A raíz de los avasallamientos mineros que se presentaron hace algunos meses, el Gobierno prepara un reglamento de consulta a los pueblos originarios y las comunidades antes de que se instale un nuevo emprendimiento de explotación de minerales. Ésta será parte de una nueva Ley Minera que sustituirá al Código que está vigente desde 1997.
La Cámara Nacional de Minería, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y la minería chica preparan una norma alternativa a la propuesta del Órgano Ejecutivo.
El director de Minería del Ministerio del área, Freddy Beltrán, informó a La Prensa que junto a las organizaciones de las comunidades y los pueblos originarios se discute un reglamento de consulta pública que reconozca los derechos que tienen ambos sectores para aprobar una operación minera.
Esto para que las operaciones mineras no generen contaminación en sus actividades rutinarias como la agricultura.
“Los pueblos originarios y las comunidades no tienen derecho a veto, tienen derecho a consulta, y es el propio Estado el que, en casos de discrepancia, debe decidir”.
El ex ministro de Minería Jorge Espinoza explicó que normalmente las comunidades permiten que ingresen las empresas a hacer exploración, pero cuando el proyecto está listo para la explotación buscan beneficiarse con puestos de trabajo y la producción.
La consulta, opinó, les dará más fundamentos para continuar con los avasallamientos y no habrá más inyección de capitales en la actividad extractiva.
Aseguró que en la actualidad no hay otras inversiones aparte de las comprometidas en el proyecto siderúrgico de El Mutún, Corocoro y el litio, lo que no cambiará si el Gobierno no otorga seguridad jurídica a las empresas y devuelve las concesiones mineras a su dueños.
Beltrán declaró que este proyecto forma parte de “una nueva Ley Minera que se compatibilizará con la actual Constitución Política del Estado (CPE) que incluirá el tema de los avasallamientos”.
Añadió que “en su redacción (estará presente) la necesidad de preservar la actividad (minera) que, como la CPE dice, va a tener actividad privada, estatal y del sector cooperativo”.
En la Cámara Nacional de Minería (Canalmin) anunciaron que también prepararán una propuesta de norma que permita garantizar la seguridad jurídica para sus inversiones.
Antecedentes
El martes 12, los comunarios del ayllu Chayantaka, en Potosí, obligaron a la empresa Nueva Vista a firmar un documento para abandonar la mina, luego, en una asamblea dieron un plazo de 24 horas para que deje de operar en la región.
El conflicto también ocurrió en la mina aurífera de Amayapampa. Al mismo tiempo, la red Erbol informó que los pobladores de la provincia Camacho, del departamento de La Paz, retuvieron maquinaria pesada de una compañía aurífera que opera en la región porque la empresa, de la que no se menciona el nombre, contaminaría el río Suchez, que desemboca en el lago Titicaca, con el mercurio que usan para extraer y explotar oro.
Hasta el año pasado, Fencomin registró más de 30 conflictos mineros, de los que 18 correspondían a avasallamientos.
Ahora la cifra es mayor porque a partir de la aprobación de la nueva Carta Magna, las comunidades y pueblos se basan en el artículo 30 (Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos) para llevar a cabo estos actos.
El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, Guido Mitma, explicó que en las minas se presentan dos clases de conflictos, la obrera, por mejorar la situación laboral, y otra entre mineros y comunarios.
Explicó que en el segundo caso a veces el enfrentamiento es entre los mismos comunarios, pues el minero pertenece al pueblo, pero dijo que el objetivo es tener un empleo.
Es decir, lo que buscan es que la empresa minera otorgue trabajo a toda la comunidad y que no sólo se beneficie un grupo. La solución para este sector es que el Gobierno trabaje en políticas para incrementar el empleo.
Otras tomas
Además de los dos conflictos recientes, también existen otros antecedentes, los más relevantes fueron el de la mina Santa María, ocurrida en agosto de 2007, cuando la propiedad de la Sociedad Minera del Centro (Somicen) fue avasallada por comunarios de Yunguma, que se encuentra en la provincia Bolívar de Cochabamba.
La compañía pretendía explotar el yacimiento con ex cooperativistas mineros en un contrato de riesgo compartido y los comunarios no lo permitieron.
En marzo de 2008, los trabajadores mineros quisieron retomar la mina y se produjo otro enfrentamiento con la Policía.
Otro caso en La Paz ocurrió en la mina Himalaya. Los comunarios de Hussi y Chotacollo ingresaron el 26 de octubre de 2007 en el centro minero que se encuentra próximo al Illimani.
Los concesionarios siguieron todas las vías legales para recuperar su inversión y obtuvieron una resolución de la Superintendencia de Minas a su favor, que no fue acatada por los campesinos. En marzo de este año, la Policía intentó retomar la propiedad, pero sólo ocasionó otro enfrentamiento.
