“Existe falta de seguridad jurídica”, puntualizó el presidente de la Cámara de Minería, Gonzalo Quintela, sobre la coyuntura actual que vive la minería privada en el país ante las amenazas de avasallamientos de sectores campesinos aledaños a los yacimientos mineralógicos.
“Aunque suba el precio del estaño a 10 dólares no podremos trabajar por falta de seguridad jurídica (…) está fluctuando (la cotización) entre 4.46 a 5.40 (dólares la libra fina) tampoco la cotización es mala, la cotización esta bien es excelente, pero nosotros y algunas personas, qué podemos hacer si no existe seguridad jurídica”, agregó.
Explicó que debido a la carencia de seguridad jurídica de parte del Estado, solamente deben remitirse a ser “espectadores” de la subida de la cotización de los minerales, un ejemplo es “el despojo de la empresa Comicen de su concesión minera Santa María”.
“Ojalá el supremo gobierno pueda determinar garantías a favor de los industriales mineros, porque este sector es importante y recupere su volumen de producción de 2007 y 2008”, acotó.
Mencionó que muchos dueños de concesiones no pueden reanudar las operaciones mineras debido al temor de perder la vida ante la objeción de las comunidades rurales aledañas a los yacimientos, por ello exigen seguridad jurídica.
“Si ellos no concedieran (el gobierno) seguridad jurídica particularmente se hiciera comprender a los campesinos que el titular de los recursos minerales del suelo y sub suelo es el estado y corresponde a todos los bolivianos, no tendríamos este problema de los avasallamientos”, afirmó Quintela.
Arguyó que como institución han sugerido una reunión entre sector minero y campesino para definir “que pretende el sector campesino, como podíamos y en que forma podrían devolver a sus dueños las concesiones tomadas”, sin embargo hasta la fecha no existe respuesta de las diferentes autoridades.
Otro problema del sector, es la falta de créditos otorgados por el estado: “Antes el Banco Minero de Bolivia nos concedía créditos sin mayor exigencia de trámites burocráticos de presentación de proyectos a diseño final”, finalizó.
“Aunque suba el precio del estaño a 10 dólares no podremos trabajar por falta de seguridad jurídica (…) está fluctuando (la cotización) entre 4.46 a 5.40 (dólares la libra fina) tampoco la cotización es mala, la cotización esta bien es excelente, pero nosotros y algunas personas, qué podemos hacer si no existe seguridad jurídica”, agregó.
Explicó que debido a la carencia de seguridad jurídica de parte del Estado, solamente deben remitirse a ser “espectadores” de la subida de la cotización de los minerales, un ejemplo es “el despojo de la empresa Comicen de su concesión minera Santa María”.
“Ojalá el supremo gobierno pueda determinar garantías a favor de los industriales mineros, porque este sector es importante y recupere su volumen de producción de 2007 y 2008”, acotó.
Mencionó que muchos dueños de concesiones no pueden reanudar las operaciones mineras debido al temor de perder la vida ante la objeción de las comunidades rurales aledañas a los yacimientos, por ello exigen seguridad jurídica.
“Si ellos no concedieran (el gobierno) seguridad jurídica particularmente se hiciera comprender a los campesinos que el titular de los recursos minerales del suelo y sub suelo es el estado y corresponde a todos los bolivianos, no tendríamos este problema de los avasallamientos”, afirmó Quintela.
Arguyó que como institución han sugerido una reunión entre sector minero y campesino para definir “que pretende el sector campesino, como podíamos y en que forma podrían devolver a sus dueños las concesiones tomadas”, sin embargo hasta la fecha no existe respuesta de las diferentes autoridades.
Otro problema del sector, es la falta de créditos otorgados por el estado: “Antes el Banco Minero de Bolivia nos concedía créditos sin mayor exigencia de trámites burocráticos de presentación de proyectos a diseño final”, finalizó.
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