“La minería chica del país ha sido relegada a segundo plano por el hecho de ser una actividad privada de operaciones mineras en pequeña escala” resaltó el reelecto presidente de la Cámara Departamental de Minería, Dr. Gonzalo Quintela Gómez quien además mencionó que en otras partes del mundo la minería chica recibe apoyo, incentivos y protección por su labor directa en la reducción de los índices de pobreza y marginalidad.
Se ratifica que en Bolivia el sector carece de apoyo gubernamental y de manera contraria a los incentivos se ha creado un ambiente jurídico y social de incertidumbre, al extremo que el sub sector (minería chica) se reduce en número quedando aquellos que todavía confían en que el gobierno evite el colapso dictando medidas urgentes para su reactivación.
La Nueva Constitución
El Dr. Gonzalo Quintela se refirió también al análisis de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) con la finalidad de despejar dudas sobre la vigencia del Derecho Concesionario Minero, cuestionado a niveles de Gobierno, debatido políticamente y sostenido en su aplicación por el sector minero, en especial `por la minería chica.
La observación se resume en lo siguiente: Vigencia del Derecho Concesionario Minero.- El art. 349 de la NCPE dispone: “Los recursos naturales son propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. II.- El Estado reconocerá, respetará y otorgará DERECHOS PROPIETARIOS individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES”.
Desde el momento de que el precepto constitucional declara: Reconocer, respetar y otorgar derechos propietarios sobre otros recursos naturales, por supuesto a través del Estado que actúa como administrador, a nuestro juicio encontramos similitud en sus alcances con el art. 136 de la Constitución abrogada que imponía: “Son de dominio originario del Estado, el suelo y subsuelo con todas sus riquezas naturales. II.- La Ley establecerá las condiciones de este dominio, así como las de su concesión y adjudicación a los particulares”.
El planteamiento de la Cámara de Minería de Oruro, a través del discurso de su presidente el Dr. Quintela se refiere también al esclarecimiento en el significado de Derecho Minero y Contrato Minero, mencionando que: El art 370 de la Constitución aprobada dispone: “El Estado concederá DERECHOS MINEROS en toda la cadena productiva, SUSCRIBIRA CONTRATOS MINEROS con personas individuales y colectivas, previo cumplimiento de las normas establecidas por ley”.
Una serie de observaciones a los artículos referidos a los contratos y las concesiones conduce a establecer la existencia de una “franca contradicción al citado art 370 disponiendo: “Las concesiones mineras otorgadas a las empresas nacionales y extranjeras con anterioridad a la promulgación de la presente constitución, en el plazo de un año, deberán adecuarse a ésta, a través de los contratos mineros”.
Infracciones
Con el numeral III de la disposición octava quedan infringidas las siguientes determinaciones constitucionales: El art 308 “Que reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, garantizando la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales, que será regulada por la Ley”. El art 56 que garantiza EL DERECHO a la propiedad privada individual y colectiva. A parte de estas infracciones, el numeral III dispone en el fondo la reversión implícita de las concesiones mineras, importando ello una verdadera confiscación.
Varias otras consideraciones demuestran las contradicciones en lo que atañe a los derechos que reclaman los mineros privados chicos para poder encarar proyectos que sean garantizados y que no signifiquen contravenciones con las leyes vigentes, además que puedan acceder a incentivos financieros como debería corresponder con cualquier sistema productivo.
La minería chica demanda del Gobierno reglas claras para garantizar las operaciones mineras en el país.
La minería chica demanda del Gobierno reglas claras para garantizar las operaciones mineras en el país.
Nuevo Código de Minería
Las contradicciones anotadas y existentes en la actual Constitución demandan del Órgano Legislativo Plurinacional a elegirse en diciembre próximo la elaboración de un proyecto de reforma al Código de Minería, consensuado con el sector minero a objeto de establecer con claridad la vigencia y los alcances del derecho concesionario minero, que a nuestro criterio son instituciones completamente diferentes, que políticamente y con intenciones de confundir se pretende revertir las concesiones sustituyéndolas por contratos a suscribirse con la Comibol.
Una valiente convocatoria
En una fase de conclusiones la Cámara de Minería de Oruro convoca al sector minero del país, integrado por las minerías mediana, chica y cooperativa al verificativo de un Congreso Minero Nacional que estudie y analice a través de una comisión especial la vigente CPE y sobre esos estudios se elabore un proyecto de Reforma al Código Minero, explícito en sus partes sustantiva y adjetiva. El proyecto de reforma se presentará al Ministerio de Minería a objeto de consensuar su contenido y considerar las observaciones que pueda formular el Gobierno Nacional. Finalmente ese documento será elevado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación y sanción respectiva y la promulgación del poder Ejecutivo.
Los mineros chicos de Oruro consideran que con esta contribución la Minería tendrá una Ley explícita y sencilla que le permitirá seguir manteniendo sus operaciones con garantía y seguridad jurídica.
La Empresa Privada
En el acto de posesión del nuevo directorio de la Cámara de Minería de Oruro, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Oruro, Ing. Luis Ramiro García resaltó que “la minería que se constituye en sostén de la economía nacional y tributa al igual que el sector privado es uno de los pilares de la libre empresa y está presente en el desarrollo departamental constituyéndose en firme guardián de la generación de empleos pese a las adversidades de la coyuntura actual por la nueva normativa vigente que pone en riesgo la inversión ante la ausencia de seguridad jurídica para los industriales mineros .
