Si hay un hecho realmente controversial en la actual Constitución es el que se refiere a cumplir con la "consulta previa" a indígenas de comunidades donde se emplazarán operaciones hidrocarburíferas o de explotación minera y, en tales circunstancias, lo que sucede es que generalmente los ciudadanos originarios de ciertos municipios como no son debidamente informados sobre la importancia de los proyectos que servirán para explotar recursos naturales para beneficio de los bolivianos y en especial de aquellos ciudadanos que están próximos al área de las operaciones de explotación de recursos naturales, simplemente se oponen inclusive a las tareas previas de exploración.
Parecería que el asunto es oponerse por oponerse sin medir las consecuencias de una actitud a las claras perjudicial a los intereses colectivos, pues no se trata simplemente de sentar cierto tipo de soberanía en un sitio específico del país, donde justamente hay necesidad de utilizar los recursos naturales para mejorar las condiciones de vida de miles de ciudadanos que se verían privados del uso de una parte que les corresponde, porque al explotarse los recursos naturales del país que son propiedad del Estado, son también parte del patrimonio general de los bolivianos.
El problema en estos casos radica en la posición que adoptan algunos líderes de las corrientes medioambientalistas y que se ocupan de azuzar a indígenas originarios para que a título de la defensa del medio ambiente se opongan a los proyectos petroleros y mineros, pero además lo hagan condicionando bajo presión, su inclusión como parte del personal de las empresas que tientan la ejecución de nuevos proyectos, atendiéndose esa exigencia, aquello de la contaminación y el medio ambiente, pasa a un plano posterior.
En el caso de los proyectos hidrocarburíferos, las petroleras comprometidas en tareas de exploración y con decisión de explotación han planteado que la tal "consulta previa y participación indígena" no esté ligada a la obtención de la licencia ambiental porque arriesga el futuro de las inversiones en el sector.
En el caso de la minería el asunto tiene similitud pero compromete de manera directa a los inversionistas y posterga indefinidamente la concreción de varios proyectos, algunos de los cuales han pasado ya por la dura prueba del avasallamiento, de las movilizaciones de los descontentos y hasta de los enfrentamientos violentos con lamentables saldos de afectados, haciendo todo esto un cúmulo de antecedentes que pueden alejar seriamente las inversiones, nacionales o externas, simplemente por la falta de garantías, mostrando una imagen de un país prodigiosamente rico pero increíblemente inseguro.
Bajo esta situación que se observa en la práctica, que ha obligado en los últimos días a la movilización policial para resguardar los bienes privados y dar certidumbre a los interesados en hacer minería de alta producción, se necesita algo más y es la aprobación de una normativa que lime asperezas, que abra las puertas con toda seguridad a las operaciones mineras, allí donde sea necesario emplazar proyectos de rendimiento colectivo.
El Ministerio de Minería y la Comibol tienen mucho que ver en facilitar las mejores condiciones para los emprendimientos mineros privados y estatales.
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