No es cuestión de colocarse en el lado de los ilusos o pasar de incrédulos para no entender claramente que en el país, las autonomías tendrán vigencia en base a los presupuestos emergentes de la explotación de recursos naturales, en unos distritos con el gas y en los otros con la minería, así de claro.
Consiguientemente las alternativas políticas que de algún modo pretenden encontrar rubros fantasiosos de soporte a las actividades de las gobernaciones no pasarán de eso… fantasías y sólo en algunos casos utopías, más próximas a la realidad, pero igualmente distantes.
Los datos económicos que se manejan en torno al Presupuesto General del Estado (PGE) señalan que se han fijado para la gestión presente un monto de 12 mil 390 millones de bolivianos para las nueve gobernaciones, lo que a su vez representa sólo el 11,7 por ciento del presupuesto global consolidado que suma 105 mil 964 millones de bolivianos.
Las cifras presupuestarias generales señalan que las regalías correspondientes a los ingresos de gas y minería constituyen el 41,9 por ciento del total que usarán las nueve gobernaciones autonómicas, entre estas, son tres las que se benefician mayormente con los ingresos directos que obtienen por el rubro de regalías, el caso de Santa Cruz y Tarija vía gas y Potosí vía minerales.
La Paz, Pando y Chuquisaca, resultan los de menores percepciones por el rubro regalitario, quedando un poco al centro de las dos opciones, el caso de Oruro por minería y Cochabamba entre los dos rubros, más Beni sólo con la esperanza de afirmar su economía futura que puede darse en la castaña y otros productos alternativos de gran producción.
En el caso del occidente, está claramente establecido que el departamento de Potosí resulta el mayormente beneficiado por las regalías mineras, claro está en su jurisdicción se desarrollan los mayores emprendimientos mineros, como el de los tres santos… San Cristóbal, San Vicente y San Bartolomé, muy pronto se sumaría la producción de Karachipampa para completar un cuadro de alto rendimiento en minería.
En el caso de Oruro, concretamente, pese a lo reducidos que son los ingresos por regalías mineras, dadas las condiciones de “estancamiento productivo”, las mismas permiten avanzar en mínimos proyectos de desarrollo, pero se abren las esperanzas para obtener mejores ingresos una vez que se implementen proyectos tales como el del salar de Coipasa y de dispongan trabajos de exploración para impulsar nuevos proyectos de minerales tradicionales, pero también estratégicos (uranio) y fomento a la producción aurífera que puede ser una solución a los males económicos regionales.
En todo caso, lo que corresponde es que el conjunto de la fuerza civilista, empresarial, laboral y profesional, definan las políticas urgentes para reactivar el aparato productivo minero, pero de manera práctica y no sólo teórica, pues de lo que se trata es que en el sentido más estricto de la aplicación del sistema autonómico, nuestra economía dependerá del buen uso de nuestros recursos mineralógicos. Oruro necesita retomar el ritmo productivo intenso de su minería y recuperar el sitial que junto a Potosí, ha mantenido casi siempre como parte imprescindible de la generación de divisas para el TGN.
Actualmente, se necesitan medidas que impulsen –fuera de los sistemas cooperativos y el estatal– los de la minería mediana y chica que tienen buenas perspectivas, pero pocos incentivos y alicientes. No se deben desaprovechar los trabajos previos de exploración en yacimientos ya establecidos y en los que sólo faltan detalles de una cuantificación precisa para ampliar la explotación minera en el territorio orureño. Es parte del derecho autonómico que tenemos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario