El Congreso de Perú ha aprobado de forma unánime la Ley de Consulta Previa que obliga al Gobierno a negociar con la población indígena cualquier medida que afecte a sus comunidades, que había sido vetada por el anterior Gobierno.
"La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente (...) su inclusión en los procesos de toma de decisiones", reza el texto de la norma.
Gracias a la nueva ley, los acuerdos a los que lleguen las autoridades y los indígenas serán vinculantes para ambas partes, por lo que su cumplimiento podrá ser exigido por las vías administrativa y judicial. En caso de no alcanzar acuerdo alguno, obligará al Gobierno a garantizar los derechos de estas comunidades.
La norma había sido aprobada por el anterior Congreso, sin embargo su aplicación permanecía paralizada debido al veto impuesto por el ex presidente Alan García, un fuerte impulsor de las inversiones privadas en minería y energía, sectores que suelen ser el origen de la mayoría de los conflictos con los indígenas.
Si bien, el nuevo Congreso, que ha dado su respaldo de forma unánime, considera que la aprobación del texto era una "deuda histórica" con las comunidades indígenas. Ahora, el presidente, Ollanta Humala deberá sancionar la ley en los próximos 15 días.
El Gobierno confía en que con este nuevo instrumento legislativo mejore la relación con estos pueblos, que en los últimos años han protagonizado numerosas protestas. La más cruenta se produjo contra un proyecto energético en la Amazonía en junio de 2009, cuando más de 30 personas murieron.
Actualmente existen más de 200 conflictos sociales latentes en Perú, concentrados mayormente en las zonas donde vive la tercera parte de la población con menos poder adquisitivo, según la oficina nacional de Derechos Humanos (Tele5). Portal Minero
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