El Gobierno intentará hoy definir con Jindal el futuro del proyecto siderúrgico del Mutún, para lo cual convocó a los principales ejecutivos de la firma india. No obstante, quedan dos días para consensuar seis problemas centrales que afectan el contrato.
El Ministerio de Minería convocó a los miembros de la Empresa Siderúrgica el Mutún y a la Jindal a un encuentro en La Paz, aunque el Comité Cívico de Puerto Suárez, enterado de la cita, también pidió estar presente.
El presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez, José Luis Santander, aseveró a Página Siete que “el Ministerio (de Minería y Metalurgia) nos ha informado a través de su asesor, el ingeniero Carlos Escóbar, que la reunión será en La Paz a las 15:00”.
Por ello, Puerto Suárez y los cívicos de las 15 provincias de Santa Cruz decidieron no iniciar las medidas de presión desde este miércoles en exigencia de una solución, como acordaron en una resolución el 29 de junio.
Ambas partes deben definir antes del 8 de julio cómo se garantizará la provisión de gas natural, la renovación de boletas de garantía ejecutadas, el arbitraje internacional contra el Estado, además de los procesos judiciales a directivos de Jindal, los nuevos montos de inversión y la adenda al contrato de riesgo compartido.
A pesar de que el ministro de Minería, Mario Virreira, afirmó el martes que Jindal ya no tenía un representante legal en el país con quien dialogar, porque “se desconoce el paradero del presidente Vikrant Gujral”, la cita de hoy será con el director de la empresa, Arvind Sharma.
El 8 de junio, Jindal envió desde la India una carta a la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), en la que pedía resolver el contrato porque el Gobierno no garantizaba la provisión de gas. A partir de ello, el Estado boliviano debía responder en 30 días si acepta o no romper el acuerdo.
La compañía india pide de 4,5 a seis millones de metros cúbicos diarios de gas desde 2014, pero Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ofrece sólo 2,5 millones para entonces.
Con ese volumen se deberá reducir la capacidad de las factorías y, por ende, las inversiones.
El 1 de mayo, la ESM ejecutó una segunda boleta de garantía por 18 millones de dólares de Jindal alegando que se incumplieron los compromisos de inversión.
En 2010 se cobró un primer pagaré por el mismo valor y razones, lo que desembocó en que se iniciara un arbitraje internacional contra el Estado.
Jindal está molesta
Jindal informó ayer que no encuentra en el país la seguridad jurídica para seguir realizando inversiones y recordó que ha suspendido sus obligaciones contractuales comunicando al Gobierno su intención de terminar el contrato.
La compañía también ratificó su molestia por la persecución penal iniciada de oficio por un fiscal de materia en La Paz contra uno de sus principales ejecutivos, además por la falta de convocatoria por parte del Gobierno para solucionar los temas
No hay comentarios:
Publicar un comentario