El ejecutivo del empresariado exhortó a los mineros privados a seguir trabajando en defensa de los derechos de los concesionarios y la inversión en operaciones mineras para impulsar el desarrollo económico departamental.
Se ratifica que en Bolivia el sector carece de apoyo gubernamental y de manera contraria a los incentivos se ha creado un ambiente jurídico y social de incertidumbre, al extremo que el sub sector (minería chica) se reduce en número quedando aquellos que todavía confían en que el gobierno evite el colapso dictando medidas urgentes para su reactivación.
La Nueva Constitución
El Dr. Gonzalo Quintela se refirió también al análisis de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) con la finalidad de despejar dudas sobre la vigencia del Derecho Concesionario Minero, cuestionado a niveles de Gobierno, debatido políticamente y sostenido en su aplicación por el sector minero, en especial `por la minería chica.
La observación se resume en lo siguiente: Vigencia del Derecho Concesionario Minero.- El art. 349 de la NCPE dispone: “Los recursos naturales son propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. II.- El Estado reconocerá, respetará y otorgará DERECHOS PROPIETARIOS individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento SOBRE OTROS RECURSOS NATURALES”.
Desde el momento de que el precepto constitucional declara: Reconocer, respetar y otorgar derechos propietarios sobre otros recursos naturales, por supuesto a través del Estado que actúa como administrador, a nuestro juicio encontramos similitud en sus alcances con el art. 136 de la Constitución abrogada que imponía: “Son de dominio originario del Estado, el suelo y subsuelo con todas sus riquezas naturales. II.- La Ley establecerá las condiciones de este dominio, así como las de su concesión y adjudicación a los particulares”.
El planteamiento de la Cámara de Minería de Oruro, a través del discurso de su presidente el Dr. Quintela se refiere también al esclarecimiento en el significado de Derecho Minero y Contrato Minero, mencionando que: El art 370 de la Constitución aprobada dispone: “El Estado concederá DERECHOS MINEROS en toda la cadena productiva, SUSCRIBIRA CONTRATOS MINEROS con personas individuales y colectivas, previo cumplimiento de las normas establecidas por ley”.
Una serie de observaciones a los artículos referidos a los contratos y las concesiones conduce a establecer la existencia de una “franca contradicción al citado art 370 disponiendo: “Las concesiones mineras otorgadas a las empresas nacionales y extranjeras con anterioridad a la promulgación de la presente constitución, en el plazo de un año, deberán adecuarse a ésta, a través de los contratos mineros”.
Infracciones
Con el numeral III de la disposición octava quedan infringidas las siguientes determinaciones constitucionales: El art 308 “Que reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, garantizando la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales, que será regulada por la Ley”. El art 56 que garantiza EL DERECHO a la propiedad privada individual y colectiva. A parte de estas infracciones, el numeral III dispone en el fondo la reversión implícita de las concesiones mineras, importando ello una verdadera confiscación.
Varias otras consideraciones demuestran las contradicciones en lo que atañe a los derechos que reclaman los mineros privados chicos para poder encarar proyectos que sean garantizados y que no signifiquen contravenciones con las leyes vigentes, además que puedan acceder a incentivos financieros como debería corresponder con cualquier sistema productivo.
La minería chica demanda del Gobierno reglas claras para garantizar las operaciones mineras en el país.
La minería chica demanda del Gobierno reglas claras para garantizar las operaciones mineras en el país.
Nuevo Código de Minería
Las contradicciones anotadas y existentes en la actual Constitución demandan del Órgano Legislativo Plurinacional a elegirse en diciembre próximo la elaboración de un proyecto de reforma al Código de Minería, consensuado con el sector minero a objeto de establecer con claridad la vigencia y los alcances del derecho concesionario minero, que a nuestro criterio son instituciones completamente diferentes, que políticamente y con intenciones de confundir se pretende revertir las concesiones sustituyéndolas por contratos a suscribirse con la Comibol.
Una valiente convocatoria
En una fase de conclusiones la Cámara de Minería de Oruro convoca al sector minero del país, integrado por las minerías mediana, chica y cooperativa al verificativo de un Congreso Minero Nacional que estudie y analice a través de una comisión especial la vigente CPE y sobre esos estudios se elabore un proyecto de Reforma al Código Minero, explícito en sus partes sustantiva y adjetiva. El proyecto de reforma se presentará al Ministerio de Minería a objeto de consensuar su contenido y considerar las observaciones que pueda formular el Gobierno Nacional. Finalmente ese documento será elevado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación y sanción respectiva y la promulgación del poder Ejecutivo.
Los mineros chicos de Oruro consideran que con esta contribución la Minería tendrá una Ley explícita y sencilla que le permitirá seguir manteniendo sus operaciones con garantía y seguridad jurídica.
La Empresa Privada
En el acto de posesión del nuevo directorio de la Cámara de Minería de Oruro, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Oruro, Ing. Luis Ramiro García resaltó que “la minería que se constituye en sostén de la economía nacional y tributa al igual que el sector privado es uno de los pilares de la libre empresa y está presente en el desarrollo departamental constituyéndose en firme guardián de la generación de empleos pese a las adversidades de la coyuntura actual por la nueva normativa vigente que pone en riesgo la inversión ante la ausencia de seguridad jurídica para los industriales mineros .
El ejecutivo del empresariado exhortó a los mineros privados a seguir trabajando en defensa de los derechos de los concesionarios y la inversión en operaciones mineras para impulsar el desarrollo económico departamental.
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