Recordando los grandes avances de la minería nacional, pese a contratiempos de épocas circunstancialmente diferentes, hay que convenir que actualmente sigue siendo parte importante de la generación de recursos para el país, aún trabajando –desde la Comibol– con minas cuya riqueza alimentaron las arcas nacionales en un largo periodo desde que se cambió el destino del sector con una acción revolucionaria allá en el año de 1952.
Se menciona el cambio trascendental porque entonces se impuso la nacionalización de las minas, liquidando una primera fase de la historia minera en manos de los poderosos industriales mineros, Patiño, Hochschild y Aramayo que implantaron un imperio que, quiérase o no, aún pervive en las grandes relaciones internacionales y a través de la sucesión de empresas de lo que fue esa organización que relacionó a Bolivia con los mercados internacionales.
El tiempo ha pasado inexorable marcando huella profunda en la actividad minera, las otrora poderosas empresas que horadaban las entrañas de las montañas de Siglo XX, las profundidades de Catavi, el caso de Colquiri u otras como Pulacayo siguen mostrando después de medio siglo que sus vetas y sus reservas aún comprometen a las actuales autoridades de la minería para readecuar esos centros y recuperar lo que aún se guarda como riqueza un suelo extremadamente rico, que fue aprovechado en los buenos años , talvez más de tres décadas de la administración estatal, los siguientes años de los intentos empresariales del sector privado y las condiciones que se abren en la actualidad para seguir justamente con la Comibol trabajando esas minas que según muchos entendidos siguen siendo productivas, pero cuya explotación se hace muy costosa por las condiciones técnicas y las limitaciones propias de algunos emprendedores, generalmente los cooperativistas.
Las cosas han cambiado aunque no de manera diametral, pues mientras se hace esfuerzos en el sector privado para mostrar las ventajas de una nueva minería de gran escala con fuertes capitales y moderna tecnología, el caso de Inti Raymi, Manquiri y luego San Cristóbal sin dejar de mencionar otras de Potosí, la evidencia salta a la vista y es que hay posibilidades de lograr buenos proyectos tras el cumplimiento de adecuada exploración, una correcta prospección y no hay que desconocer en ese ciclo, una millonaria explotación para alcanzar altos índices de rentabilidad, frente a las actividades de baja escala de una minería que "araña las vetas" y cuyo promedio productivo apenas cubre necesidades de sus protagonistas. El cambio se hace imperioso, pero debe suceder en un esquema de seguridades y equilibrio de modo que lo tradicional y lo emergente sean compatibles en los fines de lograr beneficios comunes.
En el último periodo se habla bastante de impulsar una nueva minería que sea agresiva en su propósito de alcanzar objetivos de rendimiento, pero al mismo tiempo que sea lo suficientemente equilibrada en materia de cubrir sus costos de producción, sus compromisos sociales y sus perspectivas de reinversión, de tal suerte que bajo normas adecuadas de seguridad jurídica, garantías de operación, adecuadas reglas de juego en materia tributaria permitan tanto a los inversionistas como al propio Estado emprender proyectos de diversa magnitud, desde los importantes que ejecuta la minería chica y la mediana, como las que se presentan en la minería de gran envergadura.
La minería avanzará en el país siempre que se apliquen adecuadas medidas de incentivo para tentar capitales, sabiendo que nuestras riquezas están a la par o por encima de la que tienen nuestros vecinos y que hacen buen uso a tiempo de ofrecer ventajas para desarrollar proyectos que se convierten en miles de empleos directos e indirectos y en fuentes generadoras de recursos para el Estado y las regiones.
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