El ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, conminó ayer a la empresa india Jindal Steel Bolivia (JSB) a decidir si optará por la vía de las demandas legales o se inclinará por las negociaciones en el marco del contrato. En el primer caso, anunció que Bolivia está dispuesta a ir a los tribunales arbitrales, donde demandará una indemnización de 800 millones de dólares.
La autoridad minera informó ayer que su despacho envió una misiva a Jindal en la que le demanda “explicitar” si ha decidido conciliar con el Gobierno de Bolivia o romper el contrato al ingresar en los tribunales judiciales.
La Jindal presentó, se conoció el martes, un amparo constitucional en contra del cobro de los 18 millones de dólares de las boletas de garantía, porque lo considera ilegal. Pero simultáneamente, el superintendente de Jindal, René Soria Galvarro, anunció su intención de continuar con el contrato y con las inversiones en el cerro del Mutún.
Para Pimentel, ésta es una posición ambivalente, pues por un lado la compañía solicita conciliación y por el otro va a juicio.
La autoridad señaló que en el segundo caso Bolivia demandará una indemnización por daños y perjuicios al Estado por un valor de 800 millones de dólares. Explicó que ese monto, que no es definitivo, resulta de sumar los 600 millones de dólares de la inversión prometida por la empresa india en los dos primeros años del contrato y los 200 millones de dólares que se estimaba como ganancia anual para el Estado.
La Prensa intentó sin éxito contactarse con los representantes de Jindal.
Para recuperar los 18 millones de dólares de las boletas de garantía ejecutadas por el Gobierno, la Jindal interpuso inicialmente un recurso precautorio ante un juzgado de Santa Cruz, pero como no logró frenar el cobro, presentó un amparo constitucional.
El Gobierno ejecutó ese dinero porque las garantías no fueron renovadas en el plazo establecido. La Jindal no invirtió los 600 millones de dólares anunciados para los dos primeros años y se negó a cancelar el derecho de explotación anticipada.
Pimentel recordó el martes que si la Jindal quiere continuar, debe pagar otras boletas de garantía.
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Conflicto
La Jindal comprometió una inversión de 2.100 millones de dólares para explotar el yacimiento de hierro del Mutún.
El primer año debía invertir 600 millones de dólares, pero no lo hizo, según la empresa, porque no le entregaron toda la tierra.
Se quejó porque no le entregaron 1.500 hectáreas sobre las cuales debía operar. El Gobierno aseguró que sí cumplió.
El Gobierno decidió ejecutar las dos boletas de garantía (18 millones de dólares) porque éstas no fueron renovadas a tiempo.
La empresa india amenazó con plantear un arbitraje internacional si no se le devolvía el monto ejecutado.
No obstante, expresó que desea continuar con el proyecto, para lo cual aseguró que tiene respaldo económico de su matriz.
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