Atlas y Comibol suscribieron un contrato de riesgo compartido en junio de 2005. La planta fue entregada en febrero de 2008.
Desde entonces, Atlas tenía un plazo de 28 meses para invertir $us 118 millones en el proyecto o se le cobraría su póliza de garantía valuada en $us 850.000. El pasado 21 de julio Comibol ejecutó la póliza alegando el “incumplimiento” de las inversiones comprometidas.
El 8 de julio, Atlas solicitó un proceso de arbitraje por la ejecución de la póliza ante la Cámara Nacional de Comercio (CNC). Para afrontar el proceso, la firma realizó un estudio sobre la delimitación de predios en el complejo de Karachipampa “para determinar exactamente qué es lo que no formaba parte del Derecho Propietario de Comibol”, aseguró el abogado de la firma canadiense, Jorge Valle, en entrevista con La Razón.
El proyecto, dijo, contempla la entrega de 30 hectáreas (ha) para la ubicación de las plantas de ácido sulfúrico y la planta de fundición de zinc,
“En ninguna parte del contrato se menciona que Comibol tendría que entregar 30 hectáreas a Atlas; lo que el contrato sí menciona es que Comibol le otorga el derecho de uso exclusivo de todos los bienes que corresponden a Karachipampa —que alcanzan las 28 hectáreas—. Eso lo hemos cumplido con la entrega misma de la planta el 20 de febrero de 2008”, explicó el asesor jurídico de Comibol, Antonio Santos.
La estatal minera entregó el 5 de abril la documentación de las 28 ha, “las otras dos hectáreas están con problemas de propiedad y representan un problema para la instalación de la planta (de ácido sulfúrico) porque se ubican dentro del espacio designado por nuestro estudio de factibilidad para su ubicación”, manifestó Valle.
Al respecto, Santos dijo que “Comibol pretendió recuperar en algún momento esa dos hectáreas , pero en ningún documento se menciona que teníamos que entregárselas a ellos (a Atlas). Ese es un argumento para que ellos puedan ingresar a un juicio para la devolución de sus inversiones, pero esa situación no corresponde”.
Valle explicó que además de las 2,16 ha, cuya propiedad está en litigio, existe el problema con el derecho propietario de otras 2,78 ha que forman parte de la carretera Potosí-Sucre y estarían registradas a nombre de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y no así a nombre de Comibol (ver infografía).
“Eso es completamente falso. Nosotros siempre hemos tenido la posesión y el derecho propietario de la 28 hectáreas que les hemos entregado a Atlas. Las hectáreas que usó la ABC para la cosntrucción de la carretera son de Comibol. Además, en ningún momento Atlas pidió ese sector para hacer uso de él, hay otras 15 hectáreas que están completamente vacías, sin embargo, no las han utilizado”, enfatizó Santos.
Según Atlas, el estudio de factibilidad de la planta de fundición de zinc, que complementa el proyecto de Karachipampa, contempla que la ubicación de la misma está dentro de los predios observados.
Además existe otro problema que dificulta la instalación de la planta de zinc. Una línea de alta tensión cruza los predios entregados por la Comibol “inutilizando” 4,26 ha del sector por el “riesgo” que implica la construcción o emplazamiento de alguna instalación debajo de ella, indicó Valle.
“Atlas tenía una inversión comprometida de alrededor de 12 millones de dólares, de los cuales invirtió más de 12 millones. Sin embargo, Comibol no cumplió con su primera obligación que era la entrega total de los predios; ahí arranca todo el problema y se explica el porqué el proyecto de Karachipampa no funciona”, afirmó.
“Atlas ya no tiene ningún argumento que pueda justificar su baja inversión. No le correspondía a Comibol la entrega de los terrenos para las plantas de ácido sulfúrico y de zinc; lo que sí corresponde es que Comibol tenía que coadyuvar en la adquisición de estos terrenos, lo cual se ha hecho”, remarcó Santos.
Dos predios no están disponibles
La firma Atlas Precious Metals asegura que la nave 2 del Complejo Metalúrgico de Karachipampa no fue entregada por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) porque ésta la utilizaba como depósito de minerales. Asimismo, 47 hectáreas que corresponden a una subestación eléctrica de la empresa Guaracachi no están disponibles.
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