La socia india Jindal asegura que la inexistencia de seguridad jurídica en el país le impide continuar con las inversiones en el proyecto siderúrgico del cerro Mutún y critica las declaraciones de autoridades gubernamentales en lugar de proponer soluciones.
El ministro de Minería, Mario Virreira, informó ayer que se desconoce el paradero del representante legal de Jindal, Vikrant Gujral, y anunció que si no se logra un contacto con esa empresa antes del 8 de julio, crece la posibilidad de romper el contrato del proyecto siderúrgico.
“Jindal en este momento no tiene un representante legal en Bolivia, el señor Vikrant ha desaparecido, no sabemos dónde está. Hemos pedido que el que lo sustituye se presente en el ministerio con la documentación que lo acredite y hasta el momento no conocemos esa representación legal”, precisó.
Ese desfase, según Virreira, muestra que “Jindal en la práctica abandonó el país”, por lo tanto, “si no hay representante legal acá, no tenemos otro camino que rescindir (el contrato)”.
Un comunicado de la empresa india señala que “Jindal actualmente no encuentra en Bolivia la seguridad jurídica necesaria para seguir realizando inversiones”, asegura el comunicado de la empresa al reprochar al Gobierno por el incumplimiento del contrato de riesgo compartido tanto en la respuesta a la “intención de terminar” el contrato. La siderúrgica india señala que “siguiendo el procedimiento del contrato, ha suspendido sus obligaciones contractuales y ha comunicado al Gobierno de Bolivia su intención de terminar con el contrato” por el incumplimiento de la contraparte nacional, la estatal Empresa Siderúrgica Mutún.
Mientras tanto sigue corriendo el plazo que el directorio del riesgo compartido, ESM-JSB, fijó hasta fines de julio el plazo para verificar las inversiones de los dos primeros años, que debe sumar 600 millones de dólares. A pesar de “haber sido legalmente notificados, ni la ESM ni las autoridades del sector de minería hasta el momento han comunicado de manera oficial ninguna respuesta, ni mucho menos han solucionado sus incumplimientos en el contrato de riesgo compartido”, remarca el texto.
En junio, Jindal envió la notificación expresando su intención de terminar la relación con el Estado, de acuerdo con las declaraciones de la época, brindadas por autoridades de Gobierno.
Manifiesta su malestar por la falta de convocatoria de parte del Gobierno boliviano, señala: “Lamentamos que representantes del Gobierno de Bolivia se limiten sólo a realizar declaraciones de prensa, en lugar de proponer soluciones para un proyecto multimillonario que beneficia al país”. Ratifica su molestia por “la persecución penal iniciada de oficio por un fiscal de materia de la ciudad de La Paz contra nuestros principales ejecutivos”. El comunicado asegura que este acosamiento continúa, “pese a la promesa de altas autoridades, hasta el presente no ha sido retirada o dejada sin efecto”.
Algunos detalles
Contrato La Jindal se adjudicó en 2007 el proyecto siderúrgico del Mutún, ubicado en el departamento de Santa Cruz, con la promesa de invertir 2.100 millones de dólares para la explotación de ese mega yacimiento de hierro, pero el incumplimiento de las inversiones comprometidas le costó, hasta mayo último, la ejecución de dos boletas de garantía por 36 millones de dólares.
Boletas Tras las ejecución de las dos boletas de garantía, Jindal señaló que las boletas fueron ejecutadas por la ESM cuando las obligaciones contractuales se encontraban suspendidas. También denunció que hasta el presente sigue la “persecución penal” iniciada de oficio por un fiscal de La Paz contra los principales ejecutivos de Jindal.
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