El 9 de abril de este año, los habitantes de Teoponte y Caranavi, al norte de La Paz, tomaron los yacimientos de oro de las empresas Boliviana y Broncini, y había la amenaza de hacer lo propio con la compañía 16 de Febrero, ubicada en la zona.
La Federación Regional de Cooperativas Mineras se declaró en emergencia y anunció que recuperará su fuente laboral por la fuerza. En la mayoría de los casos el Gobierno no pudo hacer respetar la propiedad privada.
Trabajadores, en emergencia por rebaja de salarios
El secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros de Bolivia, Guido Mitma, dijo que el sector analiza declararse en emergencia ante la posición de algunas empresas mineras que pretenden imponer las diez horas de trabajo y bajar sus salarios por la caída de la producción.
Informó que con Sinchi Wayra aún no se llega a un acuerdo pues la firma quiere mantener dos horas adicionales a la labor diaria de ocho horas.
Después de la caída de los precios de los minerales ocurrida en octubre de 2008, las empresas y cooperativas bajaron sus ingresos e incluso los empleados retornaron al campo.
Los dos minerales de mayor producción en el país, el zinc y el estaño, perdieron el 50 por ciento de su valor por el descenso de las cotizaciones.
Mitma recordó que en Sinchi Wayra fueron retirados 600 trabajadores y un número desconocido en otras firmas en La Paz, Oruro y Potosí, lo que profundizó el desempleo en el sector.
Denunció que “los trabajadores mineros sufren el amedrentamiento” de los empresarios, quienes les obligan a aceptar situaciones en contra de la Ley del Trabajo para ser contratados.
Entre estas condiciones, se disminuyó el pago de los precios de contrato, es decir, los mineros reciben una remuneración por la cantidad que producen, cuanto más mineral explotan más reciben.
Sin embargo, Mitma reveló que la extracción de mineral está a la baja porque las empresas dejaron de proveer los insumos necesarios.
La Prensa buscó al Presidente de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin), quien no pudo ser contactado. También se consultó a la Asociación de la Minería Mediana, pero en su oficina informaron que su principal ejecutivo estaba de viaje.
El martes 12 de mayo, los trabajadores de la mina Porco en Oruro marcharon como una señal de protesta en contra de los ejecutivos de Sinchi Wayra, con quienes negocian sus salarios.
Inversiones
El Mutún es la más grande inversión en explotación de hierro entregada a Jindal.
En Corocoro, el Gobierno tiene una avance del 90 por ciento para extraer cobre.
En Uyuni se desarrolla el proyecto de litio que aún no tiene inversores asegurados.
La Cámara Nacional de Minería, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y la minería chica preparan una norma alternativa a la propuesta del Órgano Ejecutivo.
El director de Minería del Ministerio del área, Freddy Beltrán, informó a La Prensa que junto a las organizaciones de las comunidades y los pueblos originarios se discute un reglamento de consulta pública que reconozca los derechos que tienen ambos sectores para aprobar una operación minera.
Esto para que las operaciones mineras no generen contaminación en sus actividades rutinarias como la agricultura.
“Los pueblos originarios y las comunidades no tienen derecho a veto, tienen derecho a consulta, y es el propio Estado el que, en casos de discrepancia, debe decidir”.
El ex ministro de Minería Jorge Espinoza explicó que normalmente las comunidades permiten que ingresen las empresas a hacer exploración, pero cuando el proyecto está listo para la explotación buscan beneficiarse con puestos de trabajo y la producción.
La consulta, opinó, les dará más fundamentos para continuar con los avasallamientos y no habrá más inyección de capitales en la actividad extractiva.
Aseguró que en la actualidad no hay otras inversiones aparte de las comprometidas en el proyecto siderúrgico de El Mutún, Corocoro y el litio, lo que no cambiará si el Gobierno no otorga seguridad jurídica a las empresas y devuelve las concesiones mineras a su dueños.
Beltrán declaró que este proyecto forma parte de “una nueva Ley Minera que se compatibilizará con la actual Constitución Política del Estado (CPE) que incluirá el tema de los avasallamientos”.
Añadió que “en su redacción (estará presente) la necesidad de preservar la actividad (minera) que, como la CPE dice, va a tener actividad privada, estatal y del sector cooperativo”.
En la Cámara Nacional de Minería (Canalmin) anunciaron que también prepararán una propuesta de norma que permita garantizar la seguridad jurídica para sus inversiones.
Antecedentes
El martes 12, los comunarios del ayllu Chayantaka, en Potosí, obligaron a la empresa Nueva Vista a firmar un documento para abandonar la mina, luego, en una asamblea dieron un plazo de 24 horas para que deje de operar en la región.
