Si no se adoptan medidas urgentes y se muestra la cara de seguridad jurídica que desean los inversionistas nacionales y extranjeros, posiblemente no se puedan encarar los proyectos importantes que se perfilan para explotar los recursos evaporíticos en los Salares de Uyuni y Coipasa o en el Mutún, sin contar otras alternativas favorables en materia de minería.
Si se retrocede nada más que un corto tiempo en la observación del fenómeno de la minería, se coincidirá en señalar que por lo menos hasta fines del año pasado y después del golpe de precios bajos en el 2008, se ingresaba en una etapa de recuperación de la minería, especialmente la más grande, tal el caso de las operaciones en Potosí de San Cristóbal, San Bartolomé o San Vicente, añadiendo Manquiri y otras menores que marcaron un repunte de producción, asegurando los dos elementos favorables que son divisas para el TGN y las consabidas regalías para los distritos y municipios, donde se producen los hechos mineros…una suerte de alternativas para hablar –incluso– del desarrollo regional, sino nacional.
Fuera de las actividades ya señaladas, autoridades del área de minería a partir del ministerio del ramo y de la Comibol recorrieron la nueva ruta de esperanza que se dirige hacia el oriente con el hierro del Mutún o la zona altiplánica en el occidente con la riqueza de los Salares de Uyuni y Coipasa…en el primer caso las reglas de juego confrontaron fallas y aún existe una controversia sobre quién incumplió su parte, la Jindal de la India o el Gobierno de Bolivia, pero se espera que superados los entuertos, el proyecto avance en un 50 por ciento, pues la otra parte corresponderá a un emprendimiento inicialmente nacional.
En el caso del litio el perfil de operaciones es complejo y por lo menos de momento no existe compromiso con ninguna transnacional, aunque hay más de tres sumamente interesadas en explotar e industrializar el litio, pero el gobierno aún no define la estrategia de tal operabilidad. Por qué no lo hace, ese es el dilema; posiblemente porque todavía se están haciendo cálculos sobre inversiones, posibilidades, opciones y ventajas finales. Sin embargo el asunto es cuestión de tiempo, pues el país necesita eliminar los factores de desconfianza en los posibles inversores, para que se habiliten capitales y la necesaria tecnología moderna para responder al reto de un nuevo proyecto en la minería nacional.
Si la coyuntura actual plantea varias opciones para iniciar la compleja tarea de explotación del litio, comenzando en la extracción de material en las salmueras, separando varios subproductos, para después de largo proceso rescatar litio y emprender su industrialización, significa que deben sopesarse todas aquellas alternativas que muestran un conjunto de beneficios para el país, empezando por cubrir una inversión que difícilmente podría financiar el Estado.
Hay que ponerse en la realidad de la situación. Necesitamos “arrancar” con el proyecto del litio, superando las pequeñas barreras del regionalismo negativo que todavía es una especie de rémora en la proyección futurista de Bolivia y no sólo de uno o dos distritos, que indudablemente tendrán un mayor beneficio a la hora de recibir utilidades por el uso de sus recursos naturales.
Sigue pesando la frase presidencial de “querer socios y no patrones”, un factor estrictamente de política interna que sin embargo debe aclararse hacia el exterior con claras reglas de juego, con garantías y seguridad jurídica práctica y no meramente teórica, además con un conjunto de medidas que sean una forma de incentivar las inversiones y no trabas para su asentamiento en el país.
Algunos problemas no han sido eliminados totalmente, los avasallamientos por ejemplo, varias minas siguen perjudicadas, grandes operaciones están en la mira de comunarios y cívicos, no se disponen condiciones favorables para incentivar a los inversionistas, mientras la riqueza minera sigue durmiendo a flor de tierra y el país se pierde la gran oportunidad de consolidar su economía.
Es urgente que cambiando el modelo administrativo del Estado, se priorice la gestión económica, dejando la política para un par de ministros y exigiendo al resto medidas precisas para encarar el desarrollo nacional, favoreciendo por supuesto las iniciativas regionales de impulsar la explotación de sus recursos en la PERSPECTIVA MINERA inmediata.
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