carbonato de litio. A esto seguirá una tercera fase para producir compuestos de litio comercializables, que el gobierno tiene previsto realizar en sociedad con inversores extranjeros.
Para recibir ayuda y poder cumplir con los enormes desafíos que enfrenta, el gobierno ha creado un Comité Asesor Científico (Comité Científico de Investigación para la Industrialización de los Recursos Evaporíticos de Bolivia) integrado por expertos de universidades, compañías privadas y gobiernos que intercambian conocimientos libremente y de mutuo beneficio.
Los desafíos venideros en el camino del litio boliviano
El núcleo de las ambiciones de Bolivia sobre el del litio son simples: sacar de la pobreza a su pueblo mediante la obtención del máximo beneficio posible de un recurso natural, en los mercados internacionales de punta. Pero de aquí a donde pretende llegar en su autopista de litio, debe enfrentar grandes desafíos como los que a continuación se detallan:
Acertando la economía
Lograr cumplir los sueños de Bolivia sobre el litio, será como apuntarle a un pequeño objeto en movimiento. El mercado de baterías para vehículos se presenta como el más lucrativo para el litio y es al que apunta el gobierno de Morales (el presidente asegura también que Bolivia construirá automóviles eléctricos), pero todavía es un juego de adivinanzas: ¿cuán grande es ese mercado y cuándo estará en la cima? Bolivia podría optar por dirigirse a mercados más tradicionales, como el del vidrio y la cerámica, pero que no son tan rentables. Una opción intermedia sería centrarse en mercados de cierto tipo de baterías para relojes, teléfonos celulares, iPods, computadoras portátiles y otros artefactos electrónicos.
¿Cuánto costará establecer una industria de baterías de litio en Bolivia? La cifra es una de las más escurridizas piezas del rompecabezas informativo sobre el tema. Si Bolivia se decide por la plena industrialización del metal el presupuesto sería de $us 200 millones o más, solo para la planta principal, pero ello no incluye los costos adicionales de construir industrias químicas de soporte y un enorme sistema de infraestructura en una región donde incluso hoy contar con electricidad es un desafío tecnológico. Un funcionario boliviano ha ubicado el costo potencial final en mil millones de dólares. Debido a esto Bolivia busca establecer una seria asociación con inversionistas, una estrategia que algunos grupos de comunidades locales no aprueban.
El hecho de que el gobierno pueda contar repentinamente con importantes nuevos ingresos del litio no es garantía de que el pueblo boliviano vaya a beneficiarse de ello. Dicho dinero podría fácilmente convertirse en un imán de la corrupción, del despilfarro y del favoritismo y generar una tensión permanente entre la demanda de utilizar los fondos para obras públicas y la necesidad de reinvertirlo en la producción estatal de litio.
Impactos medioambientales
Perdida en la gran carrera del litio boliviano se encuentra una preocupación medioambiental muy seria y real. En nombre de proveer coches más limpios para los países ricos del norte, el hermoso y raro Salar podría terminar en tierra de desechos. La adecuación de la estrategia ambiental de Bolivia para el desarrollo de litio en el sudoeste de Potosí es puesta en duda por algunas organizaciones medioambientales reconocidas en Bolivia.
Uno de los principales problemas que la producción de litio podría causar es una gran crisis de agua. La región ya sufre de una seria escasez del líquido que afecta a los productores de quinua, a la crianza de llamas, a la vital industria del turismo, y a las fuentes de agua potable. Aunque los funcionarios bolivianos aseguran que las necesidades de agua para el proyecto de litio serán mínimas, sus estimaciones se basan en información muy limitada e incompleta.
La contaminación del aire, agua y suelos es también otra trascendental preocupación. Se necesitarán grandes cantidades de químicos tóxicos para procesar las estimadas 30.000 a 40.000 toneladas de litio anuales que el proyecto pretende extraer. El escape de dichos químicos por medio de la lixiviación, derramamiento o emisiones atmosféricas pone en peligro a las comunidades y al ecosistema como un todo.
Informes sobre el Salar de Atacama en Chile describen un paisaje marcado por montañas de sal descartada y enormes canales llenos de agua azul contaminada con químicos.
Frente a estas realidades los funcionarios gubernamentales bolivianos han minimizado dichos riesgos pese a que el sistema que piensan implementar para proteger el medioambiente es en el mejor de los casos inadecuado. Las instituciones públicas como el Ministerio de Medioambiente y Agua, que son responsables de asegurar el cumplimiento de las normas medioambientales, carecen evidentemente de la capacidad o la autoridad para intervenir de una manera efectiva. (Plataforma Energética).
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