El conflicto también ocurrió en la mina aurífera de Amayapampa. Al mismo tiempo, la red Erbol informó que los pobladores de la provincia Camacho, del departamento de La Paz, retuvieron maquinaria pesada de una compañía aurífera que opera en la región porque la empresa, de la que no se menciona el nombre, contaminaría el río Suchez, que desemboca en el lago Titicaca, con el mercurio que usan para extraer y explotar oro.
Hasta el año pasado, Fencomin registró más de 30 conflictos mineros, de los que 18 correspondían a avasallamientos.
Ahora la cifra es mayor porque a partir de la aprobación de la nueva Carta Magna, las comunidades y pueblos se basan en el artículo 30 (Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos) para llevar a cabo estos actos.
El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, Guido Mitma, explicó que en las minas se presentan dos clases de conflictos, la obrera, por mejorar la situación laboral, y otra entre mineros y comunarios.
Explicó que en el segundo caso a veces el enfrentamiento es entre los mismos comunarios, pues el minero pertenece al pueblo, pero dijo que el objetivo es tener un empleo.
Es decir, lo que buscan es que la empresa minera otorgue trabajo a toda la comunidad y que no sólo se beneficie un grupo. La solución para este sector es que el Gobierno trabaje en políticas para incrementar el empleo.
Otras tomas
Además de los dos conflictos recientes, también existen otros antecedentes, los más relevantes fueron el de la mina Santa María, ocurrida en agosto de 2007, cuando la propiedad de la Sociedad Minera del Centro (Somicen) fue avasallada por comunarios de Yunguma, que se encuentra en la provincia Bolívar de Cochabamba.
La compañía pretendía explotar el yacimiento con ex cooperativistas mineros en un contrato de riesgo compartido y los comunarios no lo permitieron.
En marzo de 2008, los trabajadores mineros quisieron retomar la mina y se produjo otro enfrentamiento con la Policía.
Otro caso en La Paz ocurrió en la mina Himalaya. Los comunarios de Hussi y Chotacollo ingresaron el 26 de octubre de 2007 en el centro minero que se encuentra próximo al Illimani.
Los concesionarios siguieron todas las vías legales para recuperar su inversión y obtuvieron una resolución de la Superintendencia de Minas a su favor, que no fue acatada por los campesinos. En marzo de este año, la Policía intentó retomar la propiedad, pero sólo ocasionó otro enfrentamiento.
El 9 de abril de este año, los habitantes de Teoponte y Caranavi, al norte de La Paz, tomaron los yacimientos de oro de las empresas Boliviana y Broncini, y había la amenaza de hacer lo propio con la compañía 16 de Febrero, ubicada en la zona.
La Federación Regional de Cooperativas Mineras se declaró en emergencia y anunció que recuperará su fuente laboral por la fuerza. En la mayoría de los casos el Gobierno no pudo hacer respetar la propiedad privada.
Trabajadores, en emergencia por rebaja de salarios
El secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros de Bolivia, Guido Mitma, dijo que el sector analiza declararse en emergencia ante la posición de algunas empresas mineras que pretenden imponer las diez horas de trabajo y bajar sus salarios por la caída de la producción.
Informó que con Sinchi Wayra aún no se llega a un acuerdo pues la firma quiere mantener dos horas adicionales a la labor diaria de ocho horas.
Después de la caída de los precios de los minerales ocurrida en octubre de 2008, las empresas y cooperativas bajaron sus ingresos e incluso los empleados retornaron al campo.
Los dos minerales de mayor producción en el país, el zinc y el estaño, perdieron el 50 por ciento de su valor por el descenso de las cotizaciones.
Mitma recordó que en Sinchi Wayra fueron retirados 600 trabajadores y un número desconocido en otras firmas en La Paz, Oruro y Potosí, lo que profundizó el desempleo en el sector.
Denunció que “los trabajadores mineros sufren el amedrentamiento” de los empresarios, quienes les obligan a aceptar situaciones en contra de la Ley del Trabajo para ser contratados.
Entre estas condiciones, se disminuyó el pago de los precios de contrato, es decir, los mineros reciben una remuneración por la cantidad que producen, cuanto más mineral explotan más reciben.
Sin embargo, Mitma reveló que la extracción de mineral está a la baja porque las empresas dejaron de proveer los insumos necesarios.
La Prensa buscó al Presidente de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin), quien no pudo ser contactado. También se consultó a la Asociación de la Minería Mediana, pero en su oficina informaron que su principal ejecutivo estaba de viaje.
El martes 12 de mayo, los trabajadores de la mina Porco en Oruro marcharon como una señal de protesta en contra de los ejecutivos de Sinchi Wayra, con quienes negocian sus salarios.
Inversiones
El Mutún es la más grande inversión en explotación de hierro entregada a Jindal.
En Corocoro, el Gobierno tiene una avance del 90 por ciento para extraer cobre.
En Uyuni se desarrolla el proyecto de litio que aún no tiene inversores asegurados.
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