Hay sistemas altamente eficientes en materia de administración minera, entendiendo el tema como la forma más práctica de desarrollar programas mineros de alta rentabilidad, aún en circunstancias difíciles por la variación en los precios internacionales de minerales o quizás por problemas sociales que de manera eventual pudiesen presentarse en algunas empresas mineras.
Lo importante es saber que cualquier emprendimiento minero si es bien concebido tiene un tiempo especial de "maduración" desde que se avizora un supuesto yacimiento necesariamente debe ser explorado y evaluado para que su potencial sea debidamente aquilatado y en esa dimensión se optimice lo que representa la prospección minera para dar paso recién a la preparación de la explotación de minerales. Todo el procedimiento inicial puede demandar mucho tiempo antes de dar señales muy claras de estar listo el proceso en sí de la extracción de los recursos naturales en determinada región.
Tomando como ejemplo el proyecto de mina San Cristóbal su preparación demandó más de diez años antes de ponerse en marcha el proyecto y luego de afirmar su trabajo ha pasado otro buen tiempo en el que ya se habla de utilidad y el pago de tributos que favorecen a la economía nacional, a la región donde se desarrolla el proyecto y por supuesto a miles de personas que se benefician de manera directa e indirecta del proyecto emplazado en Potosí.
Sólo como referencia San Cristóbal en la pasada gestión 2010 pagó más de 100 millones de dólares por impuestos a las utilidades y cerca de 400 millones desde que inició sus operaciones el pasado 2007. En forma directa tiene más de 1.400 trabajadores, entre mineros y administrativos y más de cinco mil indirectos, su base social está plenamente dimensionada en función a sus reales necesidades y posibilidades, lo que muestra una óptima administración.
En realidad lo que interesa es que se consolide la minería como el factor determinante de la economía nacional basando el hecho en que su rentabilidad con el desarrollo de buenos proyectos inyectará a la economía nacional suficientes divisas como para impulsar el desarrollo del país, pero de manera especial de las regiones o departamentos donde se cumplan los proyectos mineros.
Ciertas condiciones que todavía prevalecen en la política financiera ligada a la minería anteponen condiciones como el hecho forzoso de establecer tratos comerciales con el Gobierno en función societaria, bajo ese argumento de que "Bolivia no quiere patrones sino socios", aunque la fórmula no siempre pueda ser satisfactoria a intereses de ciertos inversionistas.
Pero lo ideal para impulsar la gran minería en Bolivia es definir políticas para crear las condiciones favorables para atracción de capitales, compitiendo con los países vecinos, cuyas reglas de juego se hacen favorables a esa posición de garantizar el asentamiento de capitales que desarrollen grandes proyectos mineros, metalúrgicos y de la siderurgia para cambiar lo que todavía puede denominarse "minería tradicional" por otra de avanzada que signifique la industrialización de nuestros concentrados, a objeto de exportar un buen producto con valor agregado.
La suerte de la minería está en manos de quienes discuten aún el proyecto de una ley minera, instrumento que deberá cambiar el esquema de la caduca forma de administrar la minería.
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