Ante los actos de avasallamiento realizados a las empresas mineras, chicas y cooperativas por parte de comunarios y campesinos en diferentes zonas del territorio nacional so pretexto de tener derechos propietarios de los yacimientos basados en la actual CPE, nuestra Federación hace conocer a la opinión pública su parecer por estos hechos que están reñidos con las normas legales.
El Gobierno debe poner fin a esta clase de atropellos que van en desmedro del buen funcionamiento de aquellas instituciones legalmente constituidas y establecidas con anterioridad, dedicadas a la explotación de los recursos minerales en beneficio del desarrollo industrial del país y aporte económico al TGN mediante el pago de regalías conforme a disposiciones vigentes. Si algo tuvieran para reclamar estos comunarios, deberían hacerlo mediante las vías ordinarias legales ente autoridades competentes, quienes seguramente atenderán estos reclamos tomando los recaudos necesarios con base a disposiciones legales en actual vigencia, que justamente están para cumplir esa labor y que actualmente y en forma abusiva se arrogan estos comunarios.
Estos hechos vandálicos disminuyen la credibilidad del Estado boliviano sobre las garantías que debe ofrecer a los potenciales inversionistas. Si bien la actual CPE contempla la aquiescencia de comunarios de la zona donde está ubicado un determinado yacimiento para su explotación, obviamente serán aplicados en los futuros proyectos, que además implican medidas de mantenimiento ecológico de la zona en cuestión y otros condicionamientos de las correspondientes normativas.
La estabilidad política económica, social y laboral en nuestro país son los requerimientos fundamentales para potenciar el desarrollo minero que tanta falta nos hace. Estos aspectos no deben ser descuidados, toda vez que a medida que pasa el tiempo otros países están preocupados por generar condiciones atractivas para los inversionistas. Es que en minería se debe tener una visión a largo plazo, haciendo hincapié en la necesidad de contar con reglas de juego claras, con una postura firme y crítica.
La situación bonancible que pasa actualmente la minería debido a los valores récord alcanzados por las cotizaciones de los minerales en el mercado internacional, ha hecho que los actos de avasallamientos anotados tienen un impacto negativo en la producción minera, consecuentemente el desmedro de los ingresos al TGN.
Las utilidades y consecuente pago de impuestos cada día son superiores a los que podríamos imaginarlos, obviamente las cifras son relevantes para los ingresos del país. Hoy se vive una situación de un mercado ajustado, que si bien a este nivel de cotizaciones son expectativos, lo que hay que hacer es maximizar la producción para satisfacer la demanda o situaciones inesperadas de mercado hacen que, se tenga un escenario como el que estamos enfrentando en donde hay un déficit, que sumados a los conflictos de avasallamiento ha generado que algunas empresas no cumplan con sus metas de producción.
En la actualidad se advierten riesgos en las actividades mineras, aunque es uno de los sectores que ofrece las mejores condiciones laborales, pero las continuas intervenciones de los comunarios en sus operaciones tienen muy preocupada a la industria minera. Básicamente los temas en conflicto son, por un lado, que no se están respetando la seguridad jurídica en base a contratos firmados con las autoridades de Gobierno, quienes deberían asumir la responsabilidad que en la práctica no está ocurriendo. Así ante este escenario, diversas empresas mineras privadas han manifestado su preocupación sobre el efecto negativo que causan en sus operaciones las continuas intervenciones, que más bien llamaríamos asaltos, en sus áreas de trabajo por gente interesada en obtener réditos fáciles personales o de grupos que a título de comunarios amedrentan y llegan hasta posesionarse de estas áreas productivas.
Por otra parte, en vista de los aspectos anteriormente mostrados, que son de dominio público, la Federación de Rentistas Profesionales de la Minería (Ferenpromin) pide al Poder Ejecutivo la urgente necesidad de que el nuevo Código Minero, en etapa de elaboración, sea un instrumento que regule adecuadamente esta actividad dentro de los marcos legales y que garanticen al inversionista la seguridad de que la nueva ley reordene y corrija deficiencias, de manera que exista un nivel de involucramiento mucho mayor por parte del Gobierno haciendo respetar los contratos de inversión y garanticen su cumplimiento.
Federación de Rentistas Profesionales de la Minería Nacional
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