En un país en el que todas las potencialidades deberían ser impulsadas hacia una activa productividad, no se pueden discriminar los recursos del Estado sólo para favorecer ciertos sectores y dejar de lado otros que igualmente necesitan recursos para mejorar sus índices de producción.
En el caso de la actividad minera se observa con preocupación la disponibilidad de recursos para apoyar a las cooperativas mineras, organizaciones también privadas por su carácter asociativo solidario y que están conformadas en su mayoría por ex trabajadores mineros asalariados que explotan yacimientos de la Comibol o algunas concesiones privadas, pero de manera general sólo en la fase de extracción de minerales y ahora para su venta directa a través de una comercializadora que también la administran y que acopiará toda su producción para tratarla en un ingenio que mejorará la Ley de los minerales antes de su exportación.
Se trata de ventajas muy concretas para un sector evidentemente mayoritario, pero no único en el proceso de orden productivo del sistema minero nacional, pues hay otro subsectores como la minería mediana, que si bien canaliza sus actividades mediante fuertes inversiones, en su mayoría externas, queda la minería llamada “chica” que tiene importantes índices de producción, que tributa al Estado, sostiene miles de fuentes de empleo y que lamentablemente no puede avanzar en la proyección que quisieran sus impulsores por la falta de incentivos financieros, créditos a largo plazo, facilidades del propio Estado para mejorar sus operaciones e incluso sus ingenios privados, lo que permitiría un mejor aprovechamiento del poder productivo minero en su generalidad.
La minería chica insiste en la reposición del Banco Minero, institución que en sus mejores épocas reemplazo las operaciones de la banca comercial o los apoyos gubernamentales, permitiendo una activa labor de los mineros privados que expandieron sus operaciones, cumpliendo inclusive con una fase muy importante como la exploración de yacimientos etapa que requiere de un soporte especial, en tanto se habiliten las nuevas operaciones y se recuperen las inversiones.
La minería obliga a fuertes inversiones y prolongado periodo de preparación antes de la fase misma de explotación, consiguientemente se trata de un soporte que sólo puede habilitarse a través de un ente financiero, o como en el caso de los cooperativistas mineros, por medio de un fondo sostenido por el Gobierno.
El Ministerio de Minería, con todos los antecedentes en la mesa sobre el tema de la producción minera en general, debería estructurar una política inclusiva de todos los sectores como el estatal, los medianos, chicos y cooperativizados de manera tal que la minería globalmente tratada, sea rendidora en su efecto estrictamente rentable para nutrir las arcas del Estado, favorecer el desarrollo de las regiones a través de las regalías que generen los emprendimientos mineros –chicos o grandes– y competir con los países vecinos en la captación de inversiones para asegurar los macro proyectos del hierro, el litio y el uranio y en otros niveles los minerales tradicionales.
El Estado boliviano debe impulsar de manera general la minería nacional.
En el caso de la actividad minera se observa con preocupación la disponibilidad de recursos para apoyar a las cooperativas mineras, organizaciones también privadas por su carácter asociativo solidario y que están conformadas en su mayoría por ex trabajadores mineros asalariados que explotan yacimientos de la Comibol o algunas concesiones privadas, pero de manera general sólo en la fase de extracción de minerales y ahora para su venta directa a través de una comercializadora que también la administran y que acopiará toda su producción para tratarla en un ingenio que mejorará la Ley de los minerales antes de su exportación.
Se trata de ventajas muy concretas para un sector evidentemente mayoritario, pero no único en el proceso de orden productivo del sistema minero nacional, pues hay otro subsectores como la minería mediana, que si bien canaliza sus actividades mediante fuertes inversiones, en su mayoría externas, queda la minería llamada “chica” que tiene importantes índices de producción, que tributa al Estado, sostiene miles de fuentes de empleo y que lamentablemente no puede avanzar en la proyección que quisieran sus impulsores por la falta de incentivos financieros, créditos a largo plazo, facilidades del propio Estado para mejorar sus operaciones e incluso sus ingenios privados, lo que permitiría un mejor aprovechamiento del poder productivo minero en su generalidad.
La minería chica insiste en la reposición del Banco Minero, institución que en sus mejores épocas reemplazo las operaciones de la banca comercial o los apoyos gubernamentales, permitiendo una activa labor de los mineros privados que expandieron sus operaciones, cumpliendo inclusive con una fase muy importante como la exploración de yacimientos etapa que requiere de un soporte especial, en tanto se habiliten las nuevas operaciones y se recuperen las inversiones.
La minería obliga a fuertes inversiones y prolongado periodo de preparación antes de la fase misma de explotación, consiguientemente se trata de un soporte que sólo puede habilitarse a través de un ente financiero, o como en el caso de los cooperativistas mineros, por medio de un fondo sostenido por el Gobierno.
El Ministerio de Minería, con todos los antecedentes en la mesa sobre el tema de la producción minera en general, debería estructurar una política inclusiva de todos los sectores como el estatal, los medianos, chicos y cooperativizados de manera tal que la minería globalmente tratada, sea rendidora en su efecto estrictamente rentable para nutrir las arcas del Estado, favorecer el desarrollo de las regiones a través de las regalías que generen los emprendimientos mineros –chicos o grandes– y competir con los países vecinos en la captación de inversiones para asegurar los macro proyectos del hierro, el litio y el uranio y en otros niveles los minerales tradicionales.
El Estado boliviano debe impulsar de manera general la minería nacional.
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