Decretazo. El Gobierno recuperó ayer para el Estado la fundidora de antimonio de Vinto, en el departamento de Oruro, que está en completo estado de abandono. Además, anunció que en este caso no se pagará ninguna indemnización o compensación a la ex administradora: la suiza Glencore.
El anuncio fue realizado un día después de la nacionalización de las generadoras de electricidad Guaracachi, Corani y Valle Hermoso, además de la distribuidora Empresa de Luz y Fuerza Cochabamba (ELFEC), que afectó a capitales de compañías de Francia y Gran Bretaña.
El ministro de la Presidencia, Óscar Coca, fue el encargado de brindar la información en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, oportunidad en la que aseguró que la planta de Vinto está desmantelada y fuera de funcionamiento debido a la ausencia de inversiones.
La fundidora revertida al Estado era administrada por la suiza Glencore, la cual también tenía a su cargo hasta 2007 la Empresa Metalúrgica Vinto, que fue igualmente estatizada por el Gobierno y por cuya acción el Estado afronta una demanda judicial internacional; aunque se abrió un proceso de negociación.
La Empresa de Vinto fue nacionalizada el 9 de febrero de 2007, con la toma del complejo ubicado a 7,5 kilómetros de la ciudad de Oruro. Al mediodía de esa jornada, el presidente Evo Morales y otras autoridades gubernamentales ingresaron en las instalaciones con el apoyo de efectivos de las Fuerzas Armadas.
La metalúrgica fue adquirida por la firma suiza tres años antes a la empresa Comsur, que perteneció al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, actualmente autoexiliado en Estados Unidos.
El ministro de Minería, José Pimentel, aseguró ayer a La Prensa que “no pensamos saldar nada” con la estatización de la fundidora de antimonio porque se evidenció incumplimiento en inversiones, producción y fuentes de trabajo por parte de Glencore. Adelantó que en caso de que la transnacional demande al Estado, “no hay temor”, porque carece de argumentos sólidos que respalden esa posible acción.
Pimentel anunció que luego de una evaluación y estudio técnico se definirá el monto de inversión que se precisará para hacer funcionar la planta, como también el tipo de proyecto que se encarará en el área; aunque el objetivo del Gobierno es “modernizarla y reactivarla”.
Informó que la negociación con Glencore para la transformación de los contratos de Porco, Bolívar y Colquiri, hacia otros de riesgo compartido y con participación estatal, está paralizada porque no hubo respuesta de la empresa suiza en cuanto a los montos de inversión que realizará para mantener sus operaciones. “Esperamos que esta decisión acelere la definición sobre este problema”.
La autoridad aseguró que por el momento no hay otras firmas en la mira para revertir sus acciones; sin embargo, a partir de la aprobación y vigencia de la nueva ley minera, no se permitirá la existencia de “concesiones ociosas”.
La redacción de esta norma comenzará en los siguientes días con la participación de los sectores involucrados en el rubro, la que también regulará tributos al margen de contratos, y subsanará la ausencia de declaración de inversiones.
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