AUTONOMIA Y MINERIA

Una observación del proyecto de estatuto autonómico del Departamento de Oruro, muestra ciertas falencias en el establecimiento de las prioridades que deben darse a las fuentes generadoras de empleo, ingresos para el Tesoro y riqueza general, factor determinante para consolidar el proceso de la tan anhelada autonomía departamental.

Llama –poderosamente– la atención que el proyecto de estatuto autonómico de Oruro elaborado en la prefectura consigne un solo artículo destinado a la minería, cuando este rubro debería ocupar la particular atención del proceso de cambio por constituir el principal productor de divisas y empleos.

Quiénes perfilaron la redacción del estatuto en cuestión, seguramente ignoran que el principal ingreso de Oruro proviene de regalías e impuestos mineros, luego se consignan otros rubros pero en todo caso de menor cuantía frente a lo que se recauda por las operaciones de comercialización y exportación minera.

Al contrario existe una revelación en el mismo proyecto y es que minimizando el valor global de la actividad minera se maximiza lo referente a la “defensa” del medio ambiente, planteando inclusive una obligación al gobierno autónomo para que cumpla normas medioambientales.

Una verdadera inversión de valores pero entendible desde el punto de vista de quienes alentaron esa redacción que responde al criterio de “ciertos asesores” que permanentemente buscan defenestrar la actividad minera, para dar paso al cumplimiento de algunas consignas que mantienen vivas instituciones que en su momento no podrían responder a la obligación de reemplazar las fuentes de empleo y los ingresos que produce la minería de manera general.

Se aprecia también un deliberado apoyo a ciertas condiciones que si bien han sido planteadas en la nueva CPE, sobre el tema de la tierra y su propiedad todavía necesita de reflexiones, debates y aclaraciones para no interferir las propias acciones gubernamentales cuando de concesiones petroleras o mineras se trate, como ya sucedió en una jurisdicción paceña.

Si hay un proyecto de estatuto autonómico que no reconoce a la minería como el principal factor que asegure la economía departamental simple y llanamente no sirve, porque su contenido está fuera de la realidad que vive Oruro y que debe profundizar en el futuro inmediato para enfrentar su descentralización del poder central, que increíblemente seguiría beneficiándose –directamente- de las divisas que produzca la minería y que en ese caso poco servirían al distrito.

Hay que exigir una revisión total del irregular proyecto de estatuto autonómico que muy claramente responde a intereses que no son los que garanticen el futuro independiente de la administración departamental.

Finalmente es bueno señalar que al estar en vigencia la Ley del Medio Ambiente, la misma deberá cumplirse en todas sus instancias, sin necesidad de amañados subterfugios.