Pobladores del ayllu Chayantakas, perteneciente al municipio de Chayanta (Potosí), obligaron al director ejecutivo de la empresa australiana Republic Gold, John Kelly, a firmar un documento en el que se compromete a abandonar su concesión minera en la región de Amayapampa.
“Ha sido un documento que ha firmado bajo una presión absolutamente extrema, con amenaza a su vida”, informó ayer la representante de la empresa en Bolivia, Esther Jitón, en contacto telefónico con La Razón.
Precisó que el hecho ocurrió el lunes, en predios de la Alcaldía de Chayanta, cuando Kelly asistió a una reunión a la que fue convocado para explicar los beneficios del proyecto minero.
Según Jitón, el inmueble fue rodeado por unas 300 personas, mientras que, dentro, el ejecutivo era presionado por 30 autoridades originarias del ayllu.
La reactivación del proyecto minero en Amayapampa se ha topado con esta oposición desde el 2004, cuando la concesionaria del yacimiento de oro era la canadiense Luzón Minerals Ltda, que luego fue reemplazada por la empresa Nueva Vista.
Jitón explicó que el 2008, Republic Gold compró Nueva Vista e inició el proceso de consulta social a las comunidades aledañas para emprender el proyecto.
“Vamos a organizar una consulta pública que establece la norma”, dijo a La Razón el ministro de Minería, Luis Alberto Echazú. Sobre el documento firmado en Chayanta, señaló que “nada que sea contra la voluntad de uno tiene validez legal”.
Indicó que primero se debe determinar el área de la consulta, es decir, hasta 2,5 kilómetros del perímetro de la concesión. Agregó que los siguientes pasos son que la empresa explique el proyecto y se decidan las preguntas que serán respondidas por los pobladores en formularios.
Jitón dijo que “hay mucha falta de información sobre el proyecto”, porque los campesinos argumentan que la empresa causa daño ambiental y evita el pago de regalías, cuando ni siquiera empezó a producir mineral.
Acotó que la inversión ejecutada en exploración asciende a $us 14 millones. “Vamos a seguir adelante y el ministerio nos ha dicho que vamos a seguir con el proceso de consulta, porque la mayoría está de acuerdo”.
La operación
Personal • La representante de la empresa concesionaria, Esther Jitón, informó que la compañía cuenta a la fecha con 256 trabajadores, pertenecientes en su mayoría a las comunidades aledañas a la mina.
Contaminación • Indicó que el daño ambiental al que se refiere el ayllu Chayantakas es producto de actividades mineras anteriores a la llegada de Republic Gold o causadas por las que se realizan ilícitamente.
“Ha sido un documento que ha firmado bajo una presión absolutamente extrema, con amenaza a su vida”, informó ayer la representante de la empresa en Bolivia, Esther Jitón, en contacto telefónico con La Razón.
Precisó que el hecho ocurrió el lunes, en predios de la Alcaldía de Chayanta, cuando Kelly asistió a una reunión a la que fue convocado para explicar los beneficios del proyecto minero.
Según Jitón, el inmueble fue rodeado por unas 300 personas, mientras que, dentro, el ejecutivo era presionado por 30 autoridades originarias del ayllu.
La reactivación del proyecto minero en Amayapampa se ha topado con esta oposición desde el 2004, cuando la concesionaria del yacimiento de oro era la canadiense Luzón Minerals Ltda, que luego fue reemplazada por la empresa Nueva Vista.
Jitón explicó que el 2008, Republic Gold compró Nueva Vista e inició el proceso de consulta social a las comunidades aledañas para emprender el proyecto.
“Vamos a organizar una consulta pública que establece la norma”, dijo a La Razón el ministro de Minería, Luis Alberto Echazú. Sobre el documento firmado en Chayanta, señaló que “nada que sea contra la voluntad de uno tiene validez legal”.
Indicó que primero se debe determinar el área de la consulta, es decir, hasta 2,5 kilómetros del perímetro de la concesión. Agregó que los siguientes pasos son que la empresa explique el proyecto y se decidan las preguntas que serán respondidas por los pobladores en formularios.
Jitón dijo que “hay mucha falta de información sobre el proyecto”, porque los campesinos argumentan que la empresa causa daño ambiental y evita el pago de regalías, cuando ni siquiera empezó a producir mineral.
Acotó que la inversión ejecutada en exploración asciende a $us 14 millones. “Vamos a seguir adelante y el ministerio nos ha dicho que vamos a seguir con el proceso de consulta, porque la mayoría está de acuerdo”.
La operación
Personal • La representante de la empresa concesionaria, Esther Jitón, informó que la compañía cuenta a la fecha con 256 trabajadores, pertenecientes en su mayoría a las comunidades aledañas a la mina.
Contaminación • Indicó que el daño ambiental al que se refiere el ayllu Chayantakas es producto de actividades mineras anteriores a la llegada de Republic Gold o causadas por las que se realizan ilícitamente.
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