Frente a la necesidad de asegurar inversiones para el sector minero que se mueve necesariamente con fuertes capitales, en la dimensión de los nuevos emprendimientos, se hace necesaria la aplicación de normas que eliminen ese latente peligro que no ha podido eliminarse y que seguirá vigente en tanto no se cambien las actuales reglas de juego.
En verdad que en cada sector de la minería aflora el peligro de intervenciones, incluso en el sector mediano donde se han producido algunos amagues de ocupación de concesiones mineras poniendo en alerta a los inversionistas y a los propios trabajadores asalariados de esas operaciones sobre los riesgos que significan los avasallamientos y las consecuencias de esos lamentables hechos
Por lo que se sabe de la gran cantidad de avasallamientos producidos en varias operaciones mineras privadas, no se ha hecho mucho por restablecer las condiciones de operabilidad, imponiendo la ley, reponiendo las condiciones de legalidad y restituyendo equipos y minerales incautados a propietarios y trabajadores, por tanto la situación es sumamente comprometedora a la hora de pensar en nuevas operaciones mineras dada la pasividad de autoridades frente a la intolerancia de ciertos grupos avasalladores que alteran todas las condiciones de respeto y seguridad vigentes.
El problema tiene condiciones sociales emergentes de la falta de fuentes de empleo por un lado, la intención de muchos desocupados de incursionar en la minería con la tentación de los buenos precios de minerales y la falta de reglas claras para desarrollar actividades mineras.
El otro aspecto está implícito en la falta de normas claras y actualizadas sobre los derechos y obligaciones formales que deben cumplirse en materia minera y que seguirán con interrogantes en tanto sea aprobada la nueva ley minera, que ojalá contemple una variante específica en lo que manda la Constitución sobre el tema de la "consulta previa" que ya se ha perforado en función de la urgencia de encarar verdaderos proyectos de desarrollo utilizando recursos naturales.
Otra situación que impele a interferir las operaciones mineras es el reclamo de algunas comunidades sobre el derecho presumible de lograr ciertos beneficios económicos para sus comunidades en materia de obras sociales. Se justifica tal posición eliminando cualquier factor de ocupación ilegal, sabiendo que por efecto de disposiciones en vigencia corresponde a los municipios determinado porcentaje de regalías, además de existir la posibilidad de lograr acuerdos directos entre empresa y comunidad para mejorar las condiciones sociales de algunas comunidades. Ejemplos de ese tipo de convenios ya existen, mostrando la parte benéfica de operaciones mineras a favor de la comunidad.
Lo importante es que puedan limarse las asperezas sobre este delicado tema, de modo que retorne la seguridad y las garantías necesarias para que nuevos prospectos mineros comiencen en la exploración, aseguren yacimientos y desarrollen la explotación racional con tecnología moderna de nuestros yacimientos mineros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario