Los bolivianos estamos pendientes de la presentación oficial a la Asamblea Legislativa del anteproyecto de la nueva Ley Minera que reemplazará el actual Código de Minería, instrumento que sufrirá muchas modificaciones pero que en su esencia debe guardar las condiciones favorables al crecimiento del sector y de ningún modo convertirse en traba del crecimiento de la producción minera que hoy por hoy, compite abiertamente con los beneficios directos que generan por ejemplo los hidrocarburos.
Pese a las constantes variantes en el precio internacional de los minerales, hay algo que seguirá siendo beneficioso al país y es la existencia de variados yacimientos mineralizados, de los cuales más del 70 por ciento no han sido aún debidamente cuantificados, faltando políticas definidas para encarar trabajos de exploración y prospección, según refieren los entendidos, para generar luego una serie de inversiones internas y externas que faciliten un crecimiento ilimitado de la producción minera en general.
La última referencia, producción minera en general, es en realidad un referente que debe tomarse en cuenta en el anteproyecto de la ley minera, considerando la importancia de todos los subsectores, en función a las capacidades de orden financiero, principalmente, que establece el potencial de inversión y define la incorporación de tecnología de punta, explotación racional de los recursos naturales no renovables, procesamiento de los concentrados, cuidado del medio ambiente, asistencia directa de orden social a favor de las comunidades, proyección de industrialización de minerales para añadirle valor agregado y luego la parte final de exportación en las mejores condiciones a los mercados internacionales, inclusive buscando las mejores opciones de competencia y no bajo sometimiento expreso a pocas alternativas.
El interés económico del Estado tiene una dirección explícita de lograr una mayor recuperación de fondos generados por la minería, es decir como lo señala un analista del tema, alcanzar "una mayor apropiación del excedente minero", aprovechando –si todavía se da– el tiempo de buenos precios, por lo menos regulares, después de las variables descendentes de los pasados días y la tendencia de recuperación que puede darse más adelante, siempre y cuando los países industrializados establezcan condiciones apropiadas para seguir consumiendo nuestras materias primas.
Hay que cuidar el proceso dada la abierta competencia que se produce en los países vecinos, donde si bien se establecen algunos cambios en el rubro de los impuestos, las medidas no desincentivan a los inversionistas ni "corretean" a los productores mineros, pues se tratan de cambios muy bien medidos que mejoran los ingresos para el Estado, pero bajo una tónica de entendimiento entre las partes que hacen al producto de la actividad minera, sin exageración en las cargas tributarias, pero disponiendo márgenes apropiados que permitan a los empresarios operar en condiciones satisfactorias y reinvertir buena parte de sus utilidades en la ampliación de proyectos mineros y en algunos casos inclusive diversificándolos hacia otras metas energéticas… lo que de momento no se vislumbra en el país con lo poco que se conoce de la nueva Ley Minera, que estaría más próxima a la aplicación de cargas tributarias, sin la apropiada compensación utilitaria para fortalecer e incentivar las inversiones.
El gran peligro está en que las "nuevas reglas de juego" ahuyenten a los futuros operadores mineros y determinen ciertas restricciones en los planes que todavía se ejecutan en el ámbito minero privado, bajo condiciones de incertidumbre por la gran duda que existe sobre la aprobación de la Ley, que en lugar de promover mejores condiciones de producción puede tener el efecto contrario de reducir sensiblemente la actividad minera, inclusive en los niveles del sector estatal y de las cooperativas que aún bajo condiciones de un apoyo "efectivo" a la hora de medir las condiciones de competitividad en el mercado internacional pueden resultar perjudicadas frente a las favorables condiciones que otorgan los países vecinos para implementar una sólida minería regional, en base a capitales externos y una amplia gama de facilidades e incentivos.
Lo esencial en materia de producción minera está en relación directa con los montos de inversión, dimensión del proyecto en sí, cuantificación de reservas que tiene un yacimiento y la proyección del mismo para el desarrollo de los trabajos a mediano y largo plazo, entendiendo que la minería necesita del "factor tiempo" para establecer sus condiciones de rentabilidad para cubrir sus costos de operación y luego recién encarar la recuperación de excedentes para cubrir las inversiones, sean estas pequeñas, medianas o grandes el sistema tiene prioridades que no pueden alterarse por efecto de normas mal elaboradas
Lo que se espera es que las disposiciones que sean aprobadas estén sujetas a la realidad que vive el país y la necesidad de producir más en condiciones que sean favorables a quienes arriesgarán capitales para desarrollar proyectos que servirán de uno u otro modo al desarrollo del país, pues de eso se trata cuando se habla de la minería en su conjunto como el rubro más destacado por la "producción de divisas" para el Erario, para las regiones en que se producen los hechos mineros y para garantizar el equilibrio financiero nacional.
Si todavía hay tiempo para madurar en la importancia de disponer un conjunto de medidas, apropiadas, viables, equitativas y prácticas para impulsar lo que se reclama desde hace muchos años y que tiene que ver con una verdadera reactivación de nuestra minería ésta puede ser la ocasión para que al reemplazarse el código minero se alienten nuevas esperanzas de cumplir un conjunto de objetivos que hagan de la minería en general, el sector más importante de la economía boliviana, ampliando sus proyecciones en la creación de miles de más empleos directos e indirectos, de mayores ingresos regionales y de constituirse en el rubro más sólido de la generación de recursos para beneficio de todo el país.
En minería no puede hacerse proyecciones teóricas si no se conoce con claridad la potencialidad de los yacimientos a explotar y cuando se tengan tales datos lo que corresponde es definir la cuantía de inversión para que la misma sea efectivizada, bajo la seguridad de apropiadas garantías, en un marco de posibilidades favorables, que permitan al Estado tomar lo que realmente le corresponda sin aplicar regulaciones que sean más bien extorsiones. En materia impositiva, todos los sectores deben contribuir con sus aportes, sólo que estos deberán aplicarse en un modelo de equilibrio, entre inversiones y utilidades y el cumplimiento de convenios solidarios de beneficio comunitario.
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