La actividad de la minería nacional tomando en cuenta los aportes del sector estatal, lo que corresponde a la minería mediana y chica del sector privado, además de las cooperativas sumó cifras relevantes en lo que corresponde a la última gestión del 2010 con algo más de 120,7 millones de dólares, sobre los 82,6 millones de $us. del año 2009, lo que permite estimar que en la gestión presente y cuando faltan poco menos de dos meses para su culminación la cifra pasará de los 150 millones de dólares, que significa un avance cuantitativo en la recuperación efectiva de los beneficios de la gran minería nacional.
Hay algo que reconocen las autoridades del área minera nacional al señalar que pese al promedio regular del año en curso que comenzó con buenas perspectivas pero que contempló variantes significativas en el vaivén del precio internacional de minerales, situación que se acentuó entre septiembre y octubre, puede vislumbrarse una leve mejoría hacía fin de año, siempre y cuando las presiones externas de la competencia de las grandes potencias no afecten las condiciones de la economía latinoamericana.
LOS BENEFICIOS
La información oficial refiere que tres departamentos son los más beneficiados con los ingresos mineros. Potosí tiene el mejor registro en la percepción de regalías, tomando en cuenta que justamente las empresas más grandes se encuentran en esa jurisdicción, es el caso de la Minera San Cristóbal que aportará con más de 100 millones de $us. en la gestión, le siguen San Vicente, San Bartolomé, Manquiri, otras menores y por supuesto el contingente de miles de cooperativistas. Sólo San Cristóbal entre enero y agosto del año presente pagó a Potosí más de 25 millones de dólares.
Los otros distritos que perciben ciertos montos de regalías, pero no en la dimensión de lo que recibe Potosí, son Oruro con poco más de 19 millones y luego están La Paz y Santa Cruz, en el caso de éste último distrito sin tomar en cuenta lo que reportará más adelante la explotación de hierro del Mutún.
En realidad los informes no son totales en materia de percepción de impuestos ya que por un lado debe tomarse en cuenta lo que significa el aporte por concepto del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y lo que aparte se consigna como regalías. Tomando en cuenta lo que se asegura como recuperación económica proveniente de la actividad minera nacional las cifras son un verdadero estimulante para las jurisdicciones donde se desarrollan actividades mineras, sean estatales o privadas, tomando en cuenta además que la recuperación de tales fondos es objetiva y no da plazos cobrándose de manera regular como requisito para seguir operando.
Es posible que el promedio de recaudación –por regalías– pueda elevarse al final de la gestión, pues los datos conocidos hasta septiembre pasado no estarían contemplando la previsión de lo que falta hacia fin de año y que puede tener variantes todavía impredecibles, dadas las condiciones del comportamiento de las transnacionales, las de EE.UU. Europa y Asia, respectivamente.
VARIABLES DEL SISTEMA
En conocimiento de los datos sobre las regalías mineras indudablemente que las tentaciones sobre su aplicación y recuperación pueden llevar a quienes están en la responsabilidad de elaborar la normativa minera próxima a pensar en un incremento sustancial de los porcentajes, lo que en lugar de ser un beneficio se constituiría en un serio peligro que ahuyentaría las inversiones e impediría que empresas interesadas en el rubro quieran asentarse en un país fuera de la competencia abierta que practican sus vecinos.
Hay algo más y es la necesidad de aclarar el concepto de la "consulta previa" cuando se trate de encarar nuevos emprendimientos mineros, que por lo menos al presente no están siendo desarrollados por la falta de viabilidad al proceso de "consulta" que puede directamente liquidar cualquier proyecto para explotación de recursos naturales.
Finalmente es necesario también que se dispongan medidas concretas para que se garanticen las inversiones, para que los dineros que produce la minería sean utilizados en parte en el fomento de los planes de explotación y prospección de tal suerte que se multipliquen los proyectos mineros como una de las opciones más seguras para garantizar el desarrollo nacional.
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