Más de 2.000 mineros de Sinchi Wayra, universitarios y trabajadoras en salud que llevan tres días de marcha desde Caracollo (Oruro) hasta Patacamaya aseguran que “sea como sea” llegarán a La Paz en “un día estratégico”. La protesta busca frenar las diez horas de trabajo a las que son sometidos, además de recuperar los precios de los contratos por producción y solucionar los avasallamientos de los comunarios a las minas.
La Prensa llegó ayer hasta la localidad de Sica Sica (a dos horas de La Paz) para dialogar con los obreros del subsuelo.
Contaron que Sinchi Wayra amenazó con la quiebra si no se elevan las horas laborales. En Porco, una de las minas administradas por la compañía, la producción cayó de 41.000 toneladas finas al mes a 35.000.
La protesta partió el lunes 18 de mayo de Caracollo, camino a Oruro, a las 08.00. Ayer salieron de Lahuachaca a las 07.00 y arribaron a las 11.00, cerca del mediodía, a Sica Sica. Se retomó la caminata dos horas después con el objetivo de llegar a Patacamaya al anochecer (a 109 kilómetros de La Paz).
Aunque los dirigentes prefieren no anunciar el día que arribarán a la sede del Gobierno, los marchistas de base esperan ingresar “masivamente” el lunes 25 de mayo, con el apoyo de todos los trabajadores mineros, incluidos los que desempeñan labores en la estatal Huanuni.
A la cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y los sindicatos regionales, la columna avanza por un carril de la carretera internacional La Paz-Oruro sin interrumpir totalmente el tráfico vehicular.
A los empleados de las minas Porco (cerca de 400 mineros), Colquiri, San Silvestre, Bolívar, Poopó, Totoral, que pertenecen a la empresa Sinchi Wayra, con la que se tiene el principal conflicto, se sumaron los mineros que aún pertenecen a la empresa que operaba Himalaya, tomada por los campesinos; 18 mujeres de la Universidad Nacional Siglo XX y trabajadoras del Hospital Santa Rosa de Porco.
Cuatro enfermeras de la Caja Nacional de Salud de Oruro auxiliaron a los marchistas durante la jornada, quienes atendieron resfríos, curaciones de ampollas en los pies y dolores de cabeza.
El secretario general de la FSTMB, Guido Mitma, reclamó que por la falta de políticas de empleo, los mineros deben someterse a las imposiciones de empresarios que vulneran los contratos de trabajo, “esclavizando” a los empleados para abaratar costos.
Explicó que el salario base es de 2.400 bolivianos, pero existe un contrato que se paga por la cantidad de producción, a mayor resultado, más alta la paga. “Es de acuerdo con el sacrificio que realiza el trabajador en interior mina”. Gerardo Cruz, minero de Porco, sostuvo que según el cálculo que le hicieron al negociar su contrato, ganaría 3.000 bolivianos o más, pero sólo cobró 600 bolivianos.
Reconoció que esta situación se debe a una baja en la producción por la falta de insumos que antes entregaba la empresa “pero que ahora hacen faltar”.
Julio Tórrez, de la mina San Lorenzo, añadió que el pago prácticamente es por jornal, pues sólo se reconoce el contrato por mineral extraído.
Así también lo explica Germán Paniagua, quien contó que en la mina Colquiri no se afectaron aún los salarios, pero la empresa quiere imponer las diez horas laborales en contra de la ley.
Los mineros que dialogaron con La Prensa revelaron que en interior mina, es decir en el subsuelo, de donde se extrae el mineral, el lugar es húmedo y frío, con mucho polvo, que se produce cuando se perfora la roca, lo que provoca cansancio rápido que no deja producir más a pesar de que se trabaje diez horas.
Contaron que en un encuentro hace dos semanas con los empresarios de Sinchi Wayra, les dijeron que retornar a las ocho horas de producción llevaría a la compañía a la quiebra.
Paniagua aseguró que por día en Colquiri se producen 1.300 toneladas de concentrados de estaño, que es menor al año pasado, pues faltan explosivos.
Mineros de Porco reconocieron la baja en la producción del mineral (zinc y estaño) fino, de 41.000 toneladas finas que se lograban el año pasado, ahora el promedio es de 35.000 toneladas.
Evo se solidariza con la marcha
El Gobierno de Evo Morales se solidarizó con los mineros de Sinchi Wayra que marchan por la carretera a Oruro hacia La Paz en rechazo a la explotación laboral y el avasallamiento de minas por parte de lugareños en varios puntos del país.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán, afirmó: “Nosotros queremos brindar nuestra solidaridad a los mineros de Sinchi Wayra que piden respeto a la jornada laboral de ocho horas establecida en la Ley General del Trabajo”. Sin embargo, planteó su preocupación por el uso excesivo de fulminantes de dinamita, por lo que exhortó al sector a que se desarme. La marcha puede arribar a La Paz el lunes 25.
El secretario de Organización de la COB, Ramiro Leaño, recordó que la movilización es en contra de los empresarios privados. Pidió, además, al Gobierno “que venga y hable con la columna vertebral de la COB” sobre la estabilidad laboral de los mineros.
Los hechos
En diciembre, la empresa Sinchi Wayra empezó a enviar cartas de preaviso de despido.
El 24 de ese mes, los mineros de Porco protestaron en Potosí y tomaron instituciones.
En enero, el Gobierno, los mineros y la empresa firmaron un pacto para detener los despidos.
La Prensa llegó ayer hasta la localidad de Sica Sica (a dos horas de La Paz) para dialogar con los obreros del subsuelo.
Contaron que Sinchi Wayra amenazó con la quiebra si no se elevan las horas laborales. En Porco, una de las minas administradas por la compañía, la producción cayó de 41.000 toneladas finas al mes a 35.000.
La protesta partió el lunes 18 de mayo de Caracollo, camino a Oruro, a las 08.00. Ayer salieron de Lahuachaca a las 07.00 y arribaron a las 11.00, cerca del mediodía, a Sica Sica. Se retomó la caminata dos horas después con el objetivo de llegar a Patacamaya al anochecer (a 109 kilómetros de La Paz).
Aunque los dirigentes prefieren no anunciar el día que arribarán a la sede del Gobierno, los marchistas de base esperan ingresar “masivamente” el lunes 25 de mayo, con el apoyo de todos los trabajadores mineros, incluidos los que desempeñan labores en la estatal Huanuni.
A la cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y los sindicatos regionales, la columna avanza por un carril de la carretera internacional La Paz-Oruro sin interrumpir totalmente el tráfico vehicular.
A los empleados de las minas Porco (cerca de 400 mineros), Colquiri, San Silvestre, Bolívar, Poopó, Totoral, que pertenecen a la empresa Sinchi Wayra, con la que se tiene el principal conflicto, se sumaron los mineros que aún pertenecen a la empresa que operaba Himalaya, tomada por los campesinos; 18 mujeres de la Universidad Nacional Siglo XX y trabajadoras del Hospital Santa Rosa de Porco.
Cuatro enfermeras de la Caja Nacional de Salud de Oruro auxiliaron a los marchistas durante la jornada, quienes atendieron resfríos, curaciones de ampollas en los pies y dolores de cabeza.
El secretario general de la FSTMB, Guido Mitma, reclamó que por la falta de políticas de empleo, los mineros deben someterse a las imposiciones de empresarios que vulneran los contratos de trabajo, “esclavizando” a los empleados para abaratar costos.
Explicó que el salario base es de 2.400 bolivianos, pero existe un contrato que se paga por la cantidad de producción, a mayor resultado, más alta la paga. “Es de acuerdo con el sacrificio que realiza el trabajador en interior mina”. Gerardo Cruz, minero de Porco, sostuvo que según el cálculo que le hicieron al negociar su contrato, ganaría 3.000 bolivianos o más, pero sólo cobró 600 bolivianos.
Reconoció que esta situación se debe a una baja en la producción por la falta de insumos que antes entregaba la empresa “pero que ahora hacen faltar”.
Julio Tórrez, de la mina San Lorenzo, añadió que el pago prácticamente es por jornal, pues sólo se reconoce el contrato por mineral extraído.
Así también lo explica Germán Paniagua, quien contó que en la mina Colquiri no se afectaron aún los salarios, pero la empresa quiere imponer las diez horas laborales en contra de la ley.
Los mineros que dialogaron con La Prensa revelaron que en interior mina, es decir en el subsuelo, de donde se extrae el mineral, el lugar es húmedo y frío, con mucho polvo, que se produce cuando se perfora la roca, lo que provoca cansancio rápido que no deja producir más a pesar de que se trabaje diez horas.
Contaron que en un encuentro hace dos semanas con los empresarios de Sinchi Wayra, les dijeron que retornar a las ocho horas de producción llevaría a la compañía a la quiebra.
Paniagua aseguró que por día en Colquiri se producen 1.300 toneladas de concentrados de estaño, que es menor al año pasado, pues faltan explosivos.
Mineros de Porco reconocieron la baja en la producción del mineral (zinc y estaño) fino, de 41.000 toneladas finas que se lograban el año pasado, ahora el promedio es de 35.000 toneladas.
Evo se solidariza con la marcha
El Gobierno de Evo Morales se solidarizó con los mineros de Sinchi Wayra que marchan por la carretera a Oruro hacia La Paz en rechazo a la explotación laboral y el avasallamiento de minas por parte de lugareños en varios puntos del país.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Marcos Farfán, afirmó: “Nosotros queremos brindar nuestra solidaridad a los mineros de Sinchi Wayra que piden respeto a la jornada laboral de ocho horas establecida en la Ley General del Trabajo”. Sin embargo, planteó su preocupación por el uso excesivo de fulminantes de dinamita, por lo que exhortó al sector a que se desarme. La marcha puede arribar a La Paz el lunes 25.
El secretario de Organización de la COB, Ramiro Leaño, recordó que la movilización es en contra de los empresarios privados. Pidió, además, al Gobierno “que venga y hable con la columna vertebral de la COB” sobre la estabilidad laboral de los mineros.
Los hechos
En diciembre, la empresa Sinchi Wayra empezó a enviar cartas de preaviso de despido.
El 24 de ese mes, los mineros de Porco protestaron en Potosí y tomaron instituciones.
En enero, el Gobierno, los mineros y la empresa firmaron un pacto para detener los despidos.
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