Durante casi cuatro años, unas 200 empresas explotaron oro en el cantón Suches, en la provincia Franz Tamayo, sin contar con licencia ambiental, es decir, de manera ilegal, actividad que contaminó el río del mismo nombre, que nace en ese cantón y desemboca en el lago Titicaca.
El prefecto del departamento de La Paz, Pablo Ramos, dijo que “en ningún caso se registró (en el lugar) actividad (minera) con licencia ambiental, todas eran ilegales y, por tanto, se decidió prohibir temporalmente sus operaciones”.
Justificó la ausencia de dicha licencia al señalar que las empresas nunca la solicitaron. “La falta de licencia es responsabilidad de las empresas que estuvieron trabajando, no solicitaron”.
El subprefecto de la provincia Camacho, Jaime Calamani, indicó que son 48 concesiones mineras operadas por unas 200 empresas, que emplean en un 80 por ciento a ciudadanos peruanos y sólo en 20 por ciento a bolivianos.
Ramos advirtió que, si se verifica ese extremo, el Gobierno peruano tendrá también que hacerse responsable del resarcimiento de daños a los campesinos del lugar por la contaminación del río Suches.
El lunes 18 de mayo, los pobladores de la provincia Camacho iniciaron un bloqueo de las vías que conducen al norte de La Paz en demanda de la mitigación del daño ambiental provocado por la explotación aurífera, como también de la suspensión definitiva de esas operaciones. La medida de presión continuaba hasta ayer, según Enlared Onda Local, que habló con Gabino Troche, alcalde de Puerto Acosta.
Diálogo
En respuesta a la presión de los comunarios, Ramos gestionó para hoy una reunión entre las autoridades del Gobierno nacional, la provincia y la Prefectura del departamento de La Paz para encontrar una solución a la contaminación del río y, por ende, al bloqueo de caminos.
De acuerdo con el secretario ejecutivo provincial Leandro Quispe, en la oportunidad presentarán un pliego de peticiones de unos diez puntos, entre los que se cuentan la reversión de las concesiones mineras, presencia militar en el área para sentar soberanía frente a Perú, resarcimiento de daños por la contaminación del río, construcción de una universidad pública, proyectos de vinculación caminera y realización de un estudio técnico del agua y los residuos sólidos, al cargo de las alcaldías con la transferencia de recursos del gobierno departamental.
El Prefecto adelantó que la responsable de efectuar el estudio será la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), con una inversión que se calcula en unos 12.000 bolivianos y que comenzará después de que se suspenda el bloqueo carretero.
Quispe señaló que esperan, sobre la base de estos puntos, suscribir un preacuerdo con las autoridades, única manera de suspender el bloqueo de caminos, que se mantendrá durante el diálogo.
Ramos indicó que en la reunión expresarán su predisposición inmediata de realizar tareas de descontaminación del río, por ejemplo, poner en marcha el control de las actividades generadoras de contaminación y proteger, principalmente, los focos, así también se comprometerá el resarcimiento de los daños. “Creemos que es justo cubrir la muerte del ganado o la pérdida de los cultivos”.
Los pobladores de la provincia Camacho que llegaron a la sede del Gobierno trajeron consigo muestras de totora malograda, según ellos, por el mercurio que desechan las empresas mineras, como el agua negra del río, no obstante, para Ramos, el líquido es cristalino.
Los datos
El río Suches nace en el cantón del mismo nombre, en la provincia Franz Tamayo.
Se extiende hasta Escoma, en las orillas del lago Titicaca, que comparten Bolivia y Perú.
Los comunarios verificaron la contaminación del agua desde 2007.
Los afectados fueron los comunarios, sus animales y los cultivos.
El agua del río Suches sirve a unas 200 comunidades en todo su recorrido.
Desde 2006, las empresas mineras se asentaron en el área contaminada.
Los comunarios calculan que son unas 200 empresas que extraen oro.
Son operadas en un 80% por peruanos y sólo en un 20% por bolivianos.
Se presume que esta actividad es la principal causa de la contaminación.
Hoy se reunirán el Gobierno y comunarios para hallar soluciones.
Los comunarios buscan un preacuerdo sobre la base de su pliego petitorio para levantar el bloqueo.
El prefecto del departamento de La Paz, Pablo Ramos, dijo que “en ningún caso se registró (en el lugar) actividad (minera) con licencia ambiental, todas eran ilegales y, por tanto, se decidió prohibir temporalmente sus operaciones”.
Justificó la ausencia de dicha licencia al señalar que las empresas nunca la solicitaron. “La falta de licencia es responsabilidad de las empresas que estuvieron trabajando, no solicitaron”.
El subprefecto de la provincia Camacho, Jaime Calamani, indicó que son 48 concesiones mineras operadas por unas 200 empresas, que emplean en un 80 por ciento a ciudadanos peruanos y sólo en 20 por ciento a bolivianos.
Ramos advirtió que, si se verifica ese extremo, el Gobierno peruano tendrá también que hacerse responsable del resarcimiento de daños a los campesinos del lugar por la contaminación del río Suches.
El lunes 18 de mayo, los pobladores de la provincia Camacho iniciaron un bloqueo de las vías que conducen al norte de La Paz en demanda de la mitigación del daño ambiental provocado por la explotación aurífera, como también de la suspensión definitiva de esas operaciones. La medida de presión continuaba hasta ayer, según Enlared Onda Local, que habló con Gabino Troche, alcalde de Puerto Acosta.
Diálogo
En respuesta a la presión de los comunarios, Ramos gestionó para hoy una reunión entre las autoridades del Gobierno nacional, la provincia y la Prefectura del departamento de La Paz para encontrar una solución a la contaminación del río y, por ende, al bloqueo de caminos.
De acuerdo con el secretario ejecutivo provincial Leandro Quispe, en la oportunidad presentarán un pliego de peticiones de unos diez puntos, entre los que se cuentan la reversión de las concesiones mineras, presencia militar en el área para sentar soberanía frente a Perú, resarcimiento de daños por la contaminación del río, construcción de una universidad pública, proyectos de vinculación caminera y realización de un estudio técnico del agua y los residuos sólidos, al cargo de las alcaldías con la transferencia de recursos del gobierno departamental.
El Prefecto adelantó que la responsable de efectuar el estudio será la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), con una inversión que se calcula en unos 12.000 bolivianos y que comenzará después de que se suspenda el bloqueo carretero.
Quispe señaló que esperan, sobre la base de estos puntos, suscribir un preacuerdo con las autoridades, única manera de suspender el bloqueo de caminos, que se mantendrá durante el diálogo.
Ramos indicó que en la reunión expresarán su predisposición inmediata de realizar tareas de descontaminación del río, por ejemplo, poner en marcha el control de las actividades generadoras de contaminación y proteger, principalmente, los focos, así también se comprometerá el resarcimiento de los daños. “Creemos que es justo cubrir la muerte del ganado o la pérdida de los cultivos”.
Los pobladores de la provincia Camacho que llegaron a la sede del Gobierno trajeron consigo muestras de totora malograda, según ellos, por el mercurio que desechan las empresas mineras, como el agua negra del río, no obstante, para Ramos, el líquido es cristalino.
Los datos
El río Suches nace en el cantón del mismo nombre, en la provincia Franz Tamayo.
Se extiende hasta Escoma, en las orillas del lago Titicaca, que comparten Bolivia y Perú.
Los comunarios verificaron la contaminación del agua desde 2007.
Los afectados fueron los comunarios, sus animales y los cultivos.
El agua del río Suches sirve a unas 200 comunidades en todo su recorrido.
Desde 2006, las empresas mineras se asentaron en el área contaminada.
Los comunarios calculan que son unas 200 empresas que extraen oro.
Son operadas en un 80% por peruanos y sólo en un 20% por bolivianos.
Se presume que esta actividad es la principal causa de la contaminación.
Hoy se reunirán el Gobierno y comunarios para hallar soluciones.
Los comunarios buscan un preacuerdo sobre la base de su pliego petitorio para levantar el bloqueo